Los obispos defienden el secreto de confesión hasta en caso de abuso sexual

La Conferencia Episcopal Española (CEE) defendió ayer el derecho al secreto de confesión, incluso en el caso de presuntos abusos sexuales, en un momento en que la Iglesia española se ve sacudida por un escándalo de pederastia que conmocionó al papa Francisco. «Pese al deber de denunciar los delitos de los que se tenga conocimiento, no existe encubrimiento ni infracción penal alguna al no denunciar un delito del que se ha tenido conocimiento en el ejercicio del secreto de confesión», declaró en rueda de prensa el secretario general y portavoz de la CEE, José María Gil Tamayo. Y precisó que este principio concierne también a los ataques «a la integridad sexual».«Este principio del derecho se reconoce a todas las religiones y confesiones en el Estado español», agregó, subrayando sin embargo que «no hay absolutamente lugar en el ministerio para los que abusan de menores».

Gil Tamayo recordó que España sigue en este punto las directivas de la Santa Sede y citó al papa Francisco, quien desde su elección en marzo de 2013 aboga por la tolerancia cero contra la pederastia, incluso en el seno de la Iglesia, una lacra que podría haber causado decenas de miles de víctimas. Subrayó, eso sí, que si es fuera de la confesión «sí se mantiene la obligación de declarar». En el protocolo que siguen se contemplan también otros dos supuestos, el caso en que una persona denuncie agresión o abusos sexuales ante la diócesis y el caso en que el denunciante acuda directamente a la Policía. En ambos supuestos, según ha apuntado Gil Tamayo, la Iglesia acompaña a las víctimas pero tampoco olvida el derecho de presunción de inocencia del acusado.

Concretamente, en el supuesto de que la víctima acuda a la diócesis a denunciar una agresión, el protocolo establece que se entrevistará al sacerdote denunciado para cerciorarse de la veracidad de la denuncia, se contactará con un abogado y si hay indicios del hecho delictivo se invitará a la víctima a denunciar a la Policía, mientras que si existen dudas de la veracidad de los hechos o se sospecha que se fundan en rumores, se procederá con máxima cautela. Por otro lado, si la persona acude directamente a la Policía, la Iglesia debe colaborar con las autoridades y en caso de que el sacerdote acusado reconozca los hechos, se tomarán medidas cautelares de apartamiento, se asegurará su defensa jurídica y si queda en libertad provisional, se determinará su lugar de acogida.

De todas formas, 'tolerancia cero' y 'acompañamiento y solidaridad con las víctimas' fueron las palabras repetidas por el portavoz del episcopado cuando se le preguntó por los casos de pederastia en el clero, pero también reivindicó la «presunción de inocencia» para los sacerdotes y religiosos acusados de abusos sexuales. Contrariado por las insistentes preguntas, Gil Tamayo subrayó la injusticia que supone extender maledicencias y calumnias sobre 19.000 sacerdotes y 46.000 religiosos que existen en España. «Si hubiera una huelga de brazos caídos, los pobres serían los que más se resentirían».

El ático de Rouco

Gil Tamayo dijo no disponer de los datos sobre la reforma del ático al que se ha retirado el cardenal Antonio María Rouco, que tiene 370 metros cuadrados y cuya reforma ha costado al arzobispado de Madrid medio millón de euros. Sin embargo, el portavoz dio su pleno apoyo a Rouco cuando dijo que la Iglesia posee la «obligación de sostener a los obispos eméritos» (el exarzobispo ha sido sustituido por Carlos Osoro al cumplir sobradamente la edad de jubilación) y tiene contraído con el cardenal gallego un «deber de gratitud». Además, demandó «mayor distancia» para juzgar el pontificado de Rouco» en aras de «reconocer su figura». Con respecto al documento que prepara la jerarquía eclesiástica sobre la pobreza, Tamayo aseguró que los obispos no pretenden ser agoreros. «La Iglesia no quiere ser profeta de catástrofes ni dar una visión negativa. Al contrario, quiere participar como constructor de una sociedad más libre y democrática, con una justicia social para todos, desde el compromiso que lleva consigo la fe y la evangelización».

Por otro lado, explicó, la jerarquía católica piensa que toda ley del aborto «es injusta» y argumenta que la retirada de la reforma auspiciada por el exministro Ruiz Gallardón defendía mejor la protección de la vida del no nacido que la norma actual.