Los vigilantes de Villabona retuvieron a otro reo como sospechoso del crimen

Cuatro funcionarios declararon ayer ante la magistrada-juez que investiga la muerte del interno Justo P. A. en el módulo 8 de Villabona, aportando nuevos datos al caso. Uno de los vigilantes que aquel 12 de noviembre estaba trabajando en el edificio reconoció que en el momento de los hechos sí se encontraba en el patio donde se registró la paliza mortal, aunque aseguró que estaba mirando lo que ocurría en el comedor y por ello no pudo darse cuenta del origen de la agresión.

Una vez terminada ésta, y según reconocieron los funcionarios, fueron otros internos los que colocaron el cuerpo de Justo P. A. en un carro utilizado para mover comida para poder trasladarlo así al módulo de enfermería. Durante el camino, van dejando un reguero de sangre por el suelo. La víctima, que murió por la parada cardiorespiratoria que le ocasionó una fractura craneal, estaba masacrada. La primera llamada que recibiría el jefe de seguridad sobre el incidente se registra en el momento en el que el cuerpo llega ya a la enfermería, según los testigos. Cuando éste se persona en el patio del módulo 8 encuentra que en el lugar no queda ninguno de los vigilantes que ahí trabajaban y que para suplirles han llegado sus compañeros del módulo 7, que en ese momento tienen retenido a un interno como sospechoso del crimen. El auténtico autor, Jaouad B. K. 'Jomar', aprovechó la confusión para regresar a su celda, donde se le terminó localizando.

Los trabajadores de la cárcel explican que la cámara de vídeo que grabó la escena estaba conectada a un ordenador central pero no mostraba las imágenes en la garita de vigilancia. Cinco días después del suceso, y tras una investigación interna, Instituciones Penitenciarias abre expediente sancionador a un vigilante al recabar indicios de que animó el origen de la paliza.

Pese a la averiguación, no será hasta el día 22 cuando ponga el hecho en conocimiento de la magistrada-juez, que ordena de inmediato la detención del trabajador. «Es grave que hurtaran al juzgado durante cinco días esa información y que aún hoy no hayan remitido esa investigación interna», denuncia Concepción Trabado, abogada de la acusación particular.