7.000 empleos que dinamizan la economía de 60 municipios

El futuro del carbón autóctono, del sector minero español, de 7.000 personas pende de un hilo y ha puesto en pie de guerra a sindicatos, mineros y a los habitantes de las comarcas mineras conscientes más que nunca de que el cierre de las explotaciones supondría el ocaso de unos territorios -60 municipios entre Asturias, Aragón y Castilla y León- cuyo futuro sigue dependiendo de la actividad carbonera.

Tras cuatro décadas de ajuste, la extracción de hulla y antracita ya sólo emplea en la minería pública y privada asturiana a 4.000 personas, muy lejos de las 27.000 que en los 70 trabajaban en Hunosa, y tiene un aporte prácticamente testimonial en el Producto Interior Bruto (PIB) regional -un 1%-. Sin embargo, se trata de un empleo crucial por el efecto dinamizador que tiene sobre la actividad económica de los concejos mineros. Y es que a día de hoy el trabajo de la mina sigue ejerciendo sobre estos territorios, que en conjunto suman más de 281.000 habitantes, un papel vital, favoreciendo el tejido industrial y de servicios que en los últimos años se ha ido creando en torno a unas explotaciones que el año pasado produjeron 6,6 millones de toneladas de carbón. Un volumen que los defensores de la continuidad de esta actividad consideran perfectamente asumible. Hace sólo nueve años de las minas españolas se extraían 23,4 millones de toneladas al año.

Según la patronal Carbunión, un empleo directo en minería posibilita la creación de casi dos empleos de manera indirecta y hasta tres si sumamos los efectos inducidos. Alcaldes y sindicatos coinciden en que los municipios mineros no podrían soportar la hecatombe del cierre anticipado y desordenado de explotaciones al que, aseguran, les condena la decisión del Gobierno de recortar un 63% las partidas ligadas a la producción minera y que deja en papel mojado los acuerdos recogidos en el plan minero, en vigor hasta el 31 de diciembre de este año.

Se ven en un «callejón sin salida» ante el que sólo es posible «la lucha» para lograr una modificación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que contemple el dinero necesario para mantener la actividad. Por eso, tienen una fecha marcada en rojo en el calendario: el 19 de junio. Ese día, el Senado ratificará las cuentas. De ser así, supondría el punto de inflexión más importante de los últimos años, no sólo para la economía de las comarcas mineras sino, también, para las comunidades que las albergan.

En una época de profunda crisis económica, los mineros han vuelto a las barricadas, a los encierros en los pozos y a las marchas negras y mantienen desde hace veinte días una huelga indefinida en el sector ante el anuncio de nuevos recortes. Cuentan, eso sí, con el apoyo de sus vecinos. Los 281.531 habitantes de los municipios mineros de Asturias, Castilla y León y Aragón están llamados a secundar desde esta medianoche una jornada de huelga general con la que los sindicatos pretenden concienciar al Gobierno y al conjunto de la sociedad española sobre la «no vida» que aguarda a estos territorios si se acaba con el carbón. La inmensa mayoría de los comercios puede que no lleguen, ni siquiera, a abrir sus puertas y muchas empresas suspenderán su actividad. Buena parte de los ayuntamientos de las tres comunidades se han sumado a la convocatoria de huelga.

El carbón, pilar de Europa

El carbón ha tenido un papel primordial en la Comunidad Europea. No sólo fue uno de los pilares de la construcción europea (CECA, Comunidad Europea del Carbón y del Acero), sino que durante años solucionó el problema del abastecimiento energético y suscitó el interés de diferentes gobiernos por mantener su producción con el objetivo de ayudar a las economías regionales.

En los cincuenta llegó a suponer el 80% de las fuentes energéticas utilizadas en Europa, pero su desarrollo se vio frenado por la aparición del petróleo a bajo precio, la energía nuclear, el gas natural y la propia importación de ese mineral que hizo caer su competitividad y terminó relegando su papel a un segundo plano. En 1992, el 43% del carbón que se consumía en Europa ya era importado. En contra de la tendencia que se siguió en el resto del mundo, la actividad carbonera en Europa se convirtió en deficitaria y en continuo retroceso, pero el sector minero continúo existiendo gracias a las ayudas públicas.

Aunque la sentencia de muerte de esta actividad está dictada desde que la Unión Europea decidió que las ayudas públicas deben terminarse en 2018, para favorecer a energías más limpias, la decisión del Gobierno de reducir en casi dos tercios las ayudas a la explotación podría acelerar el fin de una actividad muy dependiente de la subvención con el agravante de que los intentos por encontrar otros modos de vida alternativos en las cuencas de Asturias, Aragón, León y Palencia también podrían quedar frustrados tras el fin de las ayudas.

Los sindicatos llevan semanas pidiendo al Gobierno que vuelva a abrir la negociación para poner fin a la escalada de protestas de las últimas semanas. Le acusan de «mentir» y de hacer declaraciones provocadoras con la clara intención de confundir a la opinión pública. «Si en 2012 se acaba el sector, ¿que se va a negociar para el periodo 2013- 2018?», se preguntaba el viernes el secretario general del SOMA-Fitag-UGT, José Ángel Fernández Villa, en respuesta a una supuesta llamada a la negociación del ministro de Industria, José Manuel Soria, para acordar un nuevo plan minero. Pero lo cierto es que el Gobierno que preside Mariano Rajoy ni siquiera ha accedido a explicar por qué es necesario un ajuste tan drástico en el sector y si dispone de algún plan para paliar los efectos que tendría en los territorios mineros el cierre de las minas.

Hoy quedan entre Asturias, Castilla y León y Aragón doce empresas mineras, incluida la pública Hunosa, que en Asturias sigue siendo la mayor en empleo aunque no en producción. Coto Minero del Cantábrico (Degaña) y UMINSA (Tineo y Cangas del Nancea), ambas propiedad de Victorino Alonso dan trabajo a unos 1.000 trabajadores, lejos de los casi 1.800 empleados de la empresa pública.

En Castilla y León, entre las empresas matrices y las contratas y subcontratas, la minería privada emplea a cerca de 2.100 personas y, en Aragón, a algo menos de 680 personas. Aunque la pérdida de empleo en el sector se atenuó con la entrada en vigor del Plan del Carbón 2006-12 en relación con la registrada en los años anteriores, la sangría demográfica que han venido sufriendo los territorios mineros como consecuencia del ocaso del sector minero, lejos de detenerse, ha seguido aumentando su ritmo de avance convirtiéndose en el principal obstáculo de la reindustrialización.

Sangría demográfica

La población que fueron perdiendo las comarcas mineras se fue asentando en los grandes núcleos de población como Gijón, Oviedo y Avilés y aunque las ayudas mineras favorecieron la implantación de nuevas empresas en los territorios carboneros, aún no se ha cerrado el tejido industrial y económico necesario para reemplazar a la industria minera.

En el periodo 1981-2010 la comarca del Caudal perdió 25.219 habitantes, la del Nalón 20.062 y la del Narcea, 18.314. En conjunto, la merma poblacional que han sufrido los territorios mineros asturianos se sitúa en el 25,77%, muy superior a la del conjunto regional, que fue del 4% en ese periodo. Los datos de desempleo en la zona también son desalentadores. Tras haberse reducido significativamente en el 2000, en el último trienio se han recuperado los niveles de los años 90, pero con el agravante de la pérdida de población. Con el recorte de las subvenciones, el futuro de estas comarcas y de sus vecinos es, si cabe, más incierto que nunca.