Fernández Villa, del banquillo de los acusados al HUCA

El ingreso tiene lugar en medio de un proceso judicial contra el exdirigente sindical en el que su delicada salud ha sido una alegación constante por parte de su abogada, la letrada Ana García Boto, para tratar de suspenderlo. De hecho, el primer día del juicio solicitó la suspensión del mismo por enfermedad mental sobrevenida. La sección tercera de la Audiencia Provincial rechazó esta petición tras escuchar a los tres forenses y los dos peritos médicos que le exploraron recientemente.

Villa declaró de forma más o menos coherente el pasado jueves y ayer acudió a la sala en la que era la tercera sesión del juicio para escuchar a los primeros testigos. En un momento concreto del interrogatorio a Juan Cigales, excontable del sindicato, Villa parecía dormido. «¡Esti paisanu durmióse!», exclamó Cigales para asombro de la sala y del propio exdirigente sindical, que en ese momento abrió los ojos, aunque no se inmutó. Hubo un receso.

Así terminó anoche la jornada tras una vista en la que declararon numerosos testigos.

José Ángel Fernández Villa presume de que nadie nunca le había puesto reparos en sus gastos y que durante los más de treinta años que estuvo al frente de la organización sindical que ahora le acusa de apropiación indebida nadie impugnó las cuentas. Y, al menos en eso, ayer le daba la razón quien fuera contable del SOMA-UGT, Juan Cigales. Durante la tercera sesión del juicio contra el ex secretario general del SOMA, el exempleado del sindicato declaró en calidad de testigo que nadie planteó nunca ninguna discrepancia con los gastos de representación al exlíder sindical. Tampoco él. «Cuando empecé a trabajar, Ramiro Valle (entonces secretario de administración del SOMA) me dijo que cuando me trajera una factura tenía que comprobar que estaba bien desde el punto de vista administrativo y pagarla», rememoró. Así que, según su relato ante la sección tercera de la Audiencia Provincial, nunca puso ningún reparo al histórico dirigente. Ni tan siquiera, reconoció a preguntas de Miguel García Vigil, abogado del bufete Ontier que representa a la acusación particular, el SOMA, cuando se encontraba con facturas de lo más variopintas como, por ejemplo, las correspondientes a la compra de ropa de mujer en una boutique. «Yo no decidía si era un gasto justificado o no. Lo que me dijeron era que apuntara y chitón».

El ex secretario general del SOMA, José Ángel Fernández Villa, a quien el sindicato minero le reclama ahora más de 430.000 euros, atribuye precisamente a Cigales, junto a otros de sus excolaboradores -como son Aquilino Ronderos (exsecretario de Organización del SOMA-Fitag-UGT) y Amalio Fernández (exsecretario de la junta de Administración del SOMA)- la responsabilidad en cualquiera de las posibles irregularidades que pudieran detectarse en la contabilidad. Cigales no está dispuesto a pagar ese peaje y declaró de forma insistente que él era un mero contable «sin capacidad de decisión» y, por lo tanto, sin atribuciones para cuestionar ningún tipo de gasto.

Negó también que en algún momento falsificara la firma de Villa, como éste aseguró durante su interrogatorio. Explicó que el exlíder sindical le llevaba «sobres o bolsas» llenas de facturas y tiquets de todo tipo que él ordenaba por bloques y recogía en hojas de gastos, para que luego se las firmara. «Siempre estaba reunido y unas veces firmaba más grande y otras más pequeño, pero la firma era de él», aclaró. Luego, «le metía el dinero correspondiente en un sobre y se lo entregaba en mano».

También reconoció que en alguna ocasión había preguntado en la organización cuál era el concepto por el que periódicamente el SOMA-UGT, sin actividad sindical, recibía mediante transferencia bancaria ingresos por parte de Hunosa. Unos pagos que la investigación del 'caso Villa' atribuye a las dietas por la asistencia al comité intercentros, que deberían haberse abonado en las cuentas del SOMA-Fitag-UGT. «Fíjate que ese dinero entre y calla», dice que le pidió nuevamente Ramiro Valle.

Una vez aclaradas estas cuestiones, no obstante, Cigales mostró una actitud bastante condescendiente con el exsindicalista. Aseguró que «trabajaba todos los días del año» y, prácticamente, justificó el gasto que hacía en flores, puros y libros. «Se reunía con gente de alto nivel del Estado y le gustaba llevar regalos. Revilla llevaba anchoas y él puros», comparó. Relató también con cierta naturalidad que se hubiera decidido que, para conseguir un beneficio fiscal, Villa comprase un coche y que el sindicato le fuera pagando la letra del mismo mes a mes. Igual que el acuerdo verbal adoptado por la junta de que, una vez sufragado el coste del automóvil, continuaran haciéndosele las transferencias de cerca de 800 euros mensuales para compensar la reducción de ingresos del exlíder sindical al haber cesado como senador.

Mucho más crítico se mostró con el segundo investigado, Pedro Castillejo, ex secretario general del Infide, una fundación dependiente del SOMA y de cuya contabilidad también se ocupaba él. Pero de nada más. Afirmó que, igual que en el SOMA, no tenía «ninguna responsabilidad política ni decisoria» por lo que también en este organismo era un «apuntador». No obstante, quiso anotar que Castillejo ni tan siquiera traía el justificante de muchos de sus gastos y especialmente del dinero «que extrajo mil veces del cajero con una tarjeta de débito del Infide». Sin justificante, Cigales recogía el gasto como una deuda. Reconoce que nunca le trasladó esta situación al Patronato, pero sí al propio Castillejo, que le aseguró que «no me preocupara, que eso se podía justificar». El contable relató también que se celebró una reunión en la que participó Castillejo, José Luis Fernández Roces, actual secretario de organización del SOMA y él mismo para abordar esta cuestión. «Castillejo propuso que yo firmara un documento en el que dijera que había extraviado sus facturas, para justificar así el dinero que debía. Roces no le mató de milagro», rememoró.

También declararon ayer la exsecretaria de Villa, Carmen Blanco, y otra empleada de la organización, María Noely Llaneza, quien puntualmente hacía estas funciones. Ambas afirmaron que habían ido a cobrar cheques de Hunosa a nombre de Villa, con su DNI, y que él mantenía que eran sus honorarios como miembro del consejo de administración de la empresa pública. Se trataba de cheques que oscilaban «desde las 180.000 hasta las 300.000 pesetas», indicaron. Sin embargo, según consta en la investigación de la UCO, corresponderían a los que le entregaba Hunosa por asistencia a los comités intercentros y que, por lo tanto, debía haber repartido entre los sindicalistas que participaban en esas reuniones. «Me pedía sigilo», recordó Blanco, quien también negó que hubiera falsificado su firma sin consentimiento y especificó que las veces que lo hizo siempre fue con su beneplácito.