La nueva Ley de Costas indulta a las casas del litoral con una concesión por otros 75 años

Transigir con lo ya hecho y cerrar la puerta a que se repita. Es el espíritu de la nueva Ley de Costas, cuyo anteproyecto aprobó ayer el Consejo de Ministros. El documento aspira a sustituir la norma vigente, de 1988, y que «ha tolerado resultados inaceptables medioambientalmente», censura el nuevo texto. «Ha sido la fuerza con la que el tiempo se impone y consolida situaciones, la que exige someter a aquel régimen a una profunda revisión», justifica el anteproyecto remitido a las Cortes para su debate.

La Ley de Costas aún en vigor delimitó la zona de dominio público marítimo-terrestre del litoral. Los propietarios de las zonas allí edificadas con anterioridad perdieron la titularidad de las mismas, que pasó al Estado, aunque se estableció una concesión de 30 años -hasta sesenta si contaban con una sentencia judicial que mostrara su propiedad- como justiprecio. Los primeros permisos caducaban en 2018, fecha en la que deberían ser demolidas 1.100 viviendas. Ahora se amplía el plazo 75 años más a partir de esa fecha.

La reforma, de la que depende el futuro de centenares de viviendas en Asturias, permite además la transmisión de los inmuebles a los deudos o la venta a otros particulares, operaciones hasta ahora prohibidas.

Las reformas de los inmuebles quedan permitidas siempre que no aumenten la volumetría de la construcción y permitan aumentar su eficiencia energética. Los particulares disponían además de un periodo de un año para regularizar su situación y formalizar en el Registro de la Propiedad la situación de deslinde, tiempo que ahora se amplía a cuatro «teniendo en cuenta las dificultades que puedan tener los extranjeros». Para reforzar la seguridad jurídica, la web del Ministerio de Medio Ambiente dará publicidad a las zonas deslindadas.

Entre los cambios figura también el de permitir publicidad en las playas «siempre que sea parte integrante o acompañe a actividades permitidas en el dominio público». Hasta ahora los anuncios estaban vetados en cualquier circunstancia. La modificación será de interés para quienes regentan 'chiringuitos' y otras instalaciones de playa. Frente al permiso anual que ahora debían renovar, las nuevas concesiones a la actividad serán ahora por cuatro años.

Hasta aquí la seguridad para las situaciones consolidadas, pero ¿dónde reside la prevención ante el futuro? Pues, entre otros cambios, en reforzar las atribuciones del delegado del Gobierno, que podrá «suspender en vía administrativa los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre». Así se lograría «una actuación cautelar rápida y eficaz que evite la ejecución de un acto ilegal». La reforma amnistía también a once núcleos urbanos -ninguno asturiano- que dejan de estar considerados sobre el dominio público. «La nueva normativa beneficia a quienes estaban legítimamente en la costa, pero no es una amnistía de situaciones ilegales», reivindica el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. Los ecologistas censuraron ayer duramente el giro dado.