Los cambios en la ordenanza de Tráfico requerirán un periodo de sugerencias

Cuando el equipo de gobierno intentó recortar algunos servicios del transporte público especialmente deficitarios el verano pasado, tuvo que dar marcha atrás ante las protestas de la oposición. Agustín Iglesias Caunedo, entonces concejal de Coordinación, se comprometió con el resto de los grupos a no abordar cambios sin elaborar antes un Plan de Movilidad, que estudiase posibles mejoras o alternativas para el servicio. El compromiso lo mantiene como alcalde, así lo manifestó en una entrevistas con este diario, pero el documento, muy avanzado ya a finales del pasado diciembre, sigue sin aprobarse. Fuentes municipales explicaron que la inclusión de algunas modificaciones, demandadas por las asociaciones de discapacitados, retrasarán su aprobación hasta la próxima semana.

El documento, en parte, también ha sufrido demoras porque no es solo ya un estudio de alternativas de tráfico y movilidad enfocado en el transporte público. Por el camino se le han ido adosando un reglamento para los usuarios de TUA y, también, una modificación de la Ordenanza de Tráfico para regular la 'Zona 30', las cámaras de control de accesos a las calles peatonales o el autocaravanismo en el municipio. Esta parte, además, no seguirá el mismo trámite que el resto. Los cambios en la ordenanza tendrán que someterse, antes de su aprobación inicial, a un periodo de sugerencias restringido a los grupos municipales, que podría demorar unas semanas la participación ciudadana.

El Plan de Movilidad plantea mejoras en el transporte. No todas gustan. Fijar 400 metros como distancia mínima entre paradas hará desaparecer decenas de ellas en el centro, por ejemplo. La cuestión que mayor contestación ha generado es la que afecta a la supresión de algunos servicios y su sustitución, en condiciones no aclaradas, por taxis subvencionados bajo demanda.

El documento de avance concluía que el Ayuntamiento no debía integrarse en el Consorcio de Transportes sin compensaciones económicas: un 7% de los usuarios, un millón de viajes al año, dejarían de pagar el billete al proceder de otros municipios adheridos al Consorcio de Transportes de Asturias (CTA).