El Principado anuncia que subastará Sedes y da a la RTPA dos días para entregar sus cuentas

El Principado contraataca y pide a la dirección de la Radio Televisión del Principado (RTPA) que presente con detalle sus cuentas en el plazo de dos días hábiles. Esta es la respuesta del Gobierno regional a la decisión adoptada por el consejo de administración de la Radio Televisión del Principado (RTPA) de llevar al Ejecutivo de Álvarez- Cascos a los tribunales, al considerar que vulnera la ley al recortar la partida presupuestaria asignada al ente de comunicación asturiano.

La Consejería de Hacienda y Sector Público quiere conocer, y así lo hace saber en el requerimiento remitido al presidente del consejo de administración, Francisco Alonso, la relación de deudas vencidas e impagadas con los trabajadores, así como las deudas con organismos públicos, incluyendo la Seguridad Social.

Insta, del mismo modo, a que se faciliten datos precisos sobre el número de trabajadores de cada una de las sociedades, las deudas vencidas e impagadas con proveedores, así como los procedimientos judiciales en curso contra cada una de las sociedades.

El Gobierno pide también información sobre las reclamaciones de pago recibidas por las citadas sociedades a lo largo del presente ejercicio pendientes de atención, y además quiere conocer la relación de trabajadores incorporados este año a las mismas entidades.

Hacienda incorpora en su requerimiento la demanda para tener con precisión datos sobre la disponibilidad de tesorería del ente de comunicación y el último balance de resultados. Igualmente, pide conocer la relación de pagos a proveedores en 2011 y las dietas pagadas a los consejeros durante los últimos tres ejercicios.

El Gobierno asturiano pide también información sobre el presupuesto del próximo año, así como la previsión de ingresos y gastos en el actual ejercicio y la relación de créditos pendientes de cobro contra terceros.

Dos días hábiles tendrá la dirección del ente para responder a la petición cursada por la Consejería de Hacienda y Sector Público, que insiste en las mismas tesis para justificar su actuación de reducir la asignación presupuestaria que tenía consignada la televisión y radio pública. Según explica en una nota a la que ha tenido acceso este periódico, el volumen de gasto del ente, 174,5 millones de euros desde 2004, no se corresponde con el interés público que tiene este servicio respecto a otras prestaciones consideradas «esenciales» cuyo mantenimiento, precisan, «tiene carácter imprescindible e irrenunciable para el Gobierno».

Esta es la respuesta del Ejecutivo asturiano al requerimiento hecho previamente por el consejo de administración del ente, tras conocer la decisión de la Administración de suprimir parte de las partidas dirigidas a RTPA.

En la carta, fechada el pasado 7 de octubre, Francisco Alonso Díaz, en su calidad de presidente del citado órgano directivo, reclamaba al Ejecutivo el texto donde se recoge el acuerdo para reducir la asignación al ente, así como una aclaración de si las medidas adoptadas suponen la definitiva cancelación de las transferencias, avisa, «legalmente aprobadas». En el caso de que no haya una rectificación por parte del Gobierno autonómico, el consejo de administración expone que responderán a este «proceder arbitrario» en los tribunales recurriendo a acciones judiciales. Una representación de trabajadores de RTPA y las productoras han mantenido contactos con los grupos parlamentarios de PSOE y Foro para trasladarles los problemas de impago. Los socialistas han expresado su respaldo a los trabajadores, mientras que Foro recordó que es una decisión del Gobierno y que no está en manos del grupo parlamentario una solución a los cobros.

Venta de Sedes

El consejero de Hacienda y Sector Público, Ramón del Riego, anunció en el Pleno de la Junta General que su departamento está elaborando ya un pliego de venta de la empresa pública Sedes, que saldrá a subasta pública «con criterio precio». Esto, argumentó, permitirá cumplir dos objetivos: «Poner en el mercado una empresa que siempre debió estar ahí y atender objetivos financieros que requieren una mayor atención».

El consejero también informó de que aún no se han terminado de elaborar las auditorías encargadas para conocer el estado de los organismos y empresas públicas, por lo que «no se puede dar información sobre la solución o soluciones que se pueden plantear», con vistas a reestructurar el sector público. Excepto, claro, la agilización de la enajenación de Sedes.

Lo hizo como respuesta a una interpelación de IU-Los Verdes, durante la que su portavoz, Jesús Iglesias, defendió que «el sector público asturiano no es excesivo», por lo que el Ejecutivo «no tiene un problema económico, sino ideológico». Culpó a Del Riego de, «sin esperar a las auditorías», empezar un «proceso de asfixia» a las entidades públicas.

El diputado popular Joaquín Aréstegui lamentó que Del Riego sólo anunciase la enajenación de Sedes, sin avanzar en los criterios que seguirá con el resto de entidades. «Pensamos que tendrían un plan. ¿Y nos viene a decir que su único proyecto es que van a privatizar Sedes?», preguntó.

Otro de los puntos del día tratados, a petición del PP, fueron los fondos mineros. Su portavoz, Isabel Pérez-Espinosa, acusó a los gobiernos socialistas de ser «los que le dieron la justificación al Gobierno central para romper con el compromiso, teniendo en cuenta que si no eran capaces de gastar lo que ya tenían transferido, no tenía lógica seguir aumentando la bolsa». Ahora, pidió, «el Gobierno tiene que gestionar este caos y en las comparecencias de los consejeros no han dicho nada de nada sobre el nuevo modelo de gestión que se necesita para darles eficacia y agilidad». Lo único que sabemos, acusó, «es a través de los medios de comunicación, como también es habitual con este Gobierno», al que acusó de «dejación de responsabilidad».

El consejero de Economía y Empleo, José Manuel Rivero, mencionó, como medidas para mejorar la gestión, la exigencia al Ministerio de Industria del cumplimiento del plan estatal, junto a una mayor agilidad de los expedientes por su departamento. Para ello, tratarán de que el Gobierno central agilice sus procedimientos y en el Principado se centralizará la gestión y tramitación de todos los proyectos, reforzando el equipo en la Consejería de Economía y Empleo, y controlando cada quincena los proyectos que sean competencia de otras consejerías.

El PP también preguntó al Gobierno regional si existen retrasos en los pagos a las empresas proveedoras, en las transferencias a las empresas del sector público y en los pagos de los convenios con las entidades locales. El responsable de Hacienda, Ramón del Riego, dijo que el Ejecutivo actual ha mantenido «e, incluso, mejorado» los plazos de los pagos. Su Gobierno, eso sí, pretende «homologar el tratamiento a todos los proveedores», para acabar con las diferencias entre unos y otros.