La no declaración de BIC

La declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) sobre los terrenos y la fábrica de loza San Claudio no beneficiaba ni beneficia en nada a las personas que trabajaban en la fábrica de loza. Lo que pensamos es lo siguiente:

Si para los técnicos de Patrimonio existe alguna obra en concreto que se pueda considerar como BIC, que se restaure y se integre dentro del entorno. Había moldes, cerámicas, utensilios, etc..., que si deberían ser recogidos, clasificados y trasladados porque tienen una importancia histórica.

Los terrenos donde se asentaba deben continuar siendo calificados como terrenos industriales, y pedimos al Ayuntamiento que no recalifique los terrenos.

En la implantación de alguna empresa en los terrenos pediremos que se priorice en la contratación de las personas que trabajaban en la fabrica de loza. Actualmente tenemos muchas sin trabajo después de haber finalizado ya todas las prestaciones ,y otras en trabajos a tiempo completo o parcial, pero de una alta precariedad e inseguridad.

Si esos terrenos se venden, el dinero será gestionado por los administradores concursales y por tanto, pagará las deudas, o parte de ellas, contraídas por la empresa a proveedores, (esperamos que no a ninguna de las empresas del entramado de Álvaro Ruiz de Alda) a Fogasa, a la Agencia Tributaria, a la Seguridad Social y por tanto, paliaría algo el espolio que hizo el mencionado propietario de la empresa.

Si después de estos años he de mostrar mi sentimiento, esto a nivel personal, es de frustración e impotencia.

Frustración al ver que una empresa que podía haber seguido existiendo, que tenía una larga historia y que había sido abanderada de nuestra región en el mundo (había vajillas de fabrica de Loza San Claudio hasta en la Rusia comunista) desaparece por el expolio y la especulación de un propietario, sin preocuparse de las personas que dejaba sin trabajo y sin permitir que otras empresas o personas dieran continuidad a la empresa.

Impotencia por no poder resolver los problemas de personas que han quedado sin trabajo y sobreviven en el mejor de los casos en trabajos precarios, casi sin derechos (como la mayoría de los trabajadores actualmente) ni, a veces, condiciones aceptables.

Hay que valorar la actitud de los administradores concursales que creo que ha sido valiente y honrada, e incluso la del Juez del Mercantil número 1 de Oviedo a pesar de no estar de acuerdo en la primera extinción de contratos. Las administraciones, tanto del Principado como del Ayuntamiento, también se involucraron y apoyaron, en su medida, con la realización de informes y dando una salida digna a las personas mayores de 55 años.

Pero lo más importante son las personas que trabajaban en la fábrica que quedaron tiradas. Estamos a su lado en las dificultades y sentimos muchas veces su misma rabia e impotencia, porque ellos son los verdaderos sufridores y perjudicados del expolio que realizo el propietario Álvaro Ruiz de Alda y que yo calificaría de delincuente.