El plan de Movilidad abre otra brecha con el Consorcio de Transportes

Es la demanda más repetida en el tomo de alegaciones del plan de Movilidad aprobado ayer por la Junta de Gobierno, pero tampoco en el texto definitivo se ha movido una coma respecto a lo anunciado por el alcalde en su toma de posesión: Oviedo no entrará en el billete único «si ello supone un quebranto para los intereses de los ciudadanos». Los técnicos municipales estiman que la integración costaría 1,8 millones de euros al año al Ayuntamiento, porque la capital es el único de los 78 concejos de Asturias que 'importa' viajeros, alrededor de un millón.

Pero el Consorcio de Transportes no está de acuerdo. Considera que en los cálculos «se plantean cifras absolutamente incoherentes y sin ningún rigor, porque no se basa en un supuesto de negociación concreto y se sustenta en estimaciones desproporcionadas de difícil defensa», expone el director general, Juan Carlos González Lozano, en un escrito de alegaciones al plan de Movilidad. De este, no solo descree de las cifras, sino que pone en duda su validez porque, al no contar con la participación del consorcio en su elaboración, incumple la obligación de ser coherente con la Estrategia Española de Movilidad Sostenible.

Y esto merece un inciso. Lo de hacer un plan de Movilidad no es graciable, sino una obligación de la Ley de Economía Sostenible, aquella que, según Zapatero, iba a cambiar el «modelo productivo» de este país. Si no se cuenta con uno aprobado antes de julio, el Estado no paga la subvención al transporte. Así que cuando González Lozano concluye su escrito diciendo que de no tenerse en cuenta al consorcio, éste «se reservará el ejercicio de las actuaciones pertinentes» suena a amenaza.

Números

El concejal de Transportes, Gerardo Antuña, replicó ayer que para poner en duda las cifras de los técnicos municipales «habría que ofrecer otras alternativas y no solo descalificarlas». No cerró, sin embargo, la puerta a las negociaciones con el Consorcio de Transporte: «Nos podemos sentar a hablar y echar números, pero no parece apropiado que vengan riñendo sin datos propios».

Los redactores del plan son más contundentes al contestar al escrito: «El periodo de información pública permite la coordinación mediante la presentación de alegaciones, no de escritos de amenaza y reivindicaciones de carácter político». También recuerdan que el Ayuntamiento «ha mantenido múltiples reuniones con el CTA, siempre infructuosas».

«Mayoría empresarial»

El director del consorcio no sólo se queja de no haber sido llamado a negociar. Explica que existen concesiones que dependen del CTA, con el valle del Nalón, que no han sido tenidas en cuenta, tampoco los servicios interurbanos con paradas en varias zonas de Oviedo y cree que el Ayuntamiento debería haber solicitado permiso para tomar medidas que afectan a servicios que presta fuera del municipio, como las líneas 1 y 2 con Siero. Aspectos que los técnicos rechazan.

El portavoz de IU, Roberto Sánchez Ramos, se alineó con el consorcio y también dudó de la validez del plan. Ejemplificó que el documento no menciona un medio de transporte como el tren que une varias poblaciones de Oviedo y barrios con paradas urbanas. «No lo hace», sostuvo, «para no tener que 'mentar a la bicha'».

Detrás de las diferencias entre Ayuntamiento y CTA, Sánchez Ramos vio «los intereses de una familia», los Cosmen, que «tiene hegemonía empresarial en el consorcio y la concesión de Oviedo hasta 2030, ¿para qué quieren ellos más integración?». Se reafirmó en que el plan «no cumple las condiciones de la ley de Economía Sostenible, esto es un corta y pega» y anunció que su grupo presentará un recurso de reposición contra el documento.