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GONZALO DÍAZ-RUBÍN gdrubin@elcomercio.es
Domingo, 7 de octubre 2012, 09:16
El primer día de este mes, Jovellanos XXI solicitó el concurso voluntario de acreedores ante un juzgado de Madrid alegando ser incapaz de saldar una deuda de 90 millones de euros y culpando del fracaso de la operación a los retrasos causados por las veleidades del Ayuntamiento. No cabe hablar de sorpresa. Primero, porque la sociedad había pedido primero el preconcurso, tres meses de plazo para negociar con los acreedores; pero, también porque Jovellanos XXI mantuvo conversaciones con todos los partidos con representación en la Corporación, según han confirmado varias fuentes. En los encuentros, la empresa explicó su crítica situación económica y buscó compresión para el paso que iba a dar, el concurso, y lo que vendrá a continuación.
Lo que viene a continuación es sencillo de decir y muy difícil de llevar a cabo. Si el juez acepta el concurso, el Ayuntamiento deberá iniciar la resolución del contrato firmado en 2002 y tratar de rescatar la concesión para evitar el cierre del complejo. Lo malo es que está hipotecada en 25 millones de euros, que la empresa espera recuperar. Los técnicos municipales estiman que, en principio, no habrá que pagar a la empresa de las familias Cosmen y Lago. Sería un punto de ruptura en una relación que dura una década.Cuenta un asistente a una cena informal en casa del actual alcalde y entonces concejal, Agustín Iglesias Caunedo, que este explicó el 'contrato de los palacios' y las relaciones con la empresa con lo que definió como «la teoría del salchichón». «Nosotros les dimos dos salchichones (a Jovellanos XXI) y a cambio queríamos comer una loncha de cuando en cuando, pero, entre que unas veces nos pedían que pusiéramos el pan y otras que lleváramos también el cuchillo, nada, ni una». La anécdota resume una década de cesiones a la empresa y, tal vez, explica la inicial reticencia del ahora regidor a rescatar con dinero público la concesión.
La historia es larga. En 2000, apenas un año después de inaugurar el Palacio de Congresos y Auditorio Príncipe Felipe, que a punto estuvo de ser Francisco Álvarez Cascos, Gabino de Lorenzo quiso otro más. Ofreció los solares de la estación de El Vasco y el que ocupaba el Carlos Tartiere, todavía con el Real Oviedo en Primera y dentro, para construir sendos edificios públicos: un Palacio de las Artes, para exhibir la colección Masaveu, y otro de Congresos a cambio de aprovechamientos residenciales y terciarios.
El concurso quedó desierto, pero una empresa, la entonces desconocida Jovellanos XXI, anunció que tenía un proyecto de Santiago Calatrava que para resultar viable necesitaba mayores derechos edificatorios y garantías económicas. El Ayuntamiento se apresuró a modificar el contrato.
La oposición se dividió. IU, radicalmente en contra; el PSOE, con tibieza -José Luis Marrón, gerente de la sociedad fue miembro de la ejecutiva de la AMSO, que tiene además vínculos con Sánchez y Lago- se puso a favor del de Congresos y a dudar del de las Artes.
El 9 de enero de 2002, se adjudicó el concurso a la única ofertante, la empresa de los Sánchez y Lago y los Cosmen y seis meses más tarde modificó la edificabilidad con sendos y laxos planes especiales. El Ayuntamiento aportaría 30 millones de euros en varias anualidades para una inversión global de 137,8, de los que 78,5 corresponderían al Palacio de Congresos.
Un arquitecto difícil
A partir de ahí, nada salió como estaba previsto. La empresa se comprometió a presentar los proyectos básicos en seis meses y siete más tarde los de ejecución. Nunca los hubo completos, como quedó de manifiesto en el juicio por el derrumbe, en 2006, de parte de la estructura. El Ayuntamiento acabó sencillamente aceptando la realidad que el equipo de Calatrava impuso a la empresa: que se presentasen por fases, pero sin calendario. Un complejo de más de 175.000 metros cuadrados contruidos, nunca tuvo proyecto.
Trabajar con 'Hoc Signo Vinces', el estudio que creó el valenciano para sus proyectos en Oviedo, fue, en palabras de uno de los socios de la promotora, «horrible».
La primera visita del que fuera Premio Príncipe de las Artes de 1991 al Ayuntamiento de la mano de los empresarios es ilustrativa. El portavoz de IU, Roberto Sánchez Ramos, recuerda como Calatrava «habló de la 'tremenda ilusión' que le hacía un 'proyecto único' por tratarse de una colaboración público-privada». Sin embargo, cuando se le preguntó por los plazos «se fue por los cerros de Úbeda durante media hora».
En la última, en 2007, el arquitecto hizo palidecer al patriarca de los Cosmen, cuando bajo la cúpula de costillas, con la estructura casi concluida, dijo: «Aquí vendrían bien unos palcos, os mando un dibujo». Un dibujo, como las acuarelas que se despachó en una insólita rueda de prensa, para explicar la fachada móvil del complejo de El Vasco con la que quería destacar la torre de la Catedral. De aquella, el Ayuntamiento se apresuró a enmarcar las dos 'obras' que estuvieron colgadas en las dependencias de Prensa hasta su reciente reforma.
Eran acuarelas, pero la mayor parte de la dirección de obra se hizo por fax. «Nos mandaban planos de estructuras que no sabíamos cómo ejecutar y acabábamos intercambiando faxes con aclaraciones durante días», explica, con fastidio, el responsable de una de las contratas de la obra.
Con tan frágiles mimbres, el cesto acabó rompiendo. El presupuesto inicial de ejecución material de 78,5 millones de euros, ha multiplicado por cinco veces esa cifra. La inversión final, según el gerente, José Luis Marrón, ha ascendido a 350 millones de euros, en medio de la peor crisis financiera de los últimos 80 años.
¿Cómo sostuvo Jovellanos XXI unas obras con semejantes sobrecostes? Gracias a las administraciones. La popular de Gabino de Lorenzo en el Ayuntamiento y la socialista de Vicente Álvarez Areces en el Principado.
En 2003, Gabino de Lorenzo tuvo otra idea o dos. Primero renunció al Palacio de las Artes para parir uno municipal, ascendido luego a nuevo Ayuntamiento. En lo sustancial, nada cambió pero la modificación dio pie a la empresa a denunciar, en 2005, que el Ayuntamiento no había abonado ni un euro de las anualidades comprometidas (curiosamente, sin que Intervención dijese nada) y que los cambios de diseño -adjuntó una factura de Calatrava de 1,2 millones de euros por los nuevos bocetos- le habían supuesto nuevos costes insumibles. Como alternativa, planteó modificar el contrato. Lo logró. Los aparcamientos bajo ambas parcelas pasaron a ser privados, se eliminó el centro social en Buenavista, se abrió la puerta a la venta de El Vasco, al final por 6 millones de euros, y, además, se eliminó de la ficha la prohibición de instalar galerías comerciales, una nueva ventaja que el Ayuntamiento tasó en solo 2,4 millones.
El centro comercial era, en teoría, imposible. El Principado mantenía, en defensa del pequeño comercio, una moratoria en la instalación de nuevos grandes superficies. La suspensión de licencias se levantó en agosto del año siguiente para permitir una galería de tiendas con 52.000 metros cuadrados. El proyecto básico, todavía de Calatrava, estaba hecho ya tres meses antes.
El centro abrió como Espacio Bunavista. Fue la primera parte del complejo en estar terminada. La primera que no firmó Santiago Calatrava, si no Pablo Reinares (hijo del concejal de Economía) y Jovellanos XXI la vendió por 130 millones de euros a Multidevelopment. Casi dos años después, el Principado hechó otra mano con los casi 58 millones que pagó por las oficinas de las alas del complejo. La operación tuvo consecuencias. Situó al borde de la quiebra a Sedes, usada como intermediaria; privó a la ciudad de cuatro solares de equipamientos (las dos consejerías dejadas vacías en General Elorza, el del CPR de San Lázaro y aún otro en La Florida), que fueron convenientemente recalificados para vivienda por el Ayuntamiento. Además, precipitó la crisis entre el PCA e IU, que desde el Gobierno regional no frenó la operación.
Insuficiente
Ni siquiera todo este baile cuadró las cuentas para los empresarios. De ahí, aquellas tres torres de 142 metros que abrazó con entusiasmo el concejal de Urbanismo, Alberto Mortera, luego desautorizado por el alcalde. Una de ellas, confirma una fuente del equipo de gobierno, «estaba vendida sobre plano para un hotel». Es el último plano firmado por Calatrava y la marcha atrás del alcalde en 2008, colocó en un brete la operación justo cuando la economía empezaba a detenerse en seco.
La salida para la empresa la ofreció Paloma Sainz. La entonces portavoz del PSOE y Alfredo Carreño participaron en una reunión en la sede de la Presidencia del Principado junto a los promotores. De allí, salió con «una idea», según dijo: El Vasco podría albergar un Palacio de Justicia. Al día siguiente, hubo fotos sobre el solar, aplausos unánimes y «un protocolo de intenciones futuras» por el que la empresa construía el edificio por 90 millones, ya sin Calatrava, y lo alquilaba al Principado por 190. La diferencia se aproxima, no por casualidad, según una fuente municipal, a la cifra del concurso.
Sin embargo, entonces fue IU, fuera del Ejecutivo tras las elecciones de 2007, la que tumbó el acuerdo en Bruselas. El dictamen de la Comisión tuvo consecuencias inmediatas: las obras en Buenavista prácticamente se paralizaron. Solo en 2010, después de que el Ayuntamiento autorizase a Jovellanos XXI a hipotecar la concesión en 30 millones de euros, los trabajos cogieron un nuevo impulso.
Desde entonces, la empresa deshace posiciones. «Preparaba su salida», opina un técnico municipal. El año pasado traspasó a Vasco XXI sus terrenos y la actividad en El Vasco, donde edifica viviendas con proyecto de Pablo Reinares. En las cuentas del ejercicio, figuran ventas por 23 millones de euros. Según denuncia Ipezsa, contratista a la que Jovellanos XXI adeuda unos 7,5 millones, los empresarios habrían vendido también a otras sociedades del grupo el hotel y el aparcamiento de Buenavista.
Este verano, solicitó la devolución del aval pese a haber sido incapaz de ejecutar la visera móvil. «Tampoco ha podido levantar la garantía aún», explica una fuente del equipo de gobierno. Para recuperar el depósito de 8 millones de euros, tiene que formalizar otro de 1,3 «que no ha hecho».
Concurso y liquidación
La duda es si las administraciones volverán a salir al rescate de la empresa a través de la recuperación de la concesión. Fuentes del equipo de gobierno consideran «dañino» que el Palacio -«motor económico» y «apuesta estratégica» de la ciudad, según lo definió De Lorenzo-, que tenía confirmados ya para el próximo año seis grandes eventos, pueda cerrar. Pero la respuesta, de momento es «no». «Conviene esperar, la situación no es sencilla y puede complicarse aún más en los tribunales», dice la misma fuente.
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