La Policía detecta firmas falsas y pagos duplicados en la época de Riopedre

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía a las órdenes del juez Ángel Sorando inspeccionaron seis centros dependientes de la Consejería de Educación. Su misión era comprobar la veracidad de unos expedientes que el Principado entregó al instructor que instruye el 'caso Renedo' sobre una presunta trama de corrupción. Son papeles de la etapa en la que era consejero José Luis Iglesias Riopedre y 'su número 2', María Jesús Otero, hoy imputados. La documentación justifica abonos a Igrafo y Almacenes Pumarín S.A. (APSA) por ordenadores, mesas y otros enseres para disfrute de los centros visitados. Los agentes encontraron una realidad que no casa con lo que reflejan los expedientes oficiales.

«En algunas ocasiones se habría recibido un material del que no consta factura y existiría una factura de un material no recibido», resumen los agentes en su informe. Los policías mostraron a los directores de los centros los expedientes respondiendo éstos que «no tienen dudas en cuanto a haber firmado el recibí del material (si bien en ocasiones, pese a reconocer su firma, no reconocen haber recibido el material que consta en el listado)».

No siempre éste fue el resultado. El atestado subraya cómo «en otros expedientes [los directores] no reconocen sus firmas en los recibí del material adjudicado». Los entrevistados manifiestan además que el sello que valida la compraventa y que tiene el cuño del Principado y de su centro en realidad «es desconocido para ellos». Del dato concluye la Policía que «se reconocen como falsificados tanto los sellos como las firmas».

«En los informes existe mucho material que dicen haber suministrado por parte de la consejería y que efectivamente los centros han comprado, pero por sus medios, gastando de la asignación anual de la que disponen y teniendo factura de todo ello», relata el atestado. Los directores coinciden en que la consejería «en ese aspecto era muy rigurosa a la hora de hacer cuadrar las cuentas» y comprobar que cada colegio se gastaba sus fondos propios en lo que efectivamente decía hacerlo.

«Parece ser que este material pudiera haber sido abonado dos veces: por el propio centro que lo compró y abonó tras recibirlo, así como por la consejería que lo adjudicó y pagó a alguna de las empresas de material homologado y no fue entregado», reflejan los policías en el informe.

Los directores admiten que en ocasiones recibían material no solicitado a la consejería, pero que al mismo daban la bienvenida «habida cuenta de lo que les costaba que les suministrasen algo, así que se quedaban con ello sin protestar ni intentar cambiar nada, fuese de necesidad o no, ya que corrían el riesgo de devolverlo y que no les entregasen nada».

Las visitas tuvieron lugar en los IES de Infiesto, Cangas de Onís, Llanes, Doña Jimena de Gijón, Centro Integrado de Formación Profesional de Mantenimiento y Servicios a la Producción de Langreo (en el polígono de Valnalón) y en el telecentro de Belén de la Montaña. Los agentes llaman la atención sobre un expediente de 209.150 euros para APSA en concepto de «pupitres con ordenador integrado, ratones y cámaras web». Según el documento oficial, de este pedido una remesa valorada en 20.913,5 euros fue para el centro de Infiesto teniendo otra de 56.775,4 destino al cangués. Los responsables de ambos institutos confirmaron que «dicho material no se ha servido».

Expediente ficticio

Uno de los documentos avala compras para el Centro Cultural de Belén de la Montaña, inmueble que no existe como tal en Asturias. En el pueblo de Belén de la Montaña (Valdés), de ocho vecinos, los agentes sólo encontraron un telecentro adecuado por el Principado y sus usuarios «no reconocen haber recibido nada del material que se indica en el expediente (...) Se podría entender que este expediente es ficticio ya que no han recibido otro tipo de material que pueda equipararse a la cantidad facturada en el expediente».

Al instituto cangués los agentes llegaron con una factura que Educación emitió por unas ventanas y de su visita relatan que «parece ser que no se colocó ninguna ventana por parte de la consejería, sino que ésta libró un dinero al centro para que llevase a cabo estas obras con trabajadores de la zona (...) habiéndose fabricado las ventanas en el propio instituto por parte de los alumnos» y no por las empresas señaladas en el expediente. «En lo referente a las licencias para aplicaciones informáticas facturadas a Llanes, parece ser que no se ha instalado ninguna», agrega el informe policial.