La clase media asturiana está «desintegrada»

«La clase media está desintegrada». La Procuradora General del Principado, María Antonia Fernández Felgueroso, resumió así el sentir de todos los asistentes a la VII Jornada de Inclusión Social además de reclamar, como lleva años haciendo la Red Asturiana contra la Pobreza y la Exclusión, que «se pongan caras a las cifras. La dinámica del mercado no puede llevarse vidas por delante».

Vidas como las de 200.000 asturianos que, según el último informe oficial, se encuentran en riesgo de exclusión, ya que son 100.000 los desempleados en la región y 35.000 los hogares en los que no entra ningún ingreso. Eso ha situado a 21.000 menores bajo el umbral de la pobreza y ha llevado a 10.000 familias a subsistir, directamente, de las ayudas directas de Cáritas y Cruz Roja. Una situación «nunca vista en Asturias hasta ahora», que no tiene visos de solucionarse «porque cada vez son más los jóvenes que se encuentran en situación de pobreza».

Ese fue el mensaje de una cita en la que, ya desde hace siete años, las 26 entidades que integran la Eapn (siglas en inglés de la Red contra la Pobreza) celebran el Día Internacional contra la Pobreza y la Exclusión. Con actos vespertinos de visibilización tanto en Oviedo -en la plaza de la Gesta- como en Gijón -ante la Delegación de Hacienda-, la Red dedicó el día a analizar la situación en Asturias y poner sobre la mesa posibles soluciones.

La primera y más inmediata, según explicó el presidente de la red -y también de la Fundación Secretariado Gitano-, Víctor García, «elevar la renta mínima a 600 euros al mes, como cuantía para una vida digna», y poner en marcha el Plan de Inclusión «que en Asturias concluyó en 2011 y aún no se sabe nada del siguiente».

El guante lo recogió Clara Costales, directora general de Atención a la Dependencia, quien reconoció que «tenemos un nivel de expedientes sin tramitar intolerable», aunque recordó que el nuevo equipo de Bienestar Social lleva al frente de la consejería desde junio, «cuando encontramos paralizados 3.600 expedientes de salario social». A ellos se unen todas las revisiones, que no habían sido atendidas desde 2010.

Por ello, Clara Costales se comprometió a agilizar los plazos «hasta el punto de que estamos tramitando 550 expedientes cada mes», una cifra que se incrementará en los próximos meses, porque desde Bienestar se permitirá que los jóvenes con contratos temporales «puedan cobrar el salario social automáticamente tras concluir su contrato, sin tener que reiniciar la tramitación, como hasta ahora».

«Esto es insostenible»

No obstante, Costales no eludió que la situación «es complicada» y apuntó a posibles desencuentros «con los que estamos aquí reunidos», ya que el presupuesto de la consejería para el próximo año «será muy restrictivo». Desde las entidades sociales la contestación fue inmediata, ya que, como apuntó Paloma Gallego, secretaria general de Cáritas, «la situación es insostenible. Estamos viendo cosas que yo, por apuntar mi experiencia personal, no he visto en los 22 años que llevo de voluntaria en Cáritas».

Víctor García reiteró que los recortes «no pueden aplicarse en políticas sociales» ya que son precisamente las entidades sociales las que «estamos cubriendo las lagunas de la Administración».