Quedan libres los miembros del PCPE acusados de lanzar cócteles molotov

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, dejó ayer en libertad a los tres miembros del Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) en Asturias acusados por la Policía Nacional de lanzar cócteles molotov contra dos cajeros de Cajastur, en Lada y Riaño, el 15 de enero de este año. Considera, en contra de la calificación policial, que los hechos no son constitutivos de terrorismo, sino de daños con incendio contra el patrimonio. Y argumenta su decisión en que no hubo riesgo para las personas ni se subvirtió el orden constitucional, porque se produjo en el marco de una protesta laboral por los despidos anunciados en el taller de Barros de Duro Felguera. Tampoco aprecia reiteración delictiva en las conductas de los imputados.

Al estimar que se trata de un delito de daños, la competencia no corresponde a la Audiencia. Por esta razón, Eloy Velasco se inhibió en favor del Juzgado de Instrucción número 1 de Langreo, que será quien investigue para determinar si hubo delito de daños y si los tres jóvenes (José Iván Fernández y Vanessa García Rodríguez, detenidos el martes por la tarde en Candás, y Sergio Naves, candidato a la Alcaldía de Gijón por el PCPE, que se presentó voluntariamente esa misma noche en la Comisaría de Gijón tras conocer que estaba siendo buscado) son culpables o inocentes. Los tres -que se acogieron a su derecho de no declarar- abandonaron la Audiencia a las 12.45 horas, en libertad y sin estar sujetos a ninguna medida cautelar, ya que el fiscal no lo solicitó. La Fiscalía pidió la libertad para los tres.

Su abogado, Raúl Martínez Turrero, señaló que «el juez ha ratificado la versión de la defensa. Siempre dijimos que calificar los hechos como terrorismo era un disparate». Asimismo, insistió en la «inocencia absoluta» de los tres jóvenes y subrayó que «la Policía no tiene pruebas».

Así, explicó que, «según reconoce la Policía en el atestado, las grabaciones en las oficinas de Cajastur no permiten identificar ni el número de personas, ni la complexión de éstas». Y añade que, «según la Policía, a Vanessa y José Iván los ubicaron en Langreo, no concretamente en Riaño o Lada, por el teléfono móvil, con sus sistemas de detección, algo que tendremos que estudiar si se ajusta a la legalidad». Otro de los puntos que analizará con sus clientes «es el juicio político de la Policía. Los sitúa en la izquierda revolucionaria y, partiendo de esta premisa, les presupone unos actos delictivos». Por todo ello, los jóvenes y su abogado analizarán la información disponible para comprobar si «la actuación policial se ajustó a la legalidad», ya que la consideran «desproporcionada» y estudiarán pedir «las responsabilidades oportunas». El PCPE de Asturias afirmó que «se demuestra así que es un montaje policial. Oscuros aparatos del Estado quieren amedrentar a las organizaciones de la calle ante una oleada de recortes sociales».