El Principado iniciará un plan de residuos que regule el uso de la incineración

El Principado licitará «en los próximos días» la asistencia técnica para la elaboración de un nuevo Plan de Residuos, norma autonómica que determina qué soluciones se pueden dar a la eliminación de basuras en Asturias. El anuncio lo hizo el propio presidente, Francisco Álvarez-Cascos, tras conocer una sentencia del Contencioso-Administrativo 1 de Oviedo que estima el recurso interpuesto por Los Verdes de Asturias. El magistrado-juez concluye que el plan de residuos aprobado en 2000, y que en principio tenía vigencia sólo hasta 2010, no recoge la incineración de residuos como método a aplicar.

Socialistas y populares lanzaron en abril del año pasado la licitación de un horno capaz de convertir en ceniza y energía eléctrica 420.000 toneladas anuales de desperdicios, en la creencia de que el plan de 2000 sí permitía esta instalación. Sostenían que la norma autonómica sí contemplaba la «valorización» de los desechos y que, en realidad, la incineradora es una instalación que hace «valorización energética». La sentencia es contundente al respecto y exige que la incineradora aparezca «de forma expresa en el plan» en caso de que el Principado apueste por ella. Hasta que este paso no se dé, la instalación carece de cobertura legal.

El fallo «le da la razón a Foro Asturias», valoró su presidente Francisco Álvarez-Cascos. El partido en el Gobierno no rechaza la incineración como solución pero viene sosteniendo que la tramitación iniciada en la pasada legislatura por socialistas y populares conculcaba la normativa. La sentencia confirma ahora que la suerte del macrohorno corresponde al Ejecutivo asturiano, cuyo jefe anunció en el discurso de investidura que «la instalación de una incineradora, con su correspondiente valorización energética, deberá cumplir con transparencia máxima tres requisitos básicos: una tramitación medioambiental rigurosa, un proyecto definido que desarrolle la tecnología más avanzada para reducir su impacto medioambiental al máximo y un soporte presupuestario plurianual que garantice la financiación adecuada».

El primer paso en este camino exige elaborar un nuevo plan autonómico que legalice y delimite el papel que ha de jugar la incineración dentro de la gestión de residuos. A este respecto, la consejera de Medio Ambiente, Isabel Marqués, confirmó que antes de que termine el año prevé «llevar al Consejo de Gobierno el expediente para licitar el contrato de redacción del nuevo plan».

Marqués es a su vez presidenta del Consorcio de gestión de residuos S.A. (Cogersa), entidad que, impulsada por socialistas y populares, inició en abril de 2010 los trámites para contratar la incineradora, desbordando así el marco autonómico en vigor. La sentencia del Contensioso-Administrativo así lo expone y otorga a Cogersa quince días para recurrir el fallo judicial, de ahí que ayer Marqués convocara de manera urgente y para los días 22 y 27 de diciembre una reunión de todos los órganos de la entidad: la comisión delegada, el consejo de administración, la junta y la asamblea, foros donde están representados todos los ayuntamientos. Aunque socialistas y populares mantienen en estos órganos una mayoría de control, no parece que el sentir inicial de las formaciones sea el de forzar que se prolongue la batalla jurídica.

A este sentido y «sin prejuzgar lo que deba hacer Cogersa», el portavoz parlamentario del Grupo Socialista, Fernando Lastra, entiende que el fallo judicial «es claro, el magistrado se estudió muy bien el asunto y aclara definitivamente la cuestión». «Nosotros pensábamos que el plan actual sí contemplaba la incineradora y por eso, como todo el mundo, creíamos que el debate era sobre si había que hacerla o no», abunda. La situación ahora creada «hace más urgente que nunca la elaboración de un nuevo plan, cuya iniciativa corresponde al Gobierno», apela Lastra. En este sentido entiende que «nosotros vamos a ser claros y animamos al resto de formaciones a que también lo sean: nuestra posición sobre el asunto es la misma y creemos que el nuevo documento debe contemplar la incineración». Lastra reconoce que la ausencia de un plan que legalice el horno comprometía incluso su financiación «ante el Banco Europea de Inversiones».

En el frente contra la incineradora la sentencia se lee como «un varapalo jurídico que muestra la falta de legalidad de un proyecto disparatado», a juicio de Fructuoso Pontigo, de la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies. El colectivo reclama «la dimisión de los responsables del PSOE y del PP que votaron a favor de un horno sabiendo de su ilegalidad».