«No se mueve, come por sonda y sólo tiene 3 horas de ayuda que pago yo»

«Estábamos en el coche para marchar a una casina que tenemos en La Ferrería, pero Marga quiso subir al piso. Y ya no bajó».

Se cumplen cuatro años desde aquel abril de 2008 en el que la vida de José Fernández y Margarita García se paró. La madre con los hijos criados y el padre jubilado que empezaban a disfrutar de su tiempo libre se convirtieron, en un segundo, en personas dependientes.

Porque Marga, con las maletas en el coche, preparada para marchar a La Ferrería, subió a casa «un momentín» al encontrarse mal. Allí, en su piso, cayó al suelo víctima de un ictus cerebral.

Ya no volvió nunca Marga a la casina de La Ferrería por su pie. Ni a su piso, en Piedras Blancas, del que se fue urgentemente en ambulancia al Hospital San Agustín y, de ahí, al HUCA, en Oviedo. Desde ese momento pasó un año intentando salvar su vida. Doce meses que finalizaron con Marga viva, pero en una silla de ruedas, con una traqueotomía para alimentarse por la garganta y con necesidad de ayuda para todo. Menos para pensar.

Por ese motivo, en 2009 solicitaron que Marga fuera valorada para acceder al sistema de prestaciones y ayudas que garantiza la Ley de la Dependencia a las personas con escasa autonomía personal. Lo solicitaron ambos, porque José, al que le falta un pie, cuatro meses después del ictus de Marga acabó, también, en una silla de ruedas.

Grado III, nivel 1

A simple vista, Marga es una gran dependiente, es decir, de grado III, algo que la Consejería de Bienestar Social no certificó hasta 2010. Sin embargo, rebajó su nivel al 1. No consideró que fuera de nivel 2, el que se otorga a quien no tiene ninguna autonomía personal. «No sabemos por qué, pero eso no fue lo peor».

Porque, tener nivel 2 o 1, al final, a Marga y a José no les importa tanto como el hecho de que, tres años después de solicitar una ayuda -cuatro desde que sufrió el ictus que la llevó a una silla de ruedas y le metió una sonda por la garganta- Marga sólo reciba tres horas de ayuda a domicilio. «Que pago yo», subraya su marido.

Porque Marga y José no tienen firmado aún el Plan Individual de Atención (PIA). El que las personas con derecho a una ayuda o una prestación con cargo a la Ley de la Dependencia firman con la Administración regional.

Es un acuerdo por el cual el Principado se compromete a ofrecer al beneficiario el servicio que desee entre una cartelera muy amplia, que incluye plaza residencia, centro de día, ayuda a domicilio (90 horas al mes), teleasistencia o una paga. En el caso de Marga, de hasta 626 euros, para pagarse un servicio si no lo hay en la red pública, o un asistente persona. O de 417 euros, si quiere que la cuide un familiar.

«Pero a nosotros aún no nos dijo nada. Antes de solicitar la ayuda, ya recibíamos una hora de ayuda a domicilio, que nos daba el Ayuntamiento de Castrillón y que también pagábamos. Ahora tenemos tres horas, por la mañana, de lunes a viernes, y nada más. Y me cuestan 80 euros al mes».

A esa cantidad, José suma los 400 euros mensuales que paga a una persona que les ayuda en casa durante cuatro horas al día, así como los 20 euros que le cuesta cada sesión de rehabilitación a la que lleva a Marga. «Nunca menos de tres a la semana».

«Amarrados a casa»

De su pensión de jubilado de Ensidesa salen, también, los 400 euros de hipoteca. Con el resto tienen que vivir él y su mujer, más dos hijos «que se han quedado en el paro. Tenemos otros dos, que trabajan, pero siempre hay que echar una mano».

Una mano que a él y a Marga no les echa la Administración. Siguen a la espera de que el Principado les diga «a qué servicios tiene derecho Marga», ya que José es consciente de que «necesita un centro de día. Ella, con fisioterapia y rehabilitación, mejoraría mucho, pero aquí estamos, amarrados a casa, donde yo hago lo que puedo. Y puedo poco».

Desde su silla de ruedas, José se encarga de alimentar a su mujer, de cuidar que no se llague su cuerpo durante la noche y de controlar su medicación. Y de estar con ella «porque Marga no puede hablar, pero lo entiende todo, lo sabe todo. Ella de cabeza está muy bien».

Y Marga ve cómo su marido se desplaza en silla de ruedas sin ayuda de nadie para asearse, ir al baño o comer, «puesto que Bienestar a mí me ha dado una valoración que dice que tengo grado I y nivel 1». Es decir, que su dependencia es está fuera del sistema de la Ley de la Dependencia. Que él no tiene derecho a ninguna ayuda. En la práctica, como Marga.