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JOSÉ ÁNGEL GARCÍA
Martes, 3 de enero 2012, 08:24
Francisco Álvarez-Cascos cree que todavía hay margen para negociar con el Gobierno central y minimizar el impacto que el ajuste planteado por el Ejecutivo central tendrá en Asturias. Un día después de atacar con dureza a Mariano Rajoy y a su plan de recorte, acusándole incluso de romper la solidaridad territorial, el presidente del Principado suavizó ayer el tono de sus reproches aunque no cambió ni un ápice el contenido de los mismos. Cascos, en declaraciones a la 'Cadena Cope', expresó su esperanza de que el nuevo presidente del Gobierno revise las decisiones incluidas en el ajuste y que afectan al Principado, correspondiendo así, dijo, al voto de confianza de Foro cuando su partido le apoyó en el debate de investidura.
Para conseguir este objetivo, Álvarez-Cascos está dispuesto a agotar todas las vías de diálogo con los responsables ministeriales, muchos de los cuales mantienen con el actual jefe del Ejecutivo una estrecha relación después de haber coincidido en el Consejo de Ministros que presidía entonces José María Aznar. Es el caso, por ejemplo, de Cristóbal Montoro. El actual titular de Hacienda es uno de los ministros con los que Cascos ha pedido reunirse de inmediato para estudiar las consecuencias que el ajuste tendrá en el Principado. «Son personas responsables», aseguró el presidente asturiano, que ha solicitado un encuentro además con el máximo responsable del área de Industria y Energía, José Manuel Soria, y con Ana Pastor, titular de Fomento, con la que también coincidió durante su etapa en el Gabinete de Aznar.
El jefe del Ejecutivo regional recordó que en el debate de investidura de Mariano Rajoy, Foro no le puso condición alguna pero sí le reclamó «respeto» hacia la región. «Le dijimos que Asturias no fuera más que otras comunidades, pero tampoco menos», advirtió.
El recorte de gasto público aprobado por el Gobierno ha sido, en opinión del presidente del Principado, «indiscriminado» al tiempo que no respeta, según su opinión, el principio constitucional de la solidaridad, «que tiene tanta importancia como el de la estabilidad presupuestaria».
Cascos incidió en que el recorte se concentra «de manera desproporcionada» en Asturias y esgrimió la eliminación de los fondos mineros, la no disponibilidad de 1.600 millones de euros del Ministerio de Fomento así como el aplazamiento hasta 2013 de las nuevas entradas de la Ley de Dependencia.
«Los recortes recaen sobre las espaldas de los asturianos en proporción cuatro veces mayor a las que correspondería basándose en un principio de proporcionalidad para justificar la solidaridad», sentenció el presidente asturiano, que planteará al Gobierno central a través de las reuniones con los ministros la necesidad de realizar una distribución territorial más justa de estos recortes. Cascos, asimismo, solicitará hoy en el Parlamento comparecer de urgencia al objeto de buscar el apoyo de los grupos de la Cámara para defender, aseguró, los intereses «suprapartidistas» de Asturias en las instancias nacionales.
Pacto en el alero
Los partidos guardan silencio al ser preguntados sobre qué actitud van a mantener acerca de la propuesta del presidente asturiano para unirse en el rechazo al plan de ajuste. El que más difícil lo tiene es el PP. Tendrá que justificar decisiones que afectan de forma objetiva al futuro de la economía asturiana como la supresión de los fondos mineros.
Su presidente, Ovidio Sánchez, de momento, se ha limitado a afirmar que las medidas aprobadas por el Ejecutivo en el Consejo de Ministros del pasado viernes «no van a afectar a los más débiles, ya que no se elimina ningún derecho social».
Contrasta su reflexión con las tesis que defiende Foro Asturias. La diputada Cristina Coto considera que no puede haber dudas sobre el efecto negativo que las medidas del Ejecutivo central tendrán en la región. A través de un comunicado, Coto aseguró que «hacer recaer el 10% del recorte de 8.900 millones de euros en el Principado supone «ensañarse con los más desfavorecidos». La parlamentaria de Foro incidió en que el reparto planteado por el Gobierno que preside Mariano Rajoy es «tremendamente insolidario».
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