Los geriátricos privados llevan al Principado a los tribunales

«No nos dejan otra salida, iremos a los tribunales». Los geriátricos privados no están contentos con el Principado. De hecho, están tan enfadados que creen que recogerán el guante lanzado por la consejera de Bienestar Social e Igualdad -que en el reciente Fórum Debate de EL COMERCIO les propuso reclamar ante los tribunales- y dar el paso «de forma inmediata, porque la situación es insostenible». Denunciarán los empresarios la deuda acumulada de un millón de euros en concepto de actualización del coste de las más de mil plazas que la Administración regional tiene concertadas en establecimientos privados.

Así lo aseguró el presidente de la Asociación de Centros Geriátricos (Ascege), Arsenio Alonso-Collada, quien se mostró muy enfadado con la noticia, adelantada por EL COMERCIO, de que Bienestar les obligará a incrementar plantilla a partir de mañana. Se trata de la resolución con la que el actual equipo, dirigido por Paloma Menéndez, modifica la aprobada en 2009 por su antecesora, Noemí Martín. En aquel momento, Martín marcaba a los geriátricos una hoja de ruta que preveía incremento de plantilla en dos fases -la última entra en vigor mañana- en cumplimiento de la Ley de la Dependencia.

«Suenan tambores de guerra»

Menéndez ha modificado a la baja esa previsión, pero, de todas formas, supone que la ratio de plantilla por usuario aumenta. Por ejemplo, en un centro con 40 usuarios con diferentes grados de dependencia, ahora son necesarios doce empleos, pero mañana serán 13,8. en lugar de los 14,4 que había marcado el equipo de Martín.

A diferencia de la opinión «positiva» de la Asociación Asturiana de Centros y Servicios de Mayores (Asacesema), para Alonso-Collada, que asegura contar con el apoyo «también de la Asociación Asturiana de Residencias de Tercera Edad, AARTE), la resolución fue «una sorpresa desagradable», porque esperaban «que la nueva consejera modificara la decisión de la anterior, pero para eliminar la subida».

Sin embargo, la resolución obliga a sumar más personal a unas plantillas «con los costes ya muy por encima de los que nos pagan por cada plaza concertada». De media son unos 1.200 euros al mes, muy por debajo de los 1.400 que desde el pasado 1 de enero paga el Principado por los nuevos conciertos. El compromiso de IU antes de marchar del Gobierno regional fue unificar todos los pagos, con carácter retroactivo a enero, algo que no hizo «y que nosotros estábamos esperando que se hiciera ya».

Para Alonso-Collada, «la subida es imprescindible», sobre todo si, ahora, de nuevo el Principado «obliga a ampliar plantillas». Entre los empresarios con plazas concertadas «suenan tambores de guerra», aunque serán sus socios los que tengan, mañana, la última palabra.