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L. ALVAREZ
Miércoles, 21 de septiembre 2011, 09:06
Un trabajador de la empresa manchega Aislamientos y Calorifugados Criptana (AC Criptana) zanjó una acalorada discusión con una supuesta agresión a un jefe de obras del Hospital Central Universitario de Asturias, Tirso G.
El agredido representaba en los tajos a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Instalaciones Mecánicas del HUCA (IMHUCA) cuando se registró el incidente, hace aproximadamente tres semanas. El asunto está ahora dirimiéndose en vía judicial.
El motivo de la disputa podría estar ligado a la cadena de impagos que se le atribuyen a IMHUCA y que han llevado a una situación límite a seis de sus subcontratistas, entre los que se encuentra la propia AC Criptana. Este grupo de acreedores exigen el cobro inmediato de 1,5 millones y ya han puesto la defensa de sus intereses en manos del letrado Alfonso Lozano Graíño, del bufete Botas Abogados. Las mercantiles esgrimen deudas en cada caso que van desde los 80.000 a los 400.000 euros, y advierten que, de no asegurar el cobro de las citadas cantidades, deberán despedir a parte de su plantilla.
IMHUCA está formado por las empresas Altair, Tecnocontrol (filial de Contructora San José S. A.), y Simte. Fuentes de la UTE informaron ayer que Tirso G. ya no está destinado en el complejo hospitalario y en la actualidad se encontraría trabajando en Chile. Además, las mismas fuentes señalan que «estamos intentando contactar con las subcontratas, porque nuestra voluntad es alcanzar un acuerdo y pagar».
Los afectados son las asturianas Aistec, Talleres Uncin, Forteastur, Diseños de Calorifugado y Climatización, la gallega Aislamientos Coruña y la citada AC Criptana, que forma parte del Grupo Criptana. Desde esta parte algunas sociedades confirmaron que tras hacer pública su intención de llevar ante los tribunales a la UTE IMHUCA sí están recibiendo llamadas para iniciar negociaciones en los próximos días. El punto de conflico reside en que el contratista ofrece una medición conjunta, con la que no están de acuerdo sus acreedores.
No es la primera vez que los impagos de la UTE IMHUCA desencadenan la polémica. En 2009, y a resultas de las gestiones emprendidas por Lozano Graíño, un juzgado de Pontevedra admitió a trámite una demanda para investigar la deuda que la gijonesa Mantenimientos y Reformas del Norte S.L.U. reclamaba a la UTE. El hecho de que fuera un magistrado gallego el que aceptara el caso obedece a que es en Pontevedra donde está domiciliada la UTE.
El acuerdo que ésta firmó con la subcontrata gijonesa estaba valorado en 2,2 millones y respondía a los trabajos de instalación de tuberías y otros trabajos. En la versión de Mantenimiento y Reformas del Norte, los operarios habrían iniciado los tajos, la mercantil gijonesa comenzó a percibir los primeros ingresos, pero la relación se vio interrumpida de forma unilateral.
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