Hacienda acusa al Gobierno de Areces de superar el límite de deuda y ocultarlo

El Principado superó el techo de endeudamiento fijado por el Ministerio de Economía para 2010. Según datos facilitados ayer por el consejero de Hacienda y Sector Público, Ramón del Riego, el Gobierno regional presidido por Vicente Álvarez Areces falseó las cuentas a fin de salvar el listón fijado por el Estado como límite de déficit que era de 2,4% del PIB regional. El anterior Ejecutivo, según explicó, no incluyó en la contabilidad presentada el endeudamiento generado por la Junta de Saneamiento que suponía un 0,3% más, para así poder sortear la imposición del Ministerio de Economía.

El actual Gobierno no tuvo conocimiento de este desfase hasta la pasada semana, una vez que la nueva interventora general, Emma Ramos, tomó posesión. No es el caso del Ejecutivo de Álvarez Areces. Asegura Del Riego que el Ministerio de Economía informó el pasado 11 de mayo de la incidencia y los representantes del Gobierno asturiano entonces decidieron ocultarlo en vísperas de las elecciones autonómicas del pasado 22 de mayo.

En una carta fechada el 10 de mayo, el departamento presidido por Elena Salgado notificaba al Gobierno asturiano que había detectado esta anomalía y advertía de que se había procedido a revisar la clasificación de la Junta de Saneamiento, que el Principado catalogaba como sociedad no financiera. El Gobierno central aseguraba que dicho organismo obtiene la casi totalidad de sus recursos del cobro del canon de saneamiento a los particulares por consumo de agua, que está considerado en la contabilidad nacional como ingreso por ventas puesto que su cobro va asociado a la prestación a los ciudadanos del servicio de depuración de aguas residuales.

La única actividad de dicho organismo consiste, según el Ministerio de Economía, en distribuir los ingresos procedentes del canon, que abona a las diferentes entidades públicas responsables de la depuración de aguas, al tiempo que recordaba que en 2009 las subvenciones corrientes alcanzaron 22,09 millones de euros de un total de gastos en la cuenta de resultados de 25,24 millones. El Estado concluía que la Junta de Saneamiento no puede clasificarse como una sociedad no financiera y procedía entonces a revisar su clasificación institucional, pasando a incluirla dentro del sector de las administraciones públicas y añadirla a las cuentas nacionales del Principado.

Pérdidas millonarias

Haber superado el techo de endeudamiento está, de algún modo, penalizado por parte del Estado. La Ley de Presupuestos permite que la Administración central no firme aquellos convenios pactados para la cofinanciación de proyectos con una comunidad si ésta supera el techo de endeudamiento.

Detectada esta incidencia en la contabilidad del Principado el Estado entiende que Asturias presenta un déficit mayor que el admitido y, por tanto, carece de dinero para hacer frente a la parte que le corresponde abonar de los proyectos que financian ambas administraciones.

En resumen, el Estado tiene potestad para no efectuar aportaciones económicas a aquellas autonomías que incumplen los márgenes de deuda y, en este caso, ha provocado la paralización de unos tres millones de euros, de momento. El bloqueo de esos fondos afectará, según ha podido saber este periódico, a una actuación para el abastecimiento de agua en Cangas de Onís, un proyecto sobre la cría del urogallo y un plan de zona en el programa de desarrollo rural sostenible.

El temor que trasladó ayer el titular de Hacienda es que esta paralización afecte a muchos más proyectos con las consiguientes pérdidas «millonarias» para Asturias, según él mismo destacó durante una rueda de prensa ofrecida ayer en la sede de la Consejería.

El Principado confía en levantar este bloqueo en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que en principio está previsto que se celebre en otoño. A esta cita, Ramón del Riego avanza que llevará un nuevo plan de ajuste económico para convencer al Ministerio de Economía de que se adoptarán todas las medidas pertinentes para devolver la estabilidad presupuestaria a las arcas del Principado. El objetivo es ofrecer confianza al Estado y reactivar la colaboración económica entre las dos administraciones.