Entre el modelo catalán y el de Andalucía

¿Cómo recortar 616 millones de euros? El reto al que se enfrenta Asturias no es muy diferente del que ya han encarado y superado, con mayores o menores dificultades, el resto de comunidades autónomas que aprobaron sus planes de ajuste en el Consejo de Política Fiscal de mediados de mes. La clave, en el fondo, no está tanto en la cifra en sí como en la forma de meter la tijera. Básicamente, hay dos modelos. Cataluña abandera uno de ellos, el que incluye medidas contundentes en el capítulo sanitario, incluyendo el cierre de quirófanos y centros de salud en determinados horarios e incluso el de hospitales, y también despidos en el personal público, con los interinos como principales afectados. Andalucía, el principal bastión del PSOE y uno de sus escasos núcleos de poder autonómico, ha optado por una fórmula distinta: no tocar sanidad ni educación, manteniendo las plantillas, pero reducir los sueldos de los funcionarios y subir los impuestos como contrapartida.

Está por ver qué sucederá en Asturias, aunque de las declaraciones públicas del presidente, Javier Fernández, y también por proximidad ideológica, la lógica apunta al camino andaluz, bien con esas medidas concretas o bien con otras fórmulas alternativas. Porque si algo ha dejado claro el también secretario general de los socialistas asturianos es que el objetivo es minimizar en la medida de lo posible el impacto de los recortes sobre los servicios básicos.

La realidad es que el descomunal y multimillonario recorte requerido por el Ministerio de Hacienda ha obligado a las autonomías a tomar decisiones drásticas e impensables hace unos pocos años. Algunas comunidades, caso de Baleares, han optado de antemano por el cierre de hospitales como vía más directa de ahorro. En otros casos, como en Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana, se ha optado por introducir o profundizar en la gestión privada de los centros para abaratar costes. En Cataluña, mientras, se han cerrado quirófanos en determinados horarios y se han limitado los servicios de urgencias en algunos centros de salud, entre otras medidas.

También se ha tocado la fiscalidad. El recurso al 'céntimo sanitario', el gravamen sobre los hidrocarburos, ha sido una de las fórmulas elegidas, así como el incremento de las tasas de los transportes públicos. La rebaja del sueldo de los funcionarios también aparece en algunos planes de ajuste, caso del castellanomanchego.

La reestructuración del sector público, que en la mayoría de regiones ha crecido de forma exponencial en los últimos años, es una vía que exploran distintos gobernantes autonómicos, caso del extremeño, José Antonio Monago, o la aragonesa Luisa Fernanda Rudi que, por cierto, prevé recuperar el impuesto de Patrimonio para recaudar 30 millones más.