Mina Linares: carbón negro y prejubilaciones sin trabajar

La trama empresarial que desde el año 2007, supuestamente, adulteró con carbón importado el mineral de la explotación lenense Carbones de Linares, para poder cobrar las subvenciones a la producción nacional, contó con el apoyo de un grupo de trabajadores de la explotación. Según la investigación de la Policía Nacional de Mieres ese grupo de operarios, pese a formar parte de la plantilla de la mina, jamás la pisaba y llegó presuntamente a autoliquidarse sus seguros sociales en connivencia con el responsable de la compañía, Juan José Cachero. El objetivo era poder aprovecharse en un futuro de las prejubilaciones.

La trama económica giraba en torno a otras dos empresas dedicadas, respectivamente, al transporte y a la manipulación del mineral importado. Dichas compañías obtuvieron beneficios muy elevados, en torno al millón de euros anuales, que ninguna de las dos declaró a la Hacienda Pública. Según la investigación policial denominada 'Bola negra', este entramado empresarial promovió en 2007, 2008 y 2009 la importación de más de 8.000 toneladas de carbón cada año, lo que permitió a Carbones de Linares beneficiarse de las subvenciones a la producción de carbón nacional de manera fraudulenta. Y es que la compañía, según la investigación, tan sólo extraía el 50% de la cantidad de carbón que tenía autorizada, 20.000 toneladas al año. La compañía ha percibido 8.700.000 euros (valor acumulado desde 2003) en subvenciones Miner, a razón de 715.000 euros cada año, cobrados mes a mes. En concreto, en 2009, la cuantía ascendió a 715.580 euros, según información facilitada ayer por el Ministerio de Industria. La escasa actividad de la mina era mantenida por doce operarios que acudían a diario a la explotación. No obstante, eran 18, además de cuatro subcontratados, los que figuraban inscritos en la Seguridad Social. Para llevar a cabo las labores propias de la mina empleaban dos mulas.

Penas de cárcel

Hasta el momento han sido detenidas tres personas, entre ellas el propietario de la explotación, Juan José Cachero, que ayer pasó a disposición judicial y fue puesto en libertad con cargos. Se les imputan dos delitos. El primero, contra la Hacienda Pública, por no haber declarado parte de las subvenciones recibidas. El artículo 305 de Código Penal castiga los beneficios fiscales obtenidos indebidamente y que superen los 120.000 euros con pena de prisión de uno a cuatro años y una multa que, en base a la cuantía que según la Policía habría sido defraudada, podría oscilar entre 8,7 millones y 52,2 millones. La segunda imputación es por falsificación de documento mercantil, por expedir nóminas y certificados de haberes por contratos de trabajo simulados. El artículo 392 del Código Penal castiga este delito con penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses. La Policía de Mieres ya ha informado a la Autoridad Laboral y a la Agencia Tributaria.