El Gobierno se siente legitimado por las urnas para la reforma laboral

La resaca de la primera protesta multitudinaria contra las reformas de Mariano Rajoy no ha provocado ningún dolor de cabeza en el PP, o al menos este es el mensaje que quiere transmitir el partido de puertas para afuera. María Dolores de Cospedal intentó rebajar la trascendencia de las movilizaciones contra los cambios en la legislación laboral que los sindicatos convocaron el domingo en 54 ciudades españoles. «No fue una respuesta ni mucho menos mayoritaria de la sociedad española», zanjó la secretaria general de los populares. Una contestación que repitió en varias ocasiones durante su intenso periplo por ocho medios de comunicación en una sola mañana.

Las críticas de la calle no amilanan a un Gobierno que, según Cospedal, se siente plenamente legitimado para ejecutar sus propuestas económicas. A su juicio, la mayoría absoluta que obtuvo Mariano Rajoy en las elecciones generales del pasado 20 de noviembre hacen las veces de salvoconducto, porque los ciudadanos otorgaron al presidente «un mandato reformista». Un argumento que tanto el Ejecutivo como el PP utilizan para intentar desactivar las voces de la oposición, en especial de PSOE e IU, que acusan a Rajoy de haber «engañado a los electores» por haber «escondido» planes como los de subir los impuestos o abaratar el despido.

Cospedal, al amparo de esta «legitimación», abogó por no dar ni un paso atrás y mantener «el núcleo central de la reforma» durante la tramitación parlamentaria que convertirá en una ley el decreto que aprobó el Consejo de Ministros el 10 de febrero. Una postura que, al menos en apariencia, contradice a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que animó a las organizaciones sindicales a presentar «propuestas concretas» para entablar una negociación.

A la presidenta de Castilla-La Mancha no le asusta el papel de 'poli malo', que ya le ha tocado interpretar en otras ocasiones, aunque en esta ocasión ha introducido algún matiz. En un intento por evitar que la controversia quede en una pugna entre las centrales obreras y el PP, Cospedal quiso desviar el foco hacia el PSOE.

Cargó las tintas contra la presencia en las manifestaciones del domingo de dirigentes socialistas como el exministro de Trabajo, Valeriano Gómez, o la actual portavoz del grupo parlamentario socialista, Soraya Rodríguez. Calificó de «sorprendente» que abanderen las protestas cuando son «responsables» de que en España «haya cinco millones de parados». Rajoy, durante una de sus intervenciones en el 17 congreso nacional del PP, aseveró que su compromiso «no es con ninguna clase social» y buscó la complicidad de los más desfavorecidos, de aquellas familias que no tienen ningún tipo de ingresos. Cospedal apuntaló esa idea: «El desempleo de nuestro país es una sangría y hay que poner un dique de contención». Para ello, promete que el Ejecutivo «actuará con responsabilidad», aunque reconoció que algunas decisiones no van a ser «populares». La intensa agenda mediatica de Cospedal obedeció a su reciente reelección como secretaria general del PP.

La CEOE quiere más

La reforma laboral se encamina hacia su tramitación parlamentaria, donde se puede suavizar... o endurecer. Desde la organización empresarial CEOE se ha propuesto que los parados dejen de cobrar la prestación por desempleo en el momento en que rechacen la primera oferta de un puesto de trabajo. Lo ha planteado José Luis Feito, presidente de la comisión de Economía y Política Financiera de la patronal, quien sugirió, durante su intervención en el Congreso de la Distribución en Automoción, que el rechazo a cualquier oferta de trabajo que se realice a un parado, «como si es en Laponia» sea incompatible con el cobro de la prestación.

Los empresarios tendrán ocasión de plantear estas y otras iniciativas al Gobierno y al partido que le sustenta en los próximos días. La ministra de Trabajo Fátima Báñez, que ha iniciado una ronda de contactos con los interlocutores sociales con un encuentro con la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), se ha mostrado dispuesta a hablar de todos los temas «sin exclusiones» y ha pedido a los agentes sociales que le formulen «propuestas concretas».

Tras las multitudinarias movilizaciones del pasado domingo que, según las centrales, revelan la situación de unos ciudadanos «inseguros, que no resignados», los sindicatos creen insuficiente esta oferta genérica de diálogo, e insisten en demandar al Ejecutivo la apertura de una mesa de negociación. Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, instaron al Gobierno a «leer bien» el mensaje lanzado por la ciudadanía.