Ahorros que caen en saco roto

El engaño de las preferentes ha hecho cada vez más personas desconfíen de la situación de sus ahorros. Ese fue el caso de Inés Sáez y su hija Ana Isabel Cámara. Ambas vieron por televisión un reportaje sobre estos casos y «nos entraron las dudas», explica Ana Isabel. Ahora ella y su hermano José Manuel denuncian que el Banco Popular vendió a su madre «bonos convertibles cuando ella creía que era un plazo fijo donde depositar sus ahorros».

Ayer, estos dos hermanos se concentraron frente a la oficina del Banco Popular en la calle Severo Ochoa de Avilés para llamar la atención de los clientes del banco. «Queremos saber si hay más personas afectadas como mi madre, no nos atrevemos a decir que sea una estafa, eso debe dictaminarlo un juez, pero sí una mala información por parte de los empleados de la sucursal», afirma el hijo de la afectada. Inés Sáez, que murió el pasado mayo, dejó por escrito a sus hijos que tenía firmado con el banco un plazo fijo en el que había depositado 31.000 euros, «lo que ella nunca supo es que de ese dinero que ella ingresó apenas quedaban 10.000 euros porque había comprado acciones y no un plazo fijo», explica José Manuel Cámara.

Cuando Inés Sáez, de 76 años, acudió en octubre de 2009 a su oficina del Banco Pastor «firmó un papel conforme compraba bonos convertibles del banco, sin que el empleado le explicase en qué consistían concretamente, ella firmó eso, pero salió convencida de otra cosa», explican sus hijos. Los bonos convertibles hacen que los ahorros depositados, pasado el plazo estipulado, se conviertan en acciones del banco. «Fruto de la actividad de esas acciones mi madre llegó a perder mucho dinero sin saberlo», comentan los Cámara.

Ana Isabel acudió a la oficina de Severo Ochoa junto a su madre para informarse del producto que su madre «realmente había comprado; después de ver lo de las preferentes dudamos mucho, pero en el banco me negaron que fuera eso y me dijeron que estaba todo correcto», afirma. Aunque pasados tres días volvía a acudir al banco, esta vez sola. «En el banco me negaron el engaño hasta que mi madre murió y vimos lo que ocurría, me dijeron solamente que creían que ya lo sabíamos y echaron balones fuera echándose la culpa unos empleados a otros, sin darme explicaciones de lo que había ocurrido», explicaba ayer Ana Isabel a la puerta de la sucursal.

En la concentración también se encontraba una nieta de la afectada, quién añadió que «cuando yo acudía con ella a hacer gestiones al banco siempre se habló de plan de pensiones, ella era lo que creía que había comprado hasta el último día». Ana Isabel Cámara, clienta de la misma oficina que su madre, comenta ahora que a pesar de seguir teniendo su dinero en ese banco, «ya no confío en lo que hacen, sigo trabajando con ellos pero con desconfianza, si se lo hicieron a mi madre puede pasarle a cualquiera», explica.

Desde la familia Cámara se han empezado acciones legales para tratar este tema. «Nuestro abogado nos ha dicho que hay caso y vamos a tirar para adelante», explica José Manuel Cámara. Desde la familia se pusieron en contacto con el servicio de atención al cliente de la entidad bancaria, «desde el 31 de mayo que nos pusimos en contacto con ellos no nos contestaron hasta finales de agosto al ver que salíamos en los medios de comunicación, pero aún así se lavaron las manos y no sacamos nada en claro», comentan. El siguiente paso fue contratar a un abogado e intentar conseguir la información por otras vías. Por eso, «a través de nuestro abogado hemos intentado hablar con los servicios jurídicos del Banco Popular para que sean ellos quienes nos expliquen, pero tampoco tenemos ninguna respuesta», explican.

Al no obtener respuesta los hijos de Inés Sáez demandarán al banco. «Esperemos que así nos acaben explicando que es lo que sucedió con todo esto, no vamos a demandar al empleado, creemos que tiene que ser el banco el que responda por el trabajo que realizan sus trabajadores», afirma José Manuel Cámara. Además de reivindicar su causa con esta concentración frente a la oficina del banco, esta familia de avilesinos quiere que «si hay más afectados o personas que compraron los bonos sin saber realmente en que consistían se pongan en contacto con nosotros, así siendo un grupo mayor podremos conseguir más cosas», comenta José Manuel Cámara.