Los damnificados de Marta Renedo

Una nonagenaria murió hace menos de un año en Oviedo sin descubrir por qué motivo la Agencia Tributaria alteró los últimos meses de su vida acusándola de cobrar dinero del Principado en una cuenta que desconocía. Una madre trabajadora acabó pidiendo la baja por estrés en Gijón al verse enredada en un problema con el fisco y con una extraña mujer que lo mismo le ofrecía un soborno que la acosaba en el portal de su casa. El DNI de Luis S. M., fallecido en diciembre de 2000, empezó a aparecer años después en expedientes oficiales autorizando lo que acabó siendo un delito.

En el sumario del 'caso Renedo' se acumulan indicios criminales contra la funcionaria que originó el caso y que se remontan al año 2003. Desde entonces, sus movimientos han ido dejando tras de sí una lista de damnificados de lo más variada. El mayor dolo se lo llevan las personas a las que, presuntamente, suplantó la identidad para abrir cuentas en las que luego se desviaba fondos de la Administración regional.

Pero el dinero público es de todos, así que en un segundo orden hay que incluir a todas esas empresas, organizaciones e instituciones que aspiraban a acceder a unas partidas presupuestarias en las que Marta Renedo metía la mano. Cada vez que, por ejemplo, la funcionaria se asignaba una ayuda al emigrante, provocaba que algún legítimo candidato se pudiera quedar sin tal subvención.

La protagonista de esta historia, la mujer que originó una investigación que se ha transformado en una causa general contra el Principado y sus controles internos, pertenece al selecto Cuerpo Superior de Administradores, el escalafón más alto de la carrera funcionarial. Según los informes de la Agencia Tributaria, Renedo Avilés percibía en 2009 un salario bruto de 71.458,04 euros anuales, esto es, 5.954 euros al mes. Dentro de esa nómina va un complemento específico de tipo C, de 1.740,27 euros, que la jefa de servicio percibía en compensación por el régimen de incompatibilidades al que se hallaba sometida. Es decir, es dinero que el Principado le pagaba a cambio de no trabajar para ninguna empresa del sector en el que actuaba como funcionaria.

La funcionaria no se atenía a la norma, dado que en ese mismo 2009 era administradora única de Implans Mounts S.L., sociedad cuyo objeto social son los «servicios de telecomunicaciones, informáticos y comunicaciones». La cuenta que esta empresa tenía en Bankinter ingresó en los mismos doce meses 423.156,82 euros desde el Principado y 40.136 reportados por Igrafo. Es decir, perpetrando los presuntos delitos que se le imputan, conseguía cada mes 38.607,7 euros, seis veces su sueldo oficial.

¿Sobre qué perjudicados se levantó esta trama? La primera pista se remonta al 29 de octubre de 2003. Ese día, el director de la Agencia Asturiana de Emigración firma una propuesta de resolución concediendo ayudas a diecisiete emigrantes retornados. Marta Renedo trabaja en Bienestar Social y consigue introducir en el listado a Pilar F. A., una asturiana que residía entonces y aún ahora en Argentina. La funcionaria obtuvo todos sus datos y la partida de nacimiento por unas gestiones que la hija de Pilar había hecho el año anterior ante el Principado. Posteriormente, en el documento que recoge la obligación de pago de esta subvención, se asigna a esta mujer el número de DNI de Luis S. M., fallecido en diciembre de 2000, como ya se ha dicho.

Los fondos acaban en una cuenta en Bankinter hacia donde la funcionaria irá dirigiendo contratos menores. A lo largo de 2004 su firma da conformidad a cinco abonos, por una suma total de 31.703,03 euros. Con el paso del tiempo, y al constatar que no salta ninguna alarma, el flujo irá creciendo. Así, en 2007 son quince los expedientes que Cultura tramita a favor de la cuenta abierta a nombre de Pilar. Suponen pagos por valor de 74.745,71 euros.

Muestras sobre Che Guevara

Los expedientes se confeccionan con sumo cuidado. Cada uno se justifica en una actuación distinta y, en varios de ellos, no aparece el nombre de Pilar, siendo el supuesto adjudicatario Oxiplans, una empresa que, según la Policía, nunca existió. Los fondos se detraen de partidas dispares. En 2005, por ejemplo, Cultura paga a Oxiplans 600 euros a cambio de «dos unidades ploter atril para la exposición Che Guevara». El mismo año se abonan 1.200 euros por otras dos unidades para una exposición de Paulino Vicente en la sala de exposiciones del Banco Herrero. La exposición de Miraes, el Barjola, o los ciclos de Música Joven aparecen como coartada en otros documentos. La consejería entregará bajo el mismo sistema 2.958,25 euros creyendo que servían para adquirir 2.000 folletos con los que promocionaría la «costa de los dinosaurios. Lastres-Colunga».

Además de la publicidad y las exposiciones, Renedo Avilés conforma expedientes detrayendo fondos de partidas asignadas para crear aplicaciones informáticas y organizar conferencias. La mayor parte de los contratos están autorizados con la firma de su director general, Carlos Madera, quien, ante los agentes, asegura no reconocer la rúbrica en parte de ellos. Una de las autorizaciones de gasto, sin embargo, consiguió la firma de la propia consejera de Cultura, por entonces, Ana Rosa Migoya.

Quizás para no centralizar demasiados pagos en una sola persona, Marta Renedo aparece en el sumario como la presunta autora de otra suplantación de identidad. Mediante ella, habría abierto otra cuenta en Bankinter a nombre de Severina B. B., una nonagenaria. En esta cuenta, la funcionaria practica otra modalidad de fraude: tres empresas distintas meten dinero en la libreta y lo facturan como banners (anuncios publicitarios por internet) de la feria de Arte Arco. Según relatarán luego en comisaría, en realidad habrían sido víctimas de un ardid según el cual la jefa de servicio les indicó que la consejería estaba interesada en promocionarles en dicho foro pero el pago habían de hacérselo a una empresa llamada Oxiplans que estaba encargándose de la parte informática.

Severina B. B. se encontraba gravemente enferma en el momento de los hechos. En diciembre de 2008 la Agencia Tributaria le conminó a que justificara esos ingresos no declarados. Sus familiares contactaron con los empresarios, llegaron a recibir alguna llamada de Renedo excusándose en nombre del Principado por un supuesto error y ofreciéndoles alguna compensación. Finalmente, la mujer interpuso la primera denuncia contra Renedo en una comisaría de Oviedo y falleció sin saber quién la había metido en semejante lío.

La tercera víctima es Azucena V. F., una vecina de Gijón que, al igual que la mujer anterior, recibe un día una llamada de Hacienda exigiéndole que justifique 134.359,07 euros que venía recibiendo del Principado. Azucena explica que no tiene más ingresos que los que le proporciona su trabajo, en un comercio de la ciudad. Tiempo después otra llamada del fisco le señala que ese dinero está siendo embolsado en una libreta abierta a su nombre en Bankinter.

Alguien avisa a Renedo de estas pesquisas dado que, en enero de 2010, empieza a llamar a Azucena señalando que todo ha sido un error, que el Principado la compensará por las molestias, que firme un papel y todo se arreglará. Dada la resistencia de la mujer, la funcionaria empieza a acosarla con mensajes a su teléfono móvil y se presenta a la puerta de su casa, persiguiéndola para que firme el documento. La víctima acabará interponiendo la denuncia que permitió poner el asunto en manos de la magistrada-juez Ana López Pandiella. Acabó haciendo esa gestión clave, y solicitando en su trabajo la baja por estrés y depresión. Según explicó en comisaría, temía por lo que pudieran hacer a sus hijos y cada vez que iba por la calle miraba a ver si, de nuevo, veía a Marta Renedo.