Los constructores piden al juez la disolución de la UCE para frenar su 'guerra' contra las plusvalías

La batalla judicial abierta entre constructores y consumidores a cuenta del posible cobro indebido de plusvalías -el tributo con el que se grava el desarrollo urbanístico- a las familias que adquirieron una vivienda en la región desde el año 1997 se recrudece. Tras decenas de sentencias favorables a los consumidores, ahora es la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon) la que ha decidido acudir a los tribunales para solicitar la nulidad de los estatutos de la Unión de Consumidores de Asturias y tratar así de frenar su cruzada. Y es que la anulación de los estatutos de la UCE conllevaría la disolución y posterior liquidación de la asociación.

La patronal asturiana de la construcción pide, además, declarar nulos los acuerdos adoptados por la UCE desde el año 2004, lo que invalidaría los relativos hasta ahora en materia de plusvalías. En los últimos meses, desde la asociación asturiana de consumidores se han promovido alrededor de 3.000 demandas, pero los constructores argumentan que la UCE no ha cumplido lo dispuesto en la ley orgánica que desde el año 2002 regula el derecho de asociación. Dicha norma dio a las asociaciones que estaban en vigor un plazo de dos años para adaptar sus estatutos a unas nuevas reglas de funcionamiento.

La ley regula, en concreto, los requisitos que deben tener los órganos de gobierno y representación, su composición, procedimientos para la elección y sustitución de sus miembros, atribuciones, duración de los cargos, causas de su cese, la forma de deliberar, adoptar y ejecutar sus acuerdos y las personas o cargos con facultad para certificarlos. También, los requisitos para que los citados órganos queden válidamente constituidos, así como la cantidad de asociados necesaria para poder convocar sesiones de los órganos de gobierno o para proponer asuntos en el orden del día.

En la demanda presentada ante los tribunales, la CAC defiende su legitimidad para pedir la nulidad de los estatutos de la UCE al sentirse «perjudicada» por las actuaciones que ha venido desarrollando la asociación, promoviendo a través de los medios de comunicación el carácter abusivo del pago de la plusvalía. Por su parte, los consumidores se defienden asegurando que la CAC no puede impugnar sus estatutos porque se trata de normas de funcionamiento internas que únicamente atañen a sus asociados.

En un momento de gran debilidad para el sector inmobiliario, la litigiosidad entre los compradores de pisos y los promotores lleva meses disparada en el Principado como consecuencia de la campaña que en verano puso en marcha la Unión de Consumidores de Asturias para informar a los compradores sobre los últimos avances judiciales y promover la devolución del impuesto. La reclamación media por cliente ronda los 1.000 euros, aunque en la ciudad de Oviedo asciende a 1.500. En conjunto, las promotoras asturianas se enfrentan a una devolución de más de 100 millones de euros.

Hace apenas una semana, el Tribunal Supremo ha ratificado el criterio de nulidad de la plusvalía, por abusiva, que han venido adoptado en los últimos meses los tribunales asturianos.