Telefónica recortará 200 trabajadores en Asturias, el 35,2% de la plantilla

El expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por Telefónica afectará aproximadamente a unos 200 de los 568 trabajadores con los que cuenta la compañía en Asturias. Así lo estiman los sindicatos UGT y CC OO, que calculan que el 35,2% de la plantilla estará en condiciones de acogerse a la prejubilación en los próximos cinco años.

La cifra final de afectados dependerá de cuántos trabajadores se acojan al ERE -el expediente es voluntario- y de la edad de salida que fije Telefónica, que en los últimos ajustes era de 52 años. Daniel Rodríguez, de UGT, opina que si se mantiene ese límite el número de afectados podría rondar los 200 trabajadores e incluso superar esa cifra. La compañía, en este sentido, remitirá en los próximos días el plan laboral en el que detallará qué trabajadores están en condiciones de abandonar la compañía.

La negociación del expediente, para la que ambas partes tienen 30 días, no será fácil y los sindicatos ya han anunciado que plantearán duras condiciones a Telefónica. Desde CC OO, Jesús González, advierte de que su sindicato exigirá «como condición sine qua non» que el ERE no suponga coste alguno para las arcas públicas. También propondrá que Telefónica se comprometa a la creación de empleo de hasta un número máximo del 10% de la plantilla que se acoja al mismo -ahora la oferta es el 5%-.

Daniel Rodríguez, de UGT, aboga también porque parte del coste del expediente no recaiga sobre el Estado, pero reconoce que no existe legislación que apoye esta exigencia porque el Gobierno aún no ha aprobado ninguna regulación. Asimismo, recuerda que la reforma laboral aprobada el pasado año da vía libre a Telefónica para presentar el ERE por causas económicas y poco margen al Gobierno para rechazarlo si existe acuerdo con los sindicatos.

El representante de UGT dejó claro que para su sindicato un posible acuerdo en el ERE estará vinculado a la firma de un nuevo convenio colectivo en el que se reclamará, por ejemplo, que no exista movilidad forzosas interprovincial. Jesús González (CC OO) coincide en este extremo y en reclamar que los futuras incorporaciones a Telefónica -aunque sean con categorías y sueldos inferiores a los actuales- lo hagan a través de la plantilla del grupo y no de subcontratas.

Coste del ERE

El Gobierno, por otro lado, exigirá a Telefónica el pago de toda la factura del ajuste de 8.500 empleos que se ha propuesto llevar a cabo en el área de telefonía fija de su filial española en los próximos cinco años, incluidas las cantidades que pudieran corresponder a estos trabajadores en concepto de desempleo. Hasta ahora, los 'prejubilados' en los expedientes de regulación de empleo de la práctica totalidad de las empresas, excepto la banca, han venido cobrando los dos primeros años la prestación del Sistema Público de Empleo, de manera que ese importe se sufragaba con fondos públicos.

Cuando la operadora anunció el recorte -que inicialmente se limitaba a unos 6.400 puestos de trabajo- el Ejecutivo puso en marcha un cambio legal que cerraba este camino para los prejubilados mayores de 50 años procedentes de compañías en beneficios. Pero la modificación de la norma, incluida en una enmienda a la ley de Empleabilidad y Protección Social, más conocida como de políticas activas de empleo, podría no llegar a tiempo, puesto que su votación tendrá lugar en julio, y la propuesta del ERE de Telefónica fue entregada ayer en el Ministerio de Trabajo, y su plazo de tramitación se va a extender como mucho durante mes y medio.

Algunas fuentes cifraron ayer el coste máximo del ERE para el Estado en más de 270 millones de euros (180 millones si todos los trabajadores recibieran no la prestación más alta sino la media).

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, aprovechó la asistencia ayer al Parlamento en el debate de totalidad sobre la reforma de pensiones para, en declaraciones a los medios de comunicación, dejar clara la posición de su departamento. Afirmó que no cabe vetar las aspiraciones de Telefónica si la operadora cumple los requisitos legales y pacta su plan con los sindicatos.

Pero argumentó también que la compañía debe asumir los costes de las prestaciones por desempleo que hubieran correspondido a los trabajadores que salgan de la plantilla, en la medida en que no serán parados convencionales, aspirantes a otro puesto de trabajo, sino que estarán en tránsito hacia la jubilación.