Prisión provisional para María Jesús Otero y la funcionaria Marta Renedo

La magistrada del juzgado de Instrucción número 4 de Gijón, Ana López Pandiella, ordenó ayer el ingreso en prisión, comunicada y sin fianza, de María Jesús Otero Rebollada, exdirectora de Planificación, Centros e Infraestructuras de la Consejería de Educación y Ciencia, y de Marta Renedo Avilés, exjefa del Servicio de Procesos Administrativos de la Consejería de Administraciones Públicas, por su vinculación con la presunta trama de adjudicación irregular de contratos por la que el martes ya fue trasladado a Villabona el exconsejero de Educación y Ciencia José Luis Iglesias Riopedre. En concreto la jueza imputa a la primera los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones legales y negociaciones prohibidas para funcionarios. La funcionaria ingresa con cargos de malversación de caudales públicos, cohecho, fraudes y exacciones legales, así como otros delitos en concurso medial como falsificación de documento público y falsificación de documento mercantil. Ambas imputadas fueron trasladadas ayer al centro penitenciario de Villabona.

El juzgado no emitió la orden de ingreso en prisión hasta poco antes de las once de la noche, y de hecho se vio obligado a aplazar para hoy las declaraciones del administrador único de Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez, y del presidente de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz Menéndez, a los que se les imputan sendos delitos de cohecho y de tráfico de influencia. Ambos pasaron en Comisaría su tercera noche. Hoy al mediodía se cumplen 72 horas desde su detención, por lo que se prevé que sean trasladados a Poniente en torno a las diez de la mañana.

La de ayer fue una jornada maratoniana en los juzgados de Poniente. Los primeros movimientos se registraron en torno a las 12.35 horas, con la llegada de un coche, un Megane Classic gris, que transportaba en sus asientos traseros varias cajas de cartón con precinto de la Dirección General de Policía y que contenían supuestamente parte del material incautado por los investigadores en los registros realizados en las sedes de las empresas Igrafo y Almacenes Pumarín, supuestas beneficiarias de las adjudicaciones irregulares de la consejería. A continuación, en un lapso de treinta minutos, empezaron a llegar los acusados, que tras pasar dos noches en los calabozos de la Comisaría de Gijón fueron trasladados hasta el edificio judicial en furgonetas con los cristales tintados. El procedimiento fue diferente al seguido la víspera con el exconsejero Riopedre, que llegó en un turismo sin ningún distintivo policial. Los imputados llegaron en diferentes viajes para asegurar su aislamiento y evitar que pudieran intercambiarse información sobre el caso.

«Llevaba un año esperando»

Poco después de las 13.15 horas, tras un encuentro de los abogados con sus respectivos representados, comenzó la comparecencia de Marta Renedo, la funcionaria del Principado en torno a la cual comenzaron las indagaciones de la jueza de Instrucción que han llevado a descubrir la presunta trama de adjudicaciones irregulares. Su abogado, Luis Tuero, aseguró que la imputada «estaba tranquila y serena», estado que relacionó con el hecho de que «llevaba esperando este momento un año». Y es que fue precisamente hace casi doce meses, en febrero de 2010, cuando Renedo fue cesada de su cargo en la Consejería de Administraciones Públicas argumentando que presuntamente había falsificado la firma de su superior, José Alberto Pérez Cueto, para adjudicar contratos de cuantía inferior a 18.000 euros a la firma Implans Mounts S. L. El Principado calculó en 663.000 euros el dinero alzado.

Pese a lo señalado por la defensa, EL COMERCIO pudo saber que la declaración de Marta Renedo fue «caótica, contradictoria e incluso en algunos casos violenta». Su comparecencia ante la jueza, «bastante amplia», se prolongó más de tres horas, hasta las 16.45 horas, momento en el que la magistrada dio por terminado el interrogatorio. A lo largo de la declaración se pusieron varias escuchas telefónicas realizadas durante la investigación. Varias de ellas sirvieron para echar atrás algunas de las respuestas que la funcionaria había ido dando a los diferentes abogados. Entre los asuntos que se le plantearon, hubo algunos relacionados con pagos directos con dinero. Luis Tuero aseguró que su defendida «colaboró en todo lo que sabía».

Receso entre declaraciones

Tras un receso de hora y cuarto, a las seis de la tarde se retomó la sesión, en esta ocasión con la declaración de la exdirectora de Planificación, Centros e Infraestructuras, María Jesús Otero Rebollada, una cara habitual en el organigrama de la Consejería de Educación y Ciencia durante los últimos gobiernos socialistas y considerada la número dos de José Luis Iglesias Riopedre. Otero Rebollada se jubiló de forma voluntaria en agosto de 2010, coincidiendo con la renuncia del exconsejero a su cargo «por motivos de salud».

Nuevamente se reprodujeron diferentes escuchas sobre las cuales se preguntó a la exdirectora, que compareció con aspecto «cansado» pero «se mantuvo firme» durante toda su comparecencia, que se prolongó más de dos horas. En una de las grabaciones se hacía referencia a las inundaciones de Arriondas y en ella se escucha supuestamente a Otero decir que «hay que hacer un trámite de urgencia y recurrir a la compra de material homologado». Los letrados y la propia imputada explicaron en este punto que este procedimiento era perfectamente regular, ya que se encontraba dentro de las excepciones recogidas en la ley sobre adjudicación de contratos.

En otra de las escuchas la exdirectora hablaba sobre la necesidad de adjudicar a una empresa de calefacción geotérmica un determinado contrato de forma directa, ya que era la única capaz de hacer frente a esa necesidad. A María Jesús Otero también se le enseñaron varios extractos bancarios personales, de hace muchos años, que la imputada supo justificar en su totalidad. Entre las preguntas que se realizaron a ambas imputadas, hubo nuevamente una en referencia a un posible trato de favor a la empresa de estudios geotécnicos Geogal, con sede en Santiago de Compostela y propiedad del hijo del exconsejero José Luis Iglesias Riopedre.

Tras conocer la decisión de la juez de instrucción de enviar a prisión a su defendida, el abogado de la funcionaria Marta Renedo, Luis Tuero, comunicó a la prensa su intención de recurrir el auto, al considerar ilógico que se hable de riesgo de fuga después de que lleve once meses en libertad tras destaparse sus irregularidades en la Consejería de Administraciones Públicas. Recordó que desde que fue destituida de su cargo mantiene el mismo domicilio y no ha existido ningún ánimo aparente de destruir pruebas ni de fugarse. Lamentó además que «se actúe sin concreción jurídica», a consecuencia del secreto de sumario.

Por su parte, el abogado de María Jesús Otero, Ángel Bernal, consideró que los hechos atribuidos a su defendida «pueden ser irregularidades, pero no delitos que obliguen a su ingreso en prisión». Varios allegados de la exdirectora de Planificación, Centros e Infraestructuras, estuvieron presentes en la salida del furgón policial rumbo a Villabona y mostraron su preocupación por la situación de la septuagenaria.