Personal de salud pública se rebela ante el decreto de Rajoy

La Salud Pública asturiana se rebela ante el decreto del Ejecutivo de Rajoy que desde mañana, 1 de septiembre, excluirá a los inmigrantes no regularizados de la atención sanitaria normalizada. 25 trabajadores de los servicios centrales de Salud Pública de la Consejería de Sanidad han firmado un manifiesto contrario al decreto 16/2012 por el cual se retirará la tarjeta sanitaria de la que hasta ahora podía disponer todo el que estuviera empadronado, incluidos los extranjeros sin permiso de residencia. El decreto, dicen, modifica el sistema basado en la universalidad y en el derecho a la salud para pasar a un modelo de aseguramiento.

El texto del escrito que se reproduce en esta página hace hincapié en la gravedad de la medida y en los efectos negativos que desde el punto de salud pública provocará el hecho de que los 'sin papeles' sólo puedan ser atendidos en urgencias. La única excepción que ha hecho el ministerio de Ana Mato son las embarazadas, los niños y el colectivo de enfermos crónicos, aunque éste último sin precisar. Entre los firmantes del manifiesto se encuentran anteriores responsables sanitarios. Es el caso de Ramón Quirós, exconsejero de Sanidad; Amelia González, exdirectora de Salud Pública, y Antonio Molejón, exgerente de Atención Primaria en Gijón.

Los firmantes se declaran «en resistencia, sosegada pero activa» ante la reforma sanitaria y anuncian que, en los que a ellos atañe, intentarán no aplicar aquellos criterios recogidos en el decreto que atenten contra derechos constitucionales y la Ley General de Salud Pública. La iniciativa de estos profesionales se suma a la emprendida en julio por la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, a la que hace pocos días se unió Médicos del Mundo.

El Gobierno de Asturias ya anunció que seguiría atendiendo a la población inmigrante afectada por el decreto aunque no ha dicho cómo. Otras seis comunidades, entre ellas Castilla y León y Galicia, confirmaron que también continuarán prestando asistencia a los 'sin papeles', aunque las dos autonomías del PP aplicarán esa norma con matices. Las otras comunidades en rebelión son las socialistas de Andalucía y País Vasco, además de Asturias , junto con Cataluña (CiU) y Canarias (CC). Navarra, por su parte, abrirá una línea de ayudas para cubrir la asistencia a quienes acrediten no poder pagarla.