«A final de año, cuando hay superávit, se piden facturas para cubrir el presupuesto»

Tres voces han repetido el mismo relato en la sala donde el magistrado-juez Ángel Sorando interroga a los protagonistas del 'caso Renedo'. Señalan que hay gestores de lo público que, al terminar el año con presupuesto sin gastar, llaman a un proveedor de confianza para que gire facturas con las que agotar el fondo. La práctica permite al director general, funcionario o profesor 'amarrar' euros que de otro modo serían reasignados al año siguiente a otro departamento. El precio es incurrir en «una de las irregularidades más toscas que hay en el Derecho Administrativo, que es la desviación de poder; se abusa de las facultades de contratación para sacar el dinero de los controles», advierte el jurista ovetense Javier Junceda, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Internacional de Cataluña (UIC).

El empresario Maximino F. es el último que comunicó el asunto a Sorando: «Al final de año, cuando consejerías, ayuntamientos y empresas privadas tienen cierto superávit o un cierto dinero que pueden invertir (...), se pueden realizar facturas en noviembre, diciembre, para cubrir esos presupuestos porque si no caducan para el año siguiente». El dinero se cede así a un proveedor que, en el mejor de los casos, lo anota como anticipo a cuenta de pedidos que más adelante suministrará.

«Posiblemente luego, en febrero o marzo, abril, cuando se realizan [los pedidos] no van a coincidir con los conceptos que se han facturado en noviembre o diciembre», matizó. «La factura está emitida y, más o menos, con tal de que cuadren los importes, entiendo que es señal de conformidad por ambas partes», agregó.

Antes, el jurista Ignacio A. D. ya había dicho que «la mayor irregularidad entre comillas que yo pude haber oído de Igrafo es que, por ejemplo, pues una entidad tenía un presupuesto 'x' para comprar material, se acababa el año (...) e Igrafo le iba haciendo las facturas para que pudiera llegar a final de año gastando todo ese dinero porque en el presupuesto siguiente, si no, lo retiran». Es «la única irregularidad» de la que tuvo noticia aunque matiza que la empresa «servía el material» por un monto igual al cobrado.

A Víctor Muñiz Menéndez, empresario de Igrafo, se le intervino una charla, el 15 de abril de 2010, en la que abunda sobre el asunto. Habla con la secretaria del director general de Modernización, que pide saber cómo recuperar un «alto importe» entregado al final del anterior ejercicio. El hoy imputado asegura que no habrá «ningún problema» y que «tenemos muchos organismos que de vez en cuando, cuando les sobra remanente, nos dan el dinero para gastarlo». El dinero se habría depositado como crédito asignado a la dirección general: «Tú puedes cursar todos los pedidos que quieras contra esa cuenta (...) casi todos los profesores de Universidad tienen siempre alguna cuenta o remanente».

La mecánica «violenta la transparencia y control que debe imperar en la contratación pública, donde cada gasto y factura ha de tener la finalidad prevista», analiza Junceda. Según el caso, la irregularidad entraría en la calificación de «malversación, falsedad en documento público o negociaciones prohibidas», agrega. «Estamos ante una patología que no es generalizada pero tampoco excepcional» indica el jurista, quien subraya que «la Administración es una caja con muchas llaves; el funcionario y el interventor deben oponerse a estos comportamientos o incurrirían en actitud negligente».