El comité de La Vega culpa a Defensa de urdir «la desaparición» de la fábrica

El comité de empresa de la fábrica de armas de La Vega rompió ayer la tregua de las negociaciones por el cierre y traslado de las líneas de producción y trabajadores a la planta de Trubia. Y cargó directamente contra el Ministerio de Defensa y General Dynamics, a quienes acusó de «formar parte de una trama de especulación industrial perfectamente orquestada y encaminada a hacer desaparecer de Asturias el mecanizado de precisión dentro del sector de la defensa, con la consiguiente pérdida de los productos en favor, seguramente, de otras empresas instaladas en otros territorios» -en otras ocasiones hablaron de Cataluña y Francia-.

Este es el mensaje principal del documento elaborado por la plantilla, que trasladarán a los grupos políticos, las instituciones y a la ciudadanía. El objetivo, concluyó, es «que nos sigan apoyando con más fuerza aún, si cabe, en la defensa del sector».

Cuando el 11 de abril la empresa americana les comunicó su decisión de fusionar ambas factorías, los trabajadores confiaban en que el Ministerio de Defensa paralizase sus planes. Según la plantilla, es quien realmente tiene la potestad de autorizar o desautorizar aquellos movimientos que puedan suponer el «establecimiento, modificación sustancial o traslado de las fábricas de armas de guerra».

Sin embargo, casi desde el primer día, los responsables de Defensa, tanto el propio ministro, Pedro Morenés, como el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, han declarado públicamente que el cierre es una decisión «soberana» de la empresa -a quien, con el PP en el Gobierno, adjudicó el contrato de privatización en 2001- y que con la devolución de los 120.000 metros cuadrados de terreno liberados en La Vega, lo normal sería proceder a su enajenación.

Esta situación, contrapusieron desde el comité, choca con los anteriores intentos de cerrar la fábrica. En otras ocasiones, Defensa «siempre fundamentó su rechazo mediante la elaboración del informe pertinente, que examinaba la idoneidad y viabilidad del proyecto de fusión en función del grado de cumplimiento de una serie de parámetros». Entre ellos, garantizar la actividad industrial en cuanto a las líneas de productos y calidades, así como el suministro para los ejércitos españoles.

Además de adecuar perfectamente las naves de Trubia para acoger las líneas de producción de La Vega, el ministerio consideró en otras ocasiones que era fundamental que se construyera un probadero de armas para realizar las pruebas de fuego. Pero en esta ocasión, comparó el comité, General Dynamics considera que no es viable reproducir dichas galerías en la factoría trubia y prevé trasladar las pruebas de las armas ligeras y calibres medios a Palencia cuando sea necesario.

Hay más. El Estado incluso concluyó entonces que «en el momento actual no solo se considera inviable sino que atenta contra la seguridad nacional el traslado de La Vega a Trubia» siempre que no exista un estudio técnico que contemple una mudanza íntegra y que que «si lo que se desea eliminar de un plumazo es el 'know-how' adquirido durante años, entonces el traslado contribuirá a ello».

«Incoherentes actitudes»

Pero el comité presidido por el ugetista Mariano Fernández Hevia no solo habló ayer de las «incoherentes actitudes» de Morenés y Argüelles, sino también de las del actual consejero delegado de General Dynamics, Ignacio Villar Turrau. Durante su anterior etapa laboral, como director general de Armamento y Material, éste consideraba, aseguró ayer la plantilla, que cualquier modificación relativa a las antiguas fábricas de Santa Bárbara debía de requerir el visto bueno de Defensa.

Ahora, añadió, «no encontramos ningún apartado que haga mención a estos requisitos en la última memoria justificativa del traslado de La Vega, siendo en ambos casos el señor Villar el máximo responsable de ambos documentos».

Tras tres semanas de negociación sin éxito entre dirección y comités (tanto el de La Vega como el de Trubia se oponen el traslado), arrancó una nueva mesa de negociación entre General Dynamics y las federaciones sindicales. En principio, iba a durar hasta el 5 de junio, pero una indisposición de uno de los sindicalistas en esta última reunión obligó a aplazarlas hasta el próximo día 12. Mientras tanto, ambas partes se comprometieron a paralizar las protestas y el traslado.