Tijeretazo de 156 millones

A 156,8 millones de euros asciende el plan de ajuste del gasto aprobado ayer por el Ejecutivo asturiano, después de un intenso Consejo de Gobierno extraordinario que se prolongó durante dos días. El presidente, Francisco Álvarez-Cascos, fue el encargado de salir a escena para esbozar las líneas generales del recorte, que, según garantizó, «no afectará a las prestaciones de los servicios sociales, la educación y la sanidad». La Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente es la más afectada por la tijera y asume más de un tercio del total, 55,8 millones, a la vez que se cancela una transferencia de 11,3 millones al ente autonómico de comunicación (RTPA). Cascos, esgrimiendo la incertidumbre económica, advirtió de que este plan de contención del gasto «no tiene por qué ser el último» que se adopte este año.

«El objetivo es la búsqueda de la estabilidad presupuestaria y el cumplimiento de los acuerdos que vinculan a Asturias con los compromisos de límite del déficit», argumentó el jefe del Ejecutivo, que cifró en algo menos de un punto del PIB regional el calado del ajuste, que supondrá asimismo un ahorro del 3,65% sobre el montante del presupuesto inicial de 2011. Una actuación «muy sustancial», opinó, orientada a «sanear» las cuentas autonómicas y que se sustenta sobre varios pilares.

Se ha trabajado, detalló el presidente, sobre la premisa de no mermar la calidad de la asistencia social, sanitaria y educativa. De ahí que, según expuso, se haya optado por reducir el gasto corriente, prescindir de partidas incluidas en el presupuesto que con total seguridad no se iban a ejecutar y reprogramar inversiones. Respecto a esta última cuestión, una de las que en términos económicos es más relevante, precisó que se trata de proyectos plurianuales en los que, «sin modificar su plazo de finalización», se redistribuyen las cantidades asignadas a cada ejercicio en función de las necesidades.

A la línea roja del gasto social añadió Cascos un segundo límite. Ninguna de las partidas afectadas, concretó, afecta a proyectos cofinanciados con fondos mineros, para evitar que el Estado renuncie a a poner su parte en caso de que el Principado, previamente, cancelara su aportación. Esa puerta no se abrirá, aclaró.

«Asumimos el compromiso de afrontar un cambio profundo en la política económica y fiscal», reflexionó Cascos, que, no obstante, consideró prematuro analizar en qué se traduce este ajuste sobre la situación del déficit regional. En el primer semestre, y según los últimos datos del Ministerio de Economía, el Principado ya se había situado ligeramente por encima del 1,3% del PIB previsto para todo el año. Para analizar este escenario con detalle, el presidente creyó necesario tener datos más precisos sobre la evolución de los ingresos.

El análisis del ajuste constata que una de las consejerías más inversoras, Fomento y Medio Ambiente, es una de las que más se apretará el cinturón. Es donde más margen hay para reprogramar inversiones y desplazar a próximos ejercicios gastos previstos para el actual. Carreteras, con una reducción de 7,8 millones, y obras hidráulicas, con 7,6, son los ámbitos más afectados.

A continuación se sitúa la Consejería de Hacienda y Sector Público, donde se plasma la eliminación de una transferencia de 11,3 millones de euros a la RTPA. El ente de comunicación, según el presupuesto inicial de 2011, recibiría de las arcas públicas del orden de 30 millones. Respecto a esta cuestión, una de las que más controversia pública y política está levantando, Cascos recordó que tanto en el programa electoral como en su discurso de investidura había dejado claro que «la subvención de determinadas actividades que no contribuyen a la reactivación económica no es una prioridad».

¿Qué sucederá ahora con la RTPA, pues? Cascos derivó el asunto al ámbito parlamentario y a la búsqueda de «acuerdos normativos» entre las distintas fuerzas políticas, algo a lo que Foro dice estar abierto «desde hace meses». Cascos, en concreto, siempre ha defendido la enajenación del ente o la búsqueda de fórmulas de cooperación público-privada para su financiación, lo que requiere de cambios legislativos.

Entró también Cascos en el debate de los impagos a proveedores, abierto a raíz de las quejas de la Fade por los retrasos en esos abonos. «Lamento que haya quien haga juicios sin aportar datos», dijo al ser preguntado por la posición de la patronal. Para, a continuación, tildar de «falsedad metafísica» la tesis de que el Ejecutivo haya dejado de pagar para luego justificar la necesidad de aplicar severos recortes de gasto. Señaló, en esta línea, que mientras el anterior Ejecutivo socialista duplicó en el primer semestre del año la demora en el pago a proveedores sanitarios, su gabinete está consiguiendo «ligeras reducciones» en los plazos. «¿Y por qué no se ha hablado de este asunto hasta junio?», se preguntó para terminar, en alusión a la fecha del relevo en el Gobierno regional.

En último término, Cascos alertó de los problemas para planificar las cuentas de 2012, al no existir una previsión de ingresos por parte del Estado, y constató la «incertidumbre» que esta situación provoca sobre el conjunto de la economía española.