El Vasco se pasará otro año sin grúas

El pasado 3 de noviembre se cumplieron 20 años del derribo de la estación de ferrocarril de El Vasco. Con Antonio Masip como alcalde, las máquinas entraron en 1989 y echaron abajo el edificio modernista, la estación y la pasarela de madera que volaba sobre los andenes. Pocos años después, un aparcamiento, un centro de estudios y un bloque de viviendas ocuparon el solar de la estación. Al otro lado de la calle Gascona, la playa de vías desapareció con la operación de Cinturón Verde y el solar se convirtió en un aparcamiento improvisado y muy popular para el que hubo varias ideas -otro estacionamiento y un museo para la colección Masaveu- que no llegaron a cuajar.

Once años después del derribo, el Ayuntamiento incluyó la parcela en la operación de los palacios. En Buenavista se haría un Palacio de Congresos y, en El Vasco, uno de las Artes, ambos con proyecto de Santiago Calatrava. El primero está sin terminar y anuncia nuevos retrasos, al segundo, el Ayuntamiento renunció al vender, por 6 millones de euros, su parte a la empresa. Después de tres proyectos que no pasaron de infografías. Luego, las grúas se pararon en 2006. Tampoco cuajaron las tres torres de 142 metros para las que pidió permiso la empresa y el solar quedó con las tripas del aparcamiento oxidándose.

Hasta el año pasado. En enero, Paloma Sainz, hizo su versión del 'i have a dream'. Soñó que el solar podría servir para construir un Palacio de Justicia que agrupase los órganos dispersos por toda la ciudad. Esa misma tarde, el Principado aplaudía la idea y a la mañana siguiente ya había cifras del empleo que se iba a crear, una foto con los dueños de los terrenos en la propia parcela y un primer avance del coste de la operación: «Menos de 200 millones de euros», dijo Sainz. Así, a ojo. En teoría, no había ni proyecto, ni acuerdo y casi acierta.

Pasar de las ideas a los hechos fue más difícil. El Principado pasó meses hablando de «acuerdo de intenciones», «protocolo de futuros» y otras ambigüedades. En junio, lo puso por escrito: Jovellanos XXI construiría el edificio y lo equiparía y el Principado lo alquilaría por 190 millones de euros. Los retrasos en dar forma al acuerdo, como publicó este diario, estuvieron motivados en parte por las fuertes reticencias de los funcionarios del Principado al modelo de contrato.

Liberalismo y comunismo

Con el acuerdo por escrito, IU-BA, que también se sienta en el Consejo de Gobierno, anunció que recurriría. ASCIZ, desde el Ayuntamiento, hizo lo propio. Los dos partidos de izquierdas se pusieron el liberalismo por montera y llevaron a la Comisión Europea el pacto con la empresa de Pepe Cosmen y Alberto Lago, al entender que vulneraba los principios de la «libre competencia».

El Gobierno, la parte socialista, defendió que no había ningún problema, que se trataba, en realidad, de «un acuerdo para suscribir un convenio para una serie de compromisos de actuación futura» y recabó, y obtuvo, el aplauso de jueces y Fiscalía. Mientras, IU denunciaba el sobrecoste de la operación, después de que este diario tuviese acceso al proyecto del edificio cuya construcción se estimaba en sólo 90 millones de euros.

En el arranque del año judicial, el presidente Areces anunció que las obras comenzarían en diciembre. No lo hicieron y el Principado achacó los retrasos a los «problemas de financiación» de la empresa. La lluvia de mensajes contradictorios y medias verdades se despejó esta semana. «La empresa, Jovellanos XXI, acaba de comunicarnos que ha fallado la financiación, y el Gobierno ha decidido rescindir el acuerdo de arrendamiento», anunció su portavoz, Ana Rosa Migoya. Para desmentirlo sin hacer un feo al 'cliente', la empresa pidió licencia para 83 viviendas en el mismo solar y financió el Palacio de Congresos este mismo mes.

IU celebró que con su denuncia había ahorrado a los asturianos el despilfarro de 100 millones de euros. Ahora el Principado busca otras fórmulas para los mismos. La primera podría ser comprar el solar a la empresa y luego licitar las obras, un trámite que retrasaría otro medio año el inicio de los trabajos como mínimo y, tal vez, el doble. El arrendamiento a 30 años previsto en la fórmula anulada permitía pagar los 190 millones de euros a plazos, con la caída de ingresos y las restricciones al déficit, el Principado deberá buscar recursos. Si se mantiene el proyecto de Jovellanos XXI, al menos, 90 millones de euros y lo que pague por el solar.