El TSJA exime al Consistorio de los intereses por el Conjunto Histórico de Olloniego

Si hace unas semanas una sentencia judicial daba al traste con los planes del Ayuntamiento para salvar la deuda contraída por la expropiación del palacete de Villa Magdalena, un nuevo fallo judicial ha dado un pequeño respiro al equipo de gobierno en un proceso paralelo y con ciertas similitudes. Se trata de la expropiación del Conjunto Histórico de Olloniego, por la que el Ayuntamiento acaba de ahorrarse «sobre 6 millones de euros», según los cálculos del concejal de Urbanismo, Alberto Mortera. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha admitido parcialmente el recurso presentado el pasado año por el Ayuntamiento y le libera de pagar los intereses de demora del proceso.

Solo en parte, pues el Consistorio esgrimía cuatro puntos para rebajar el coste de la expropiación, que, de momento, ha quedado fijada en 4,2 millones de euros (dinero consignado en 2010). Además del apartado de los intereses, las autoridades municipales reclamaban que se descontaran las cuantías de las subvenciones recibidas por el propietario, la empresa Cerobi S. L.; querían una nueva valoración, más beneficiosa, de las fincas aledañas; y pretendían un nuevo justiprecio, aunque ya en su momento se presentó «sin mucha confianza» de que prosperase.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA establece en la sentencia que «ha de considerarse como fecha de inicio del expediente la de febrero de 2005, cuando se constituye válidamente la Comisión Pericial de Validación». Es decir, que no existe derecho a exigir intereses de demora desde 1995, cuando se inició la expropiación. «La empresa pedía que a los 4,2 millones ya pagados se sumaran otros 1,6 millones y se devengaran intereses de todo el montante. En total son unos 6 millones de euros que el Ayuntamiento no tendrá que pagar. El recurso de la empresa ha sido desestimado», subrayó Mortera.

El Conjunto Histórico de Olloniego fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) a principios de los noventa. La localidad jugó un importante papel en la época medieval como ruta comercial entre León y Oviedo. En 1993, comenzaron las negociaciones entre los propietarios y el Ayuntamiento. Los dueños pedían 6,6 millones de euros. El equipo de gobierno solo estaba dispuesto a pagar 480.000 euros. Tras decidir la expropiación, en 1995 una comisión estableció el justiprecio en 7,2 millones. Fue una comisión de carácter estatal, y no el Jurado de Expropiación, quien fijó el precio, pues el conjunto está declarado como BIC. La tasación fue recurrida y se canceló por fallos en la constitución del citado organismo de valoración.

Ya en 2005, se formó correctamente y en 2008 había nuevo justiprecio: 4,2 millones de euros. El Ayuntamiento disponía, como marca la Ley, de dos años para consignar el dinero. Esta vez, lo hizo. Porque de lo contrario los propietarios tendrían derecho a una nueva retasación, como ocurrió en el caso de Villa Magdalena.

Una vez con el dinero entregado, fue en marzo del pasado año, quedaba por esclarecer el tema de los intereses. El Ayuntamiento presentó el recurso ahora resuelto. El fallo dice que los intereses deben contarse desde que se conoce el justiprecio. Es decir, desde 2008. ¿Qué pasa entonces con la cuantía hasta el día de hoy? El TSJA dice que «los intereses por la mora deben ser de cuenta de la administración de la que dependa la Comisión Pericial». En este caso, el Estado.