El ajuste empieza en Asturias

Ya lo dijo Ramón del Riego en su comparecencia en la Junta General, el pasado martes. Con la que está cayendo, muy pocos querrían asumir el cargo de consejero de Hacienda, vino a reflexionar quien ejercerá esa responsabilidad los próximos cuatro años, sabedor de que la tarea a la que se enfrenta es complicada. La inyección de dinero público en la economía para intentar remontar la crisis es cosa del pasado. Ahora manda el dogma de la austeridad y eso, en el día a día de la política, se traduce en ajustes. Y ese es precisamente el reto que Del Riego tiene por delante. Decidir dónde recortar para garantizar que Asturias cumple con los límites de déficit establecidos por el Estado, asegurando al mismo tiempo la calidad de los servicios básicos e incentivando la actividad empresarial y el empleo. Los ajustes ya han comenzado. El Ejecutivo que pilota Francisco Álvarez-Cascos presenta la reducción de altos cargos y la sustitución de vehículos oficiales por otros de menor gama como un primer paso. Pero habrá más. En lo que queda de año y en 2012 toca meter tijera.

La forma de aplicar esos recortes, qué se toca y qué se salva, augura encendidos debates en la Junta General. Pero lo cierto es que el comienzo del curso parlamentario se ha visto ya emponzoñado por la polémica sobre la herencia que el anterior Ejecutivo ha dejado al actual. Un «agujero», fruto de una gestión «irresponsable», sostiene el nuevo equipo. Un legado más que digno, se defienden los socialistas, que sustentaron hasta las pasadas elecciones de mayo al gabinete de Vicente Álvarez Areces. La política de los últimos años está hoy en el ojo del huracán.

El Ejecutivo de Foro Asturias esgrime esa herencia para justificar la necesidad de introducir recortes en el gasto público. Y recurre a los datos oficiales para sustentar su argumento. Según el balance del primer semestre del Ministerio de Economía, el Principado superó en ese lapso de tiempo el límite de déficit que tiene asignado. Alcanzó el 1,37% del PIB, cuando a final de año no puede sobrepasar el 1,30%. Del Riego se reúne mañana en Madrid con el secretario de Estado de Hacienda, Juan Manuel López Carbajo, para analizar la situación y posible soluciones.

¿Ese déficit es un exceso intolerable o una situación fácilmente reconducible? La pregunta generó acaloradas discusiones en las primeras comparecencias de los consejeros en la Cámara, esta misma semana, para dar cuenta de sus planes. Se estrenó Del Riego, en una sesión que en más de una ocasión subió de tono al ser interrogado desde los escaños socialistas, y le siguieron los titulares de Sanidad -en una mañana también muy intensa- y Agroganadería y Recursos Autóctonos.

Sostiene el Gobierno, y así lo ha hecho ver en estas comparecencias, que su margen de maniobra a la hora de tomar medidas es limitado, de ahí la necesidad de contener el gasto. Y esboza argumentos que culpan de esta situación a los anteriores gestores. El primero que se puso sobre la mesa fue la existencia de una supuesta deuda oculta de la anterior administración de 211 millones de euros, la mayor parte correspondientes a la sanidad. Dinero que, según el titular de Hacienda, ahora hay que cubrir y que detraer de proyectos de nuevo cuño.

Cantidades millonarias

Tampoco ayuda, añade el Ejecutivo, el hecho de que el Estado adeude cantidades millonarias a Asturias procedentes de distintos capítulos (fondos mineros, dependencia, infraestructuras...) que, a día de hoy, suman una partida conjunta de 1.642 millones de euros. Ni que, según sus cálculos, el coste del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) se vaya a disparar hasta los 1.588 millones de euros, a abonar hasta 2036. Datos que, por cierto, el PSOE niega uno tras otro y achaca a la voluntad del Ejecutivo de asestar un severo ajuste a las cuentas públicas de la comunidad.

Que habrá ajustes es una certeza, lo que está por ver es de qué tipo y a qué ámbitos alcanzan. Pero Del Riego ya advirtió en la Junta de que la situación encontrada era peor de lo esperado y que el Gobierno se estaba viendo obligado a revisar sus planteamientos iniciales. Recalcó, eso sí, que lo que queda de año y el 2012 no iban a ser fáciles.

Las primeras medidas que ha tomado el Ejecutivo han afectado a su propia estructura. Su redimensionamiento en lo tocante a cargos de dirección y personal de confianza, así como otro tipo de ajustes, han supuesto un ahorro que se cifra en 4,9 millones de euros. La sustitución de los vehículos oficiales de los consejeros, unos Audi A6, por otros similares al antiguo Seat Toledo, una vez concluya el contrato de arrendamiento a finales de año, supondrá una reducción de gasto de aproximadamente 800.000 euros.

Es un primer paso, pero habrá más. Todos los datos presentados por el consejero de Hacienda a su paso por el Parlamento hacen pensar en un presupuesto para 2012 muy restrictivo sobre el actual, que ya viene de una severa poda en relación con el de 2010. Y habrá que ver en qué queda el plan de reordenación del sector público, en estudio, que se plasmará en la eliminación o supresión de aquellas entidades o empresas que se consideren ineficientes o gravosas. La constructora Sedes es una de las que está en el punto de mira.

De momento, hay compromisos anunciados en la investidura que no se podrán cumplir, al menos de inmediato. Es el caso de la anunciada rebaja de impuestos, que incluía el 'céntimo sanitario' y Sucesiones, y que a día de hoy no tiene fecha para su aplicación.