La gijonesa cuya denuncia inició el 'caso Renedo' renuncia a seguir en la causa

El tres de febrero de 2010, A. V. F. entró en la comisaría de Gijón para interponer una denuncia extraña. Contó que la Agencia Tributaria le pedía explicaciones por una cuenta que alguien tenía abierta a su nombre y a donde terminaban importantes pagos por parte del Principado. Cuando quiso averiguar el origen de ese dinero, se había encontrado con una funcionaria, Marta Renedo Avilés, que -según dijo- empezó a acosarla con tal de evitar que acudiera al Cuerpo Nacional de Policía. Sobre esa pista se pusieron a trabajar la Brigada de Policía Judicial y la magistrada-juez a la que, por el turno de reparto, llegó la denuncia: Ana López Pandiella. Entre todos fueron tirando de un hilo que terminó destapando el 'caso Renedo', una presunta trama de corrupción en el Principado.

Tras constatar que el asunto está ya en manos de la Justicia y tras más de un año pagando los honorarios de un procurador y una abogada, A.V.F. ha decidido hacerse a un lado. Mediante un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, que investiga la causa, informa de que ya «no desea seguir ejercitando la acusación particular». A partir de ahora la representación de sus intereses quedan descargadas en el ministerio fiscal.

Aunque fue actor fundamental en el origen del caso, la retirada ahora de A. V. F. no amenaza el impulso del proceso judicial. Además del ministerio público, hay dos acusaciones particulares: el Principado de Asturias y la familia de una mujer que falleció sufriendo durante los últimos años trastornos con Hacienda presuntamente causados por Marta Renedo. Existen igualmente tres acusaciones populares: la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall), el Partido Progresista de Belmonte de Miranda y el Bloque por Asturies.

Del hacer de la fiscal asignada al caso, Carmen Rodríguez, dependerá ahora la posible indemnización y el pago de los daños morales causados a A. V. F. Además de los percances sufridos con la Agencia Tributaria, el acoso del que dijo ser víctima, y los pagos realizados para sostener hasta ahora su acusación particular, esta gijonesa estuvo tres meses de baja y en tratamiento por la ansiedad a la que se vio sometida.

La denunciante responsabiliza a Marta Renedo de todos daños. La exjefa de servicio se encontraba ayer aún en prisión a la espera de que el magistrado-juez Ángel Sorando resuelva su excarcelación, según informan fuentes de su entorno.

El asunto se ha visto trabado por varias maniobras. El instructor dejó fijada la libertad provisional bajo fianza de 500.000 euros antes de marcharse de vacaciones. Su sustituto durante este periodo, Francisco Javier Rodríguez Luegos, estimó en parte un recurso interpuesto por el abogado de Renedo. Entendió el juez que el dinero solicitado por Sorando «es una cantidad que se ha demostrado que la imputada no ha podido pagar», por lo que rebajó la fianza a los 200.000 euros. La imputada presentó avales hipotecarios por este valor que ahora están pendientes de su peritaje.

La maniobra no cuenta con la aprobación de todas las partes. Ayer la acusación particular que lleva el letrado Antonio Pineda formuló un recurso de apelación lamentando la actuación del juez sustituto porque «no tiene conocimiento exhaustivo del procedimiento y de los perjuicios causados a mi representada». Entiende esta parte que no cabe rebajar la fianza de Renedo por dos razones. La primera es que sus circunstancias familiares y patrimoniales no variaron mientras Sorando, el juez titular, estuvo de vacaciones. La segunda es que María Jesús Otero tuvo que abonar 200.000 euros de fianza para salir de prisión cuando está imputada por menos delitos y no causó perjuicios personales a nadie.