Una gijonesa puso la primera denuncia del 'caso Renedo' dos semanas antes que el Principado

Una ciudadana con «un acusado sentido de la ética», tanto como para detectar un delito y hacer todo lo posible para que se investigue. Un inspector jefe «capaz y con experiencia» que la atiende y enseguida intuye el alcance de la denuncia. Una jueza de instrucción que ese día estaba de guardia y que se caracteriza porque «no le tiembla el pulso» en las investigaciones.

Estos son los tres actores que pusieron en marcha el 'caso Renedo' hace ahora un año. El día 3 de febrero de 2010 una gijonesa entró en la comisaría que la Policía Nacional tiene en el barrio del Natahoyo. Lo hacía con las ideas bien claras. Durante las semanas anteriores supo que alguien había suplantado su identidad para gestionar una cuenta corriente en la que guardaba casi 100.000 euros. Al enterarse del asunto, la ciudadana exigió explicaciones a la entidad bancaria, un extracto con todos los movimientos, cualquier dato útil.

Con la información acopiada, se personó en el centro policial y fue directamente ante el Grupo de Delincuencia Económica, el equipo más preparado para calibrar los hechos que iba a exponer. Habló con el inspector jefe y le trasladó toda la información de que disponía. En aquella primera denuncia dejó una relación de nombres de personas a las que acusaba de cometer delitos. Uno era el de Marta Renedo Avilés, funcionaria de la Consejería de Administraciones Públicas. También acusaba a otras personas cuyo nombre no ha trascendido todavía.

Los agentes dieron traslado de los hechos denunciados ante el juzgado de instrucción que entonces estaba de guardia, el número 4, cuya titular es Ana López Pandiella. Enseguida, ordenó las diligencias oportunas y dictó un secreto de sumario que desde entonces está renovando cada mes.

La ciudadana en el origen del 'caso Renedo' pudo haberse contentado con dejar la denuncia puesta. Sin embargo, dio un paso más. Al saber de la instrucción, dio orden a su abogada para personarse como acusación particular. Quería asegurarse de que la investigación llegaba hasta el final del asunto.

La fecha de esta primera denuncia, el 3 de febrero, permite analizar en perspectiva la actuación del Principado. La consejera Ana Rosa Migoya no firmó la resolución destituyendo a Renedo Avilés hasta dos semanas después, el 17 de febrero. Al día siguiente cierra un expediente disciplinario ordenando la suspensión provisional de funciones de la trabajadora. En ese momento traslada a la Fiscalía Superior de Asturias el informe acusando a la exjefa de servicio de haberse autoadjudicado 630.000 euros en una empresa de su propiedad. El fiscal Gerardo Herrero procedió a incoar diligencias, pero el 26 de febrero frenó en seco. Tras recibir un requerimiento de la jueza López Pandiella, se percata de que ya hay una investigación en marcha y traslada el asunto al Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón.

La consejera Ana Rosa Migoya repite que su actuación fue «inmediata» y «contundente» en cuanto descubrieron la irregularidad. Eso y que desconocía completamente que su jefa de servicio llevara dos semanas bajo investigación policial. «Nos enteramos de ello a través de la fiscalía», acostumbra a responder.