Villa alega una «enfermedad mental sobrevenida» y pide la suspensión del juicio

El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial comunicará hoy si acepta la petición del principal acusado del conocido como 'caso Villa' y suspende el juicio o si, por contra, siguiendo el criterio de la Fiscalía de Asturias y de la acusación particular considera improcedente esta solicitud y se da continuidad al proceso. En este caso, Boto también ha solicitado que su cliente no sea interrogado hoy, como está previsto, sino en la última sesión del juicio, al entender que, debido a su déficit de memoria, estará en mejores condiciones de defenderse una vez que escuche las declaraciones de los diferentes testigos.

La decisión sobre la suspensión del juicio, no obstante, no afectaría al segundo investigado, Pedro Castillejo, quien fuera máximo responsable del Infide, también acusado de un delito de apropiación indebida continuado y al que el sindicato minero le reclama otros 119.434 euros. Eso sí, la sala podría modificar el calendario establecido para este proceso e, incluso, realizar un nuevo señalamiento.

Para dirimir la petición de suspensión del juicio contra Villa por enfermedad mental sobrevenida, el tribunal escuchó ayer el testimonio de las tres médicas forenses que participaron en las tres exploraciones realizadas al exsindicalista por parte del Instituto de Medicina Legal de Asturias desde que comenzó el proceso, así como de los peritos médicos propuestos por las partes. Las declaraciones de los cinco facultativos fueron a puerta cerrada, a propuesta de la defensa, para proteger la intimidad del exsindicalista, puesto que se abordaron cuestiones relacionadas con su salud.

La primera prueba forense, en la que participaron Elsita Fernández y Rosario Morant, tuvo lugar en enero de 2016 en el domicilio que el acusado tiene en el barrio de La Florida y, en aquel momento, las facultativas resolvieron que no se encontraba en condiciones de acudir a declarar. Las otras dos exploraciones forenses, llevadas a cabo en sede judicial por María Antonia Martínez y Rosario Morant el pasado mes de marzo y esta misma semana, también sirvieron para constatar que Villa sufre un deterioro cognitivo ligero-moderado, con déficit de memoria reciente y lentitud en la fluidez del lenguaje. Sin embargo, resolvieron esta vez que el histórico dirigente sí estaba en condiciones de enfrentarse a un juicio siempre y cuando se le hicieran preguntas cortas y concretas. Ayer justificaron en sala judicial los motivos que llevaron a este organismo a cambiar de criterio con respecto al primer informe.

El tribunal escuchó también la opinión de los dos peritos médicos, Alfredo Robles Bayón y Bernardino Menes, propuestos por la acusación y la defensa de Villa, respectivamente. El primero de ellos, un reconocido experto en demencias, defendió en la sala el resultado de la prueba neurológica que realizó en noviembre de 2016 al exsindicalista en su propio domicilio, a instancias de la acusación y en el marco de la instrucción, que concluyó que estaba en condiciones de declarar y de someterse a un juicio con todas las garantías, ya que buena parte de sus trastornos los exageraba. Por contra, Bernardino Menes mantuvo en base a un informe médico presentado por la defensa de Villa que el acusado no está en condiciones de comprender con coherencia las cuestiones que puedan plantear las partes y por lo tanto no puede enfrentarse a este proceso, tal y como manifestó a la salida de la sede judicial a preguntas de los medios de comunicación.

También a las puertas del juzgado, el abogado del SOMA, Miguel García Vigil, del bufete Ontier, aseguró que las declaraciones de los tres forenses y de los dos peritos habían sido «bastante ilustrativas porque han comentado entre ellos las discrepancias en sus informes y las semejanzas, que son muchas», contestó.

La defensa de Villa también solicitó a la sala que preside María Luisa Barrio Bernardo-Rúa la prescripción de buena parte de los hechos delictivos recogidos en la querella interpuesta en septiembre de 2015 por parte del SOMA, y su posterior ampliación. Se refirió Ana García Boto a los cerca de 250.000 euros que Villa cobró a través de cheques por dietas del comité intercentros de Hunosa entre 1989 y 2001, y a parte del dinero que habría gastado con cargo a diversas tarjetas de crédito u otros fondos del SOMA sin justificar. La prescripción de estos hechos imputados fue en fase de instrucción rechazada por la magistrada Simonet Quelle Coto, si bien la Audiencia Provincial aún no se ha manifestado al respecto y es probable que lo haga también hoy. Hay otra serie de cuestiones señaladas ayer por la abogada del principal acusado, como la nulidad de la prueba médica realizada por el neurólogo Alfredo Robles Bayón o la vulneración del derecho a un juicio justo que, en su momento, fueron rechazadas tanto por el Juzgado de Instrucción como por la Audiencia Provincial en segunda instancia, aunque Boto volvió a referirse a ellas por lo que la sala deberá volver a posicionarse al respecto.

Tanto la Fiscalía de Asturias como la acusación particular ven improcedentes una a una las consideraciones formuladas por Ana García Boto. «Creemos que Villa está en condiciones de declarar, que todas las cuestiones previas planteadas por la defensa tienen que desestimarse, que debe celebrarse el juicio y, además, nos ratificamos en nuestra petición de condena de seis años», resolvió el letrado Miguel García Vigil a la salida del juzgado. En sede judicial, rechazó también la prescripción de parte de los hechos imputados y, al igual que el fiscal, Enrique Valdés-Solís, argumentó que se trata de un «delito continuado dentro de un plan preconcedido» y que, como tal, el plazo de prescripción no debe comenzar a contar hasta la fecha final de los hechos.

Por su parte, Alfredo García López, abogado de Pedro Castillejo, reclamó la recusación de la testigo-perito María Begoña Abdelkader, que firma uno de los informes en los que se sustenta la querella contra su cliente y, al tiempo, forma parte de la organización sindical. Igualmente, solicitó que la sala coteje la prueba económica presentada por el querellante. Cuestiones ambas que también fueron consideradas improcedentes tanto por Fiscalía como por la acusación.

El juicio se retoma hoy a las 10.30 horas, inicialmente con las declaraciones de los dos imputados, si bien esta cuestión dependerá de la decisión que adopte la sala en relación a la petición de la defensa de Villa.