El Senado aprueba la Reforma de la Ley del aborto entre protestas

El Senado aprobó ayer la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y lo hizo entre protestas y críticas. En las gradas una activista de Femen se desnudaba para mostrar su mensaje: «Yo decido»,. Mientras, fuera de la cámara, diferentes sociedades científicas de Salud Pública, Contracepción y Planificación Familiar solicitaban también la paralización de la reforma, avisando que «llevará a algunas mujeres a abortos clandestinos, desamparo e inseguridad legal».

Por otro lado, las asociaciones de mujeres lamentaban también la aprobación y, a la vez, avanzaban que pedirán la rectificación inmediata de la nueva ley de cara a las elecciones generales de diciembre.

En una declaración remitida a los grupos parlamentarios en la Cámara Alta que debatían la reforma, aseguraban, al igual que los expertos en sanidad, que ésta puede generar «un problema de salud pública», ya que pone en riesgo a un «colectivo social pequeño pero muy vulnerable», que son aquellas jóvenes con riesgo de sufrir malos tratos o caer en la exclusión social y al que por sus circunstancias se le puede abocar a «abortos clandestinos, desamparo e inseguridad legal».

La reforma impone, recuerdan, el consentimiento paterno a las chicas de 16 y 17 años que acudan a abortar cuando «casi el 90 por ciento de las mujeres menores de edad que han interrumpido su embarazo en España lo hacen informando a sus progenitores y estando acompañadas por ellos». Además, avisan de que la nueva ley puede conculcar la autonomía legal de las menores y «podría suponer una grave discriminación respecto a la consideración de la mayoría de edad sanitaria», fijada en los 16 años.

Por ello, su propuesta, que ahora será una petición de rectificación, pasa por que «se implemente la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva en varios apartados fundamentales, mejorando la formación del profesorado en educación sexual y ofreciendo una mayor provisión a la financiación de los anticonceptivos más seguros y fiables». Además, propone una mejora en el acceso a los dispositivos de salud sexual, salud reproductiva y planificación familiar, especialmente para los grupos más vulnerables de la población como son las personas jóvenes, inmigrantes o con dificultades sociales, entre otros.

Por lo que se refiere al nuevo texto de la ley, que obliga a las menores de edad a contar con el consentimiento de sus padres o tutores para abortar, supondrá, según los expertos en salud pública, también «una discriminación respecto a la consideración de la mayoría de edad sanitaria».

Estas sociedades también piden una mayor provisión en la financiación de los anticonceptivos más seguros y fiables.