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DAVID REMARTÍNEZ
Martes, 25 de enero 2011, 11:42
La Policía Judicial detuvo ayer al ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, a su número dos, María Jesús Otero, ex directora general de Planificación, Centros e Infraestructuras de dicha consejería, y a la ex jefa del Servicio de Procesos Administrativos de la Consejería de Administraciones Públicas, M. R. A., en una operación por presuntas adjudicaciones irregulares en la Administración. También fueron arrestados los responsables de las empresas Igrafo Comercial Asturiana de Papelería, en Oviedo, y Almacenes Pumarín, de Gijón. Ambas firmas ofrecen suministros de materiales y mobiliario para oficinas y negocios de todo tipo, y cuentan entre sus clientes habituales a las administraciones públicas, caso del Gobierno regional y los ayuntamientos de sus respectivas ciudades.
Las detenciones están relacionadas con esas presuntas adjudicaciones irregulares de contratos públicos, sobre las que precisamente hoy prestará declaración Iglesias Riopedre en el Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón. El ex consejero dimitió del cargo el pasado mes de agosto «por problemas de salud», pues padece diabetes. El abandono fue paralelo al de Otero, su número 2 en el departamento, que se jubiló. La ex directora general prestó ayer declaración en la Jefatura de la Policía Nacional de Oviedo hasta altas horas de la noche.
La intervención policial incluyó además el registro de las instalaciones de los dos negocios citados, situados en la calle Fuertes Acevedo de Oviedo, y en el polígono gijonés de Roces (Igrafo posee además un local en el polígono industrial de Asipo).
Los agentes se incautaron de material informático, teléfonos móviles y dinero de las cajas fuertes, entre otras posibles pruebas de delitos, según confirmaron fuentes consultadas por este diario. En ambos casos, el registro se produjo desde primera hora de la mañana y hasta ya entrada la tarde. En Gijón, una jueza estuvo presente durante el proceso. «Nos tuvieron retenidos, no pudimos hacer nada en todo el día», declaró un empleado de Almacenes Pumarín, cuyos correos electrónicos fueron igualmente revisados por la Policía. En Oviedo, V. M. M., uno de los máximos responsables de la empresa, estuvo presente durante toda la operación, como relataron varios vecinos.
La intervención fue consecuencia de la investigación judicial abierta el año pasado tras la destitución de la ex jefa del Servicio de Procesos Administrativos, publicaba en el BOPA el 23 de febrero.
M. R. A. trabajaba para la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, dependiente de la consejería que dirige Ana Rosa Migoya. Desde dicho departamento, responsable de la compra de productos informáticos, presuntamente adjudicó de forma irregular una cantidad (indeterminada todavía) de contratos inferiores a 18.000 euros, que no necesitan por ley un concurso público previo. Según las sospechas iniciales, la detenida habría amañado las adjudicaciones ayudada de una empresa propia constituida en 2008.
Nuevas detenciones
La presunta corrupción fue descubierta tras una investigación interna del propio Gobierno regional, que motivó a su vez otra de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, cuyo siguiente paso pudo verse ayer. La funcionaria implicada ocupó distintos puestos en el Ejecutivo autonómico desde 1999, algunos de ellos cargos de confianza. Así, hasta 2004 trabajó como jefa del Servicio de Prestaciones de la Consejería de Sanidad, y desde ese año y hasta agosto de 2007, fue responsable de Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y Museos de la Dirección General de Cultura, cuya consejería también dirigía entonces Ana Rosa Migoya.
Las fuentes consultadas por este diario apuntaron que la Fiscalía, entre otras hipótesis, baraja un posible cobro de comisiones a cambio de la contratación de suministros para administraciones públicas. La investigación permanece abierta y la Policía Judicial no descarta que se produzcan nuevas detenciones.
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