Iglesias Riopedre, en prisión por cinco delitos

El exconsejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre, cumple desde ayer por la tarde prisión provisional en el centro penitenciario de Villabona, acusado de cinco delitos relacionados con la presunta adjudicación irregular de contratos a dos empresas de mobiliario y material de oficinas. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón, Ana López Pandiella, adoptó esta medida a instancias de la fiscal Ángeles Luis, que consideró que su puesta en libertad podría entrañar riesgo de fuga y la posible ocultación de pruebas. Riopedre está imputado por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones legales y negociaciones prohibidas para funcionarios.

Hoy está previsto que presten declaración las otras cuatro personas que fueron detenidas el lunes: la exdirectora de Planificación, Centros e Infraestructuras de la Consejería de Educación, María Jesús Otero; la exjefa del Servicio de Procesos Administrativos de la Consejería de Administraciones Públicas, Marta Renedo; el administrador único de Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez, y el presidente de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz Menéndez. Todos ellos permanecen desde su detención en los calabozos de la Comisaría de Gijón.

Gran expectación

En los juzgados de Poniente se vivió ayer una mañana de gran expectación mediática, a la espera de la llegada del exconsejero, quien ya durmió la noche del lunes en dependencias policiales. Dos horas antes de que lo hiciera, llegó el furgón utilizado en la víspera por la Policía Judicial para incautarse de material informático, teléfonos móviles y documentos de las dos empresas investigadas. Hubo que esperar hasta las dos de la tarde para que Riopedre apareciera por los juzgados. Lo hizo precedido por un grupo de policías que formó un cordón de seguridad para facilitar la entrada de su vehículo a la rampa de acceso a los calabozos judiciales.

El consejero llegó en un turismo carente de distintivos policiales y que accedió a toda velocidad a la zona restringida de detenidos. Iba sentado en el hueco central de la parte trasera, con sus piernas tapadas por una manta y flanqueado por otras dos personas que le ocultaban de las miradas curiosas.

Fuentes jurídicas señalaron que Riopedre, aconsejado por sus representantes legales, no realizó ninguna declaración, al igual que tampoco lo hizo en su momento en la Comisaría. Se justificó esta negativa en el desconocimiento de los hechos por los que fue llevado ante la juez, ya que si bien eran conocidos los delitos que se le imputaban -prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones legales y negociaciones prohibidas para funcionarios- no lo son las pruebas ni detalles de la operación. Al tratarse de un caso que se encuentra aún bajo secreto de sumario, sólo la instructora, la Fiscalía y la Policía tienen acceso a esta información. Pese a no declarar, Riopedre pasó cerca de dos horas en los juzgados de Poniente.

Gritos de «corruptos»

Atendiendo a la petición del Ministerio Fiscal, que junto a la gravedad de los hechos que se le imputan apuntó que su puesta en libertad podía suponer un riesgo de fuga así como la posible ocultación de pruebas, la magistrada Ana López dictó para el exconsejero una orden de prisión provisional, comunicada y sin fianza. A las cinco de la tarde llegó hasta las dependencias judiciales un furgón de la Guardia Civil que abandonó los calabozos diez minutos después ya con Riopedre a bordo, rumbo a Villabona.

La salida del vehículo policial fue seguida con curiosidad por algunos transeúntes, que llegaron a gritar a su paso palabras como «ladrones» o «corruptos». «Esto parece lo de la Pantoja», comentaba una mujer al encontrarse con el importante despliegue de medios a las puertas del juzgado. «La Pantoja no, pero otros ladrones como ellos», le respondía otra.

La estancia cautelar de Riopedre en Villabona podría prolongarse hasta el final de las investigaciones, ya que según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) «las diligencias policiales no han concluido en su totalidad». No se descartan nuevas detenciones.

La presunta corrupción fue descubierta tras una investigación interna del propio Gobierno del Principado. La funcionaria Marta Renedo adjudicó presuntamente de forma irregular una cantidad no determinada de contratos inferiores a 18.000 euros, que por ley no necesitan un concurso público previo. La Fiscalía baraja un posible cobro de comisiones a cambio de la contratación de suministros para administraciones públicas.

Cabe recordar que José Luis Iglesias Riopedre fue el único miembro del Gobierno regional que en marzo de 2010 rehusó revelar en una declaración de bienes la posesión de cuentas bancarias y la cantidad de dinero que posee.