La fiscal mantiene la petición de 10 años de inhabilitación para García

Tras tres días de interrogatorios, sentada en una silla frente al tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, la exconcejala popular de Consumo, Conchita García, sigue sin saber por qué estaba allí; por qué la Fiscalía la acusa de un delito continuado de prevaricación: «No sé por qué me sentaron en el banquillo y confío en esta sala», dijo García en el último turno de palabra antes de que el juicio quedara visto para sentencia. La exedil incluso recriminó a la fiscal del caso, en una conversación entre ambas al término de la vista oral, que hubiera llegado tan lejos en las acusaciones.

Porque quien la sentó en el banquillo de los acusados junto al que fuera director de la Oficina Municipal de Atención al Consumidor (OMIC), Alejandro Álvarez, fue el Ministerio Fiscal, que ayer en sus conclusiones se mantuvo firme: «Existen suficientes pruebas para imputar un delito continuado de prevaricación. Cuesta creer que el archivo de todas las reclamaciones de los usuarios durante tres años, unas 900 entre 2005 y 2007, no fuera intencionado y a sabiendas», sostuvo la fiscal Ana Belén Fidalgo, que elevó a definitiva su petición de diez años de inhabilitación para empleo o cargo público para cada acusado.

Sonó el golpe del mazo del juez y Fidalgo se acercó a García para aclararle que no era socialista ni militaba en el Partido Socialista. A sus oídos había llegado que la acusada estaba preguntando sobre su tendencia política. «Me da igual lo que sea. Lo que no entiendo es cómo ha podido llegar usted hasta aquí», le espetó la exconcejala.

Las defensas de García y Álvarez intentaron demostrar durante el juicio una vendetta política de la Unión de Consumidores de Asturias (UCE) contra el Ayuntamiento. « Dacio Alonso, presidente de la UCE, ha tratado de instrumentalizar a la Administración. El Ministerio Fiscal ha errado para que la UCE tenga su día de gloria y sus diez días de periódicos», subrayó el abogado de García, Ignacio Álvarez-Buylla. «Ya durante las diligencias advertí que se había buscado una víctima, el Ayuntamiento, y se necesitaban dos chivos expiatorios», apoyó el letrado de Álvarez, José Manuel Lavandera.

La actitud de la defensa fue reprendida por José Antonio Ballesteros, abogado de la UCE. «Han intentado repartir porquerías. No es cierto que la UCE dependa del PSOE. Han insinuado que Dacio Alonso vive de las subvenciones de la organización y que el proceso era una venganza por no recibir esa subvención. Es falso. La UCE es independiente».

Reprimendas políticas a un lado, los argumentos jurídicos se han centrado en tres puntos: la diferencia entre dejación de funciones y prevaricación, para la que es necesario un dolo directo, una intencionalidad; la figura del silencio administrativo que «no deja indefensos a los consumidores», según las defensas; y el conflicto de competencias en Consumo entre las Administraciones local y regional. «Los consumidores no tiene ningún perjuicio, porque aún hoy pueden recurrir en la vía administrativa. La OMIC no debía decir ni pío porque no tenía obligación de resolver en la mayoría de los casos», defendieron los letrados de los dos acusados. «No se les acusa de no sancionar sino de no instruir ni un solo expediente», contrapuso la acusación particular.

El juicio celebró ayer la última de sus cuatro sesiones y quedó visto para sentencia.