El juez ordena practicar una prueba caligráfica a Alberto Pérez Cueto

La magistrada-juez Ana López Pandiella abrió las diligencias del 'caso Renedo' el 10 de febrero de 2010, obligándole la Audiencia Provincial a inhibirse en favor del partido judicial de Oviedo el pasado 8 de abril. Durante ese tiempo, la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón mantuvo el control sobre una investigación que ahora ha acabado en manos de su colega Ángel Sorando Pinilla.

El nuevo instructor recibió un sumario de 32.584 folios agrupados en 65 tomos. Al margen existe una pieza separada secreta, además de las propias que se abren sobre cada uno de los imputados.

Lo primero que hizo Sorando Pinilla fue prolongar el secreto sobre todo el sumario, marginando del mismo al Ministerio Fiscal, mientras hacía una lectura rápida del caso. En esa primera revisión, su atención se volcó principalmente sobre los elementos que pesan contra Marta Renedo y María Jesús Otero, al estar ambas en prisión provisional, medida cautelar sobre la que Sorando Pinilla debía pronunciarse. Tras cumplir esta urgencia, prolongando la orden de privación de libertad, el instructor acaba de pasar a la investigación.

Autorización de expedientes

Lo ha hecho dando las órdenes oportunas para que, el próximo 20 de junio, se le practique una prueba pericial caligráfica al director general de Modernización, Alberto Pérez Cueto. La misma permitirá determinar si Renedo Avilés falsificó la firma de su superior autorizando una serie de expedientes que permitían que el dinero de la consejería acabase en Implans Mounts, sociedad de la que la funcionaria era administradora única.

Sería la segunda prueba sobre el mismo asunto. El pasado año, en su declaración ante la Policía, Pérez Cueto no reconoció haber firmado esos expedientes. Hay 'pinchazos' telefónicos a Renedo y su asesor en los que, en unas conversaciones se admite haber falsificado la rúbrica y en otras no. Tras registrar el despacho de la funcionaria, los agentes encontraron varios recortes con una firma del director general. La Policía Científica constató que esos recortes habían sido utilizados para confeccionar los expedientes autorizando los pagos a Implans Mounts.