El Ayuntamiento de Gijón ayudará a las prostitutas que quieran dejar la calle

El borrador de la ordenanza municipal de protección de la convivencia ciudadana plantea actuar contra la prestación de servicios sexuales en la vía pública desde dos puntos de vista: el de la protección de los menores y el de la lucha contra la explotación. Con respecto al primero, en su articulado, que será debatido mañana por los partidos políticos, vecinos y hosteleros, recoge de forma expresa la prohibición de «ofrecer, solicitar, negociar o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos en el espacio público». La principal razón de esta medida es «preservar a los menores de la exhibición» de estas prácticas, por lo que se hará especial hincapié en su prohibición cuando se lleven a cabo «en las cercanías de centros docentes o educativos».

Con la misma finalidad, sean remuneradas o no, se señala que estará «especialmente prohibido mantener relaciones sexuales» de cualquier tipo en el espacio público. Tanto en uno como en otro caso, los infractores -prostitutas, clientes o cualquier persona descubierta en pleno acto sexual en la calle, parques, playas o edificios públicos- se enfrentarán a multas de 100 a 750 euros.

En lo que respecta a la parte social, a la prevención y lucha contra la «explotación de determinados colectivos», el borrador recoge un artículo dedicado a «intervenciones específicas» ante casos de prostitución. El texto señala que «el Ayuntamiento prestará información y ayuda a todas aquellas personas que ejerzan el trabajo sexual en la ciudad y quieran abandonar su ejercicio», si bien no especifica cuáles serían las líneas a seguir en estos casos. También destaca que se «colaborará intensamente en la persecución y represión de las conductas atentatorias contra la libertad sexual de las personas que puedan cometerse en el espacio público», haciendo mención expresa de actividades como el proxenetismo «o cualquier otra forma de explotación sexual», especialmente cuando este comportamiento afecte a menores de edad.

Mendicidad

Otro delicado asunto que aborda el borrador de la ordenanza es el relativo a la mendicidad. El texto apunta que «se adoptarán todas las medidas para erradicar el fenómeno de la mendicidad en cualquiera de sus formas», si bien establece distinciones entre diferentes supuestos. Por un lado hace referencia a los casos en los que se perturbe el derecho de los ciudadanos a transitar por la ciudad sin ser molestados, y especialmente a aquellos en los que la mendicidad adopta formas «insistentes, intrusivas o agresivas» o en los que se utilice a menores «como reclamo». En este sentido, prohíbe las conductas que «bajo la apariencia de la mendicidad o bajo formas organizadas» represente actitudes «coactivas o de acoso» y también «el ofrecimiento de cualquier bien o servicio a personas que se encuentren en el interior de vehículos privados o públicos», haciendo referencia expresa a la limpieza de parabrisas de los automóviles detenidos en los semáforos o a la venta de artículos a sus conductores. También la mendicidad ejercida por menores o con el acompañamiento de menores o personas con discapacidad. Lo mismo ocurre para las conductas que obstruyan el tráfico rodado, pongan en peligro la seguridad de las personas o impidan «de manera manifiesta» el libre tránsito de las personas. Las actitudes coactivas y que supongan un obstáculo para el tráfico serán sancionadas con multas de 750 a 1.500 euros como infracciones graves, mientras que la limpieza de parabrisas o la venta de artículos en los semáforos se considerará infracción leve, castigadas con un mínimo de 100 euros y un máximo de 750. Diferente tratamiento se dará a las formas de mendicidad «que tengan raíz social». En estos casos los agentes contactarán con los servicios sociales para que les presten atención «si fuera necesario».

Reacciones dispares

Después de que el viernes el gobierno municipal les hiciera llegar el borrador de ordenanza a partir del cual se empezará a trabajar mañana, varios integrantes de la comisión creada por el área de Seguridad Ciudadana realizaron ayer sus primeras valoraciones. El concejal socialista José María Pérez aseguró que su grupo acudirá a la reunión «con la intención de que el equipo de gobierno nos explique la base que está detrás de ese texto, porque vemos cosas que entendemos que pueden tener un encaje legal más que dudoso». Hay apartados, apunta, que se refieren a comportamientos «que pueden estar ya tipificados en otra legislación, e incluso en otras ordenanzas municipales». Sin llegar a valorar el documento hasta conocer «cuáles son las razones que lo impulsan», sí critica la inclusión de elementos «que parecen más orientados a distraer a la opinión pública. Es la primera noticia que tengo de que en Gijón existe un problema de mendicidad». Respecto a las limitaciones al consumo de alcohol, señala que «tal y como está redactado, se podría multar a una familia que esté de picnic en los Pericones con una cerveza».

La concejala de IU Libertad González consideró que el contenido «es inasumible en su mayor parte» y criticó que «enmascara actitudes en contra de cosas que no son el botellón, como los grafitis o la mendicidad». Reiteró la oposición de su grupo a prohibir el botellón y del consumo de alcohol en la calle. Javier Suárez Llana, que representará en la comisión a las Juventudes Comunistas de Gijón, señaló que «la convivencia ciudadana no se puede ordenar a golpe de prohibiciones, además con un sesgo ideológico de derechas».

Desde el ámbito asociativo, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Tita Caravera, manifestó su desacuerdo con que «la primera medida sea la prohibición del botellón», y abogó por priorizar el trabajo con jóvenes y el ocio alternativo. Emmanuel Benítez-Sosa, portavoz de la Plataforma por la Convivencia, expresó su satisfacción y pidió «que se cumpla». Las asociaciones hosteleras también se mostraron de acuerdo con el contenido del borrador, si bien Óscar Gavino, de la Unión de Hosteleros, admitió la necesidad de ser «flexibles» con algunos casos.