«Con todo lo que luchamos, da pena que ahora San Claudio no sea BIC»

Desde que cerró la antigua fábrica de loza de San Claudio en 2009, los trabajadores despedidos de la factoría solo se llevaron dos 'alegrías'. La primera, la declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico para las instalaciones para evitar la especulación con los terrenos, y la segunda, que el Juzgado considerara que el propietario, Álvaro Ruiz de Alda, forzó la quiebra desviando fondos de unas sociedades a otras.

Sin embargo, dicha la protección se ha esfumado. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha admitido un recurso del abogado Domingo Villaamil Gómez, que forma parte de la Administración concursal, y ha denegado el BIC aprobado por la Consejería de Cultura hace dos años.

Según la sentencia, la sala presidida por Luis Querol considera que los informes que lo avalaban, enviados por la Academia de la Historia y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, carecen del suficiente fundamento y recordó que el emitido por la Universidad de Oviedo era desfavorable.

Ayer, la expresidenta del comité de empresa de la locería, María José Mon, lamentó tal decisión: «con todo lo que luchamos, da pena que ahora San Claudio no sea BIC. Lo que pretendíamos era que el dueño no diera un pelotazo como en la Bohemia de Gijón, pero se lo han puesto en bandeja». Solo esperan, continuó, que si finalmente logra sacar rédito de los terrenos, «nos indemnice con lo que nos tenía que haber indemnizado».

Desde la Federación Regional de Industria Textil, Piel, Químicas y Afines (Fiteqa), de CC OO, Ismael Muñiz, también esperó que si logra enajenarlos, el dinero «sirva para pagar a proveedores, a la Seguridad d Social o a Hacienda y el beneficio no sea para Ruiz de Alda». No entró, en cambio, a valorar la decisión de no declararlo BIC porque «son cuestiones técnicas».

Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida, Roberto Sánchez Ramos, se refirió a la decisión del Ayuntamiento de no recurrir la sentencia y limitar la protección municipal al viejo horno. «El empresario, con el aplauso del concejal de Urbanismo, Alberto Mortera, ha conseguido su objetivo: cerrar una fábrica, una actividad empresarial, y dejar paso a la especulación urbanística».

Desde que finalizó la actividad, no se ha realizado ninguna intervención en las instalaciones, que está prácticamente en estado de ruina.

Fue el Consistorio quien, a petición de los trabajadores y con el apoyo de todos los grupos, pidió a la Consejería de Cultura que protegieran las centenarias instalaciones. Hace unos días, el actual consejero de Cultura, Emilio Marcos Vallaure, ya consideró que la protección de San Claudio le parecía excesiva, por lo que todo apunta a que tampoco recurrirá dicho fallo judicial.