Jovellanos XXI, camino incierto

La esperanza, dice el refrán, es lo último que se pierde. Los grupos mayoritarios de la oposición confían en que la promotora y concesionaria del Palacio de Congresos, Jovellanos XXI, puede superar el concurso de acreedores que ha solicitado ante la imposibilidad de afrontar sus deudas por importe de 90 millones de euros. La estadística aconseja no poner mucha fe en un final feliz: el 97% de las empresas que inician un proceso de concurso acaban en liquidación, según el informe elaborado por Diagonal Corporate Finance con datos de 2008 a 2011.

Pero eso es el futuro. A corto plazo, un par de semanas lo más, un juzgado de Madrid decidirá si acepta la solicitud presentada por la empresa. Es una fecha clave. Los pliegos del 'contrato de los palacios' señalan como causa de resolución la mera declaración de la empresa en «suspensión de pagos», como se llamaba entonces. ¿Qué hará el Ayuntamiento? Fuentes municipales señalaron que los técnicos lo están estudiando. Poco más pueden hacer. El Ayuntamiento ni siquiera será parte, no es acreedor, en un proceso que afecta a un equipamiento público, cuya gestión privada autorizó a hipotecar en 2010. «En esto sí que somos pioneros», bromeaba ayer un funcionario.

La Ley Concursal, promulgada en 2003, lleva dos reformas de calado en estos cuatro años de crisis, incapaz de frenar la sangría de quiebras y con múltiples críticas al papel conferido a los administradores judiciales, en parte porque sus emolumentos no dependen del resultado del concurso y tienen prioridad de cobro. «De un concurso se sale cojo o con los pies por delante», resume el mismo técnico. Solo hay dos salidas: el acuerdo con los acreedores (convenio) o la liquidación (quiebra).

El primer paso lo ha dado Jovellanos XXI y eso es importante. Al solicitar el concurso voluntario lo habitual es que el juzgado mantenga a los gestores al frente de la empresa, aunque bajo supervisión de los administradores concursales, normalmente tres, que designe. A la solicitud, la empresa ha acompañado un estado de sus cuentas para probar que está en situación de insolvencia con un agujero de 90 millones de euros. Si así lo estima el juez, declarará el concurso voluntario y nombrará administradores judiciales.

Con la publicación del acuerdo, se abre una nueva fase. Un mes de plazo para que los acreedores, los que ha reconocido la empresa en su informe y otros, puedan presentar sus derechos de cobro, sus créditos ante el juzgado. La empresa de las familias Sánchez y Lago y Cosmen admitió una deuda de 90 millones de euros al solicitar el concurso. La mayoría con bancos, pero hay otras situaciones. Ipezsa, una subcontrata de la obra del Palacio de Congresos, adelantó 9,5 millones de euros, pero solo había cobrado dos cuando dejaron de admitir los pagarés de Jovellanos XXI. Será el momento que tenga para presentarlos todos los pendientes, incluso los que vencen en 2013.

Concluido este periodo, los administradores tienen diez días para hacer público su informe en el que se recogen los créditos pendientes y los activos de la sociedad, en el que identifican el patrimonio de la empresa y determinan si ha habido operaciones fraudulentas en años anteriores. Ipezsa se plantea demandar a los administradores de Jovellanos XXI por alzamiento de bienes, al registrar el hotel y el parking de Buenavista a nombre de otras dos sociedades del mismo grupo.

Lo curioso es que la Ley Concursal quería establecer un procedimiento ágil de negociación entre deudor y acreedores, pero no ha tenido éxito. Frente a los cinco o seis meses que prevé la norma, la fase común, hasta la aprobación del convenio suele alargarse bastante más. Si vale de ejemplo Urazca, la constructora que dejó 1.500 pisos en el aire en La Manjoya, el plazo de comunicación de créditos acabó en julio de 2008, pero la propuesta de convenio no llegó hasta marzo de 2010.

Las demoras más habituales se producen en la elaboración del informe de los administradores, los 10 días pueden prorrogarse, o en la impugnación del mismo por alguno de los acreedores.

Informe y convenio

Si no hay novedades ni incidencias penales, el informe concluirá una cifra similar a la que reconoce la empresa -a expensas de créditos que dependen de decisiones judiciales, como los pleitos por el derrumbe de parte de la estructura o la expulsión de Tradehi y Augescon (UTE Buenavista)-, los citados 90 millones de euros. Y los activos de Jovellanos XXI son pocos, tras colocar el hotel y el aparcamiento: la concesión del Palacio y su participación en Vasco XXI, la sociedad que ahora promueve la operación en el solar de la antigua estación de tren. ¿Bastarán para un acuerdo de quita y espera, para que una mayoría de los acreedores acepte un convenio que puede demorarse hasta dos años?, ¿puede esperar el Ayuntamiento o debe rescatar la concesión? Si lo hace, con el dinero público Jovellanos XXI tendrá más para ofrecer a sus acreedores en el convenio. Y si no hay acuerdo, irá a liquidación, ¿quién será entonces el concesionario del Palacio de Congresos? Nadie lo sabe.