El PP de Carreño propone un «IBI social» para las rentas más bajas

El PP de Carreño propone la inclusión de un Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) Social en el presupuesto de 2013. Esta iniciativa -que ya se viene aplicando en algunos municipios del país, como Madrid y Guadalajara, y ha sido propuesta por el PP de Avilés y Gijón- consiste en planificar una serie de subvenciones para ayudar al contribuyente con menores recursos a pagar el impuesto municipal «más gravoso», el que más gasto genera. Según indica la formación política, la proposición contó el año pasado con el apoyo de la mayoría absoluta del Pleno: PP, Foro, IU, UICA, CA-UN y PCPE, si bien el PSOE optó por no incluirla en el presupuesto municipal de 2012, recordó el portavoz del PP, José Ramón Fernández.

La primera de las condiciones que deben reunir los contribuyentes para optar a las ayudas es estar empadronados en el municipio y, después, que formen parte de unidades familiares, entendiendo por tales las definidas en la Ley del Principado del Salario Social Básico. Esto es, que carezcan de recursos económicos suficientes para hacer frente al pago del IBI, tomando como referencia el salario mínimo interprofesional. Así, los porcentajes que plantea para optar a esta ayuda son del 100% en el caso de que los ingresos anuales inferiores sean inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI). Del 75%, para aquellos que sean iguales o inferiores en 1,05 veces el SMI; del 50%, para aquellos que sean iguales o inferiores en una 1,10 veces el SMI, y del 25% para los equivalentes o inferiores en 1,15 veces el SMI. Para el resto, propone la congelación del IBI y un sistema que permita el pago fraccionado.

En cuanto al impuesto de vehículos de tracción mecánica, el PP propone que se congele y, dentro de este tributo, plantea también una bonificación del 50% para los titulares de turismos eléctricos o que utilicen combustibles no contaminantes.

En lo que respecta al impuesto de plusvalía o incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, los populares defienden su congelación y una bonificación del 50% a favor de las construcciones, instalaciones u obras referentes a las viviendas de protección oficial.

Dentro del apartado de tasas, Fernández adelantó dos medidas concretas que seguirán reclamando. La primera, la supresión de la tasa por apertura de establecimientos. La razón obedece a que «en un concejo que tiene un elevado número de parados en el sector servicios, deben adoptarse medidas de apoyo a los emprendedores». Así, con la supresión propuesta, el Ayuntamiento dejaría de cobrar esta tasa a «aquellos pequeños empresarios que quieren establecer su negocio en el municipio con la apertura de un establecimiento destinado a llevar a cabo una actividad económica». En este marco, subraya que «el equipo de gobierno sigue sin adaptar sus ordenanzas a la legislación estatal que establece la eliminación de la exigencia de la licencia para poner en marcha la inmensa mayoría de los negocios privados».

Sustitución de Cogersa

Asimismo, en relación con el precio del servicio de recogida de basuras, el Partido Popular solicita que, para reducir los costes, se sustituya la adjudicación directa a Cogersa por la licitación del servicio. De este modo, dice, «podrán concurrir todas aquellas empresas que cumplan los requisitos y deseen mejorar la oferta por su prestación».

En cuanto a la tasa por el servicio de abastecimiento de agua, apuestan por reducir de 30 a 20 metros cúbicos el mínimo de consumo necesario trimestral en la tarifa correspondiente a los domicilios particulares. Por último, respecto a los precios públicos, para los populares es razonable partir del incremento que supone aplicar el índice de precios de consumo (IPC) actual, que se sitúa en el 3,4%. Sin embargo, «en función del coste de cada uno de los servicios y teniendo en cuenta que los precios públicos gravan la prestación de servicios que no son de realización obligatoria por parte de las entidades locales», se muestran abiertos a posibles incrementos, con excepción de la ayuda a domicilio.