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L. FONSECA
Domingo, 6 de mayo 2012, 05:36
Fran entró en los locales del Comité Antisida de Asturias en Gijón con lágrimas en los ojos. Fue hace cosa de una semana. No podía creer lo que le habían contado. Alguien le dijo que desde septiembre los inmigrantes sin papeles, como es su caso, quedaban fuera del sistema sanitario. Adiós médico, pero sobre todo, adiós tratamiento contra el VIH, enfermedad contra la que lucha desde hace veinte años. «Estoy desesperado. No sé qué hacer ni a quién acudir. Sin los antirretrovirales me muero seguro», explica este venezolano de 47 años que reside en Gijón desde 2005.
Fran, que prefiere no dar más datos personales por temor a «tener todavía más problemas para encontrar trabajo», llegó a disponer de permiso de residencia. De hecho muestra con orgullo su carné de conducir, su tarjeta sanitaria y su DNI temporal, al que la Policía se apresuró en hachar por una esquina cuando su plazo legal expiró. Fran ha intentado recabar información «pero nadie me habla claro. Ni la trabajadora social ni en la Oficina del Transeúnte», a donde suele acudir a que le den las recetas para retirar su medicación, que cuesta 509,93 euros mensuales.
En Venezuela, Fran trabajaba de taxista. Decidió inmigrar en 2001 después de que en la ciudad en la que residía, Maracaibo, le asaltaran tres veces. La última «con mucha violencia». Pasó por Inglaterra y Berlín y después de muchas idas y vueltas acabó en Gijón, en casa de un amigo. Sin trabajo y 'sin papeles', Fran vive ahora en el Albergue Covadonga. «Es muy duro encontrarte así, de repente. Yo emigré en busca de una vida mejor y no me quiero dar por vencido», asegura, esperanzado. Este venezolano ha hecho todo tipo de trabajos y fue víctima también de explotación laboral. «Trabajaba de sol a sol por 400 euros al mes y sin contrato. Un abuso que no podía permitir, por respeto a mí mismo». A Fran no le gusta insultar y mantiene un discurso muy educado y contenido a tenor de la situación en la que se encuentra. Sin embargo, no duda en afirmar que «a Rajoy no le importa cuántos mueran con todo esto».
Para la presidenta del Comité Antisida de Asturias, María José Sánchez, la reforma sanitaria no sólo es un cambio del sistema de salud sino «un cambio ideológico con el que se busca acabar con los más débiles». La Red Comunitaria sobre VIH/Sida del Estado Español considera que estamos ante «una vulneración de los derechos humanos» y anuncia protestas.
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