Ganar o perder en Villa Magdalena

Vamos a ganar y, al ganar, vamos a perder». Gerardo de la Iglesia, el abogado contratado por ASCIZ y que ha tumbado el convenio de Villa Magdalena, lo explicaba así hace unos meses. El convenio, recordaba, incluía una cláusula por la que si, por cualquier razón, no se pudiera llevar a término, «renacería el derecho de Comamsa a una retasación», una legitimadad que le reconoció también el alcalde al retirar el recurso municipal ante el TSJA como paso previo a la firma del convenio. Cuando presentó su hoja de aprecio,en marzo de 2007, la expropiada pidió casi 63 millones de euros.

El letrado ahora, es más optimista. Cree que se puede poner en duda el derecho de la empresa de Miguel Ángel Menéndez del Fueyo y que, en todo, caso las valoraciones que contenía el convenio, 29,5 millones , atan.

¿Basta el optimismo jurídico para jugárselo a un nuevo pleito?, ¿conviene arriesgarse a que el Jurado de Expropiación fije un nuevo precio que obiglaría a consignar e inmovilizar millones de euros de recursos públicos?. Los grupos municipales se han dividido en dos: Foro Asturias e IU no quieren ni oir hablar de pactar; el PSOE, públicamente, y el PP, desde un segundo plano, creen que hay que llegar a un acuerdo con la empresa. El fallo judicial conocido esta semana y por el que se anula el convenio para pagar la expropiación irregular de Villa Magdalena con un aparcamiento en Uría, y 250 pisos y otro parking en Teatinos, es el cierre a un episodio cuyo inicio se puede ubicar en 2007. Este último episodio, de un culebrón que arrancó hace 15 años, comprende el inicio de las negociaciones entre el alcalde, Gabino de Lorenzo, y Miguel Ángel Menéndez del Fueyo, que desembocaron en el citado convenio y que ahora deberán reanudarse.

Según un sondeo encargado por este diario y publicado ocho días antes de las elecciones, el 65% de los ovetenses rechazaba la entrega del subsuelo del entorno de Campo San Francisco a Comamsa para que esta construyese su proyectado aparcamiento de 1.500 plazas. Cuando se abrieron las urnas, los partidos que rechazaban el convenio con la empresa -Foro, PSOE, IU y ASCIZ- sumaron casi el mismo porcentaje de votos y obtuvieron 16 de los 27 de la Corporación.

Y todo se desplomó. El alcalde proclamó en la noche electoral, ante las cámaras de TPA, la «clarísima» victoria del PP en Oviedo y «el lógico» entendimiento con Foro Asturias. Su candidato, Arturo González González de Mesa, sin embargo puso como condición anular el acuerdo con Comamsa. Cuando se sentaron a negociar, en el bar del hotel de la Reconquista, el PP ofreció modificar el convenio para minorar el impacto del aparcamiento. No hubo pacto. Tampoco tiempo para más componendas. Un mes después, la titular del Juzgado de lo Contencioso Número 2 de Oviedo ha anulado el documento por incumplir la preceptiva información pública.

La expropiación más polémica y peligrosa para las arcas municipales ha vuelto a la casilla de salida. Donde la dejó la decisión del alcalde nunca aclarada del todo de no consignar, pese a aprobarlo en Comisión de Gobierno y a las reiteradas advertencias de Abogacía Consistorial, el justiprecio por la finca de 11,8 millones antes de recurrirlo a los tribunales en 1998.

Vencedores y vencidos

El resumen premonitorio de Gerardo de la Iglesia -el «vamos a ganar, y al ganar, vamos a perder» es válido ahora, pero con matices. Hay vencedores y vencidos, pero la clasificación es provisional.

La primera en reconocer la derrota fue la propia empresa, pero también en recordar que el trámite regresa a marzo de 2007, al día en el que Comamsa solicitó la retasación del palacete por un importe cercano a los 63 millones de euros. «Sólo tendríamos que mandar un escrito para reanudar el trámite y, a partir de entonces, el Ayuntamiento tendría 20 días para hacer su hoja de aprecio», según explicaron fuentes de sus servicios jurídicos.

Comamsa, sin embargo, parece preferir un acuerdo. Habla de «una relación de lealtad» hacia el Ayuntamiento, que no da por rota y que choca, o, al menos eso parece, con las conversaciones que dieron lugar al convenio anulado. Un informe técnico reconocía que no había sido posible «atraer» la atención de la empresa hacia otras propiedades. Del Fueyo quería el aparcamiento, incluido el de los Masaveu, y el solar de Los Prados. Ni dinero, ni otra cosa.

De aquella, no cabe duda, el vencido era el Ayuntamiento, que firmaba casi una rendición. Si el convenio no pudiese cumplirse, decía el documento, los valores se «transformarán en una deuda pecuniaria», «líquida y exigible desde ese mismo día». El alcalde estampó su firma debajo de esta espada de Damocles.

Ahora las perspectivas parecen otras. El PSOE habla de la situación de debilidad de la empresa, tras el fallo. Algo así parece decucirse de su disposición a rebajar sus pretensiones: «Sabemos que lo lógico es ceder», señala Comamsa. Aunque, tal vez no tanto como los 6 millones que «según expertos consultados» por los socialistas deberían ser todo lo que quedase por pagar de la biblioteca más cara de Europa.

Esa propuesta de negociación, mientras el equipo de gobierno esconde la cabeza, le ha costado al PSOE de Oviedo ataques desde IU y Foro Asturias. Ayer, los socialistas volvieron a responder a ellos: «La respuesta de la coalición Foro-IU, se ha decantado por un camino de irresponsabilidad», afirma Alfredo Carreño en una nota de prensa, replica a las acusaciones de pacto PP-PSOE de sus compañeros-enemigos de Corporación. FAC e IU rechazan participar en cualquier salida pactada. Entienden que quien debe responder, incluso con su patrimonio, de la ruinosa gestión de la expropiación es el alcalde.

El alcalde dobla las manos

En lo único en que están de acuerdo los tres grupos de la oposición es en esto último. Fueron De Lorenzo y sus concejales -señalan a todos los que han pasado por la concejalía de Economía- los que no consignaron el dinero y dieron con ello derecho a la empresa a solicitar la retasación. Cualquier cantidad que se pague por encima de los 11,8 millones, debería ser responsabilidad patrimonial del equipo de gobierno, sostienen.

Están de acuerdo en eso y en preguntar dónde está el alcalde, desaparecido de la escena pública desde el Pleno de investidura hace casi un mes. Sobre la sentencia, ni una palabra. El día a día, las negociaciones con los grupos municipales con aumento de liberaciones, subvenciones y asesores, los lleva Agustín Iglesias Caunedo. Ni siquiera sobre política regional, habla el regidor desde hace un mes.

Gabino de Lorenzo, hace tan sólo un año y ante los primeros recursos contra el convenio, prometió que «lo defendería hasta las últimas instancias», porque de «un problema, se hacía una inversión» buena para la ciudad. Las últimas instancias incluían el Tribunal Superior Europeo, pero ha bastado un fallo sobre una cuestión de trámite de un juzgado ovetense, para que la firmeza se haya convertido en una proposición, que se debatirá mañana en el Pleno, para aquietarse al fallo y despejar el camino del resto de recursos.

No hay más explicación para el cambio de postura, que la nueva aritmética de la Corporación, reconoce un concejal del equipo de gobierno. Ningún acuerdo similar podría ser aprobado en Pleno sin el apoyo de parte de la oposición.

Aun así, los populares, que no han hecho públicas sus soluciones para la expropiación de Villa Magdalena, reconocen, fuera de micrófono, que lo ideal sería «una negociación para llegar a un pago en especie». Todo, menos llegar a un nuevo justiprecio. ¿Por qué?

Lo que temen populares y socialistas es que el Jurado de Expropiación fije un valor inasumible para el Consistorio. «No serán los 63, pero si se acerca, por ejemplo, a 25 o 30 millones, habría que disponer de 13 o 18 millones de euros para depositar en un banco, intereses aparte», explica un funcionario del área económica. Baste decir que en inversión el Ayuntamiento cuenta este año con 13,4 millones. Dentro de esa cifra,suma aportaciones de la UE, del Principado y pagos pendientes del Plan de Saneamiento que suponen la más de la mitad de la inversión 'nueva'. Y hay otros agujeros por tapar: las expropiaciones de Rodríguez Cabezas, 4 millones de euros en el Supremo, o el conjunto medieval de Olloniego, pendiente de recursos.

Después de una historia judicial iniciada en 1996 con la expropiación de la finca de Villa Magdalena por 3,1 millones de euros, decisión recurrida por la propiedad, que fue ganando juicios sucesivos, en diciembre de 2007 el Tribunal Supremo cerró esa década de pleitos fallando de nuevo contra el Ayuntamiento. Le obligó a pagar 11,8 millones de euros. Ese mismo diciembre, el PP desvela que ya negocia el pago «desde hace meses» con Comamsa.

También ese mismo mes de diciembre de 2007, la Fundación Príncipe abandona Villa Magdalena, que ha usado de sede para los actos de su XXV aniversario. A la par que el centro municipal vuelve a su actividad como biblioteca, el Pleno de la Corporación debate cómo afrontar la sentencia del Supremo, en una sesión tensa donde la oposición acaba por salir de la sala al no comparecer el alcalde. PSOE y ASCIZ proponen aplazar la sesión hasta que asista Gabino de Lorenzo, pero el PP se niega, y los anteriores se marchan.

Con la sentencia del Supremo toma relevancia una parte del proceso previo: ese dinero que hay que pagar ya, los casi 12 millones, debería haber sido consignado (reservados en los presupuestos muncipales) en 1998, para evitar una posible retasación posterior. Pero el Gobierno local no lo hizo. Mientras calcula los intereses devengados que debe añadir en ese momento, y que ascienden a 3,6 millones, el PP encarga un informe jurídico para recurrir en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo el derecho de retasación de Miguel Ángel Menéndez del Fueyo. El empresario anticipa su cifra: Villa Magdalena vale, a precios actuales de mercado, 63 millones de euros, cantidad que supera el 25% del presupuesto anual del concejo y que podría arruinarlo. La no consginación de 1998 va a salir cara.

Las cuentas municipales relevan que el Ayuntamiento cerró el ejercicio de 2008 con el primer déficit de su historia, que alcanza los 14 millones de euros y de los cuales 10,5 son de Villa Magdalena. Por ley, el Consistorio está obligado a elaborar un plan que comprometa un equilibrio presupuestario en el plazo máximo de tres años.

Ante las presiones de la oposición, el alcalde encarga un informe para determinar si hubo responsabilidad política y patrimonial en los errores de la expropiación de Villa Magdalena. pero se lo encarga a una de sus concejalas, a Belén Fernández Acevedo. Y la edil exime de responsabilidades a todos sus compañeros. Cuando el Pleno, con los votos del PP, aprueba ese informe, se monta otra bronca por lo que PSOE y ASCIZ califican de «bufonada».

El alcalde y Del Fueyo firman en el Salón de Plenos el convenio de Villa Magdalena, el ahora anulado, del que De Lorenzo no ha informado durante su negociación en los últimos años.

El último día del mes, el juzgado anula, a instancias de un recurso de ASCIZ, el convenio. Semanas antes, el Gobierno local ha aprobado gastos relacionados con el proyecto por 160.000 euros, ahora inútiles. Comamsa recuerda su derecho a una retasación, pero abre la puerta a un nuevo acuerdo. El PSOE apuesta por negociar con una empresa «debilitada por el fallo», en línea con lo que piensa el PP. Foro Asturias e IU denuncian la connivencia entre ambos y con la empresa de Del Fueyo.