Fernández acepta propuestas clave de Podemos e IU para sacar adelante el presupuesto

En una intervención que superó por poco la hora de duración, el jefe del Ejecutivo hizo reiterados llamamientos al acuerdo sobre la idea central de que Asturias se ha conectado a la recuperación económica y ahora son necesarios pactos para consolidarla. Citó, además del presupuesto, varios ámbitos susceptibles del mayor consenso posible: el área central, la gestión de residuos o el plan demográfico. "Compartamos la tarea de hacer una Asturias mejor", dijo.

Hizo especial hincapié en el capítulo presupuestario y, descartando la hipótesis de un acuerdo con el PP por sus exigencias de rebajas fiscales, emplazó a Podemos e IU al entendimiento sobre la base de las cesiones del Ejecutivo en asuntos como el 0 a 3 o la unidad anticorrupción. Apeló a hacer posible el acuerdo que se ha negado en estos primeros dos años y ofreció la máxima disposición de su gabinete. "Estamos dispuestos a explorar los límites económicos y jurídicos", dijo.

Aunque en el discurso del presidente hubo también omisiones. Nada dijo de las reclamaciones de IU de crear nuevos impuestos ambientales. Y poco, apenas dos párrafos, sobre el asturiano, en pleno debate sobre la oficialidad. Su única referencia al respecto fue su defensa del cumplimiento de su programa electoral en materia de normalización y promoción de la llingua y la negativa a ir más allá para no "adulterarlo o desnaturalizarlo".

A partir de ahí, algunos posicionamientos políticos relevantes y un puñado de anuncios. En el primer ámbito, el rechazo frontal al cierre de las centrales térmicas y, en concreto, de la planta de Iberdrola en Lada. En el segundo, compromisos como una próxima cumbre con Galicia y Castilla y León para abordar una estrategia conjunta ante los incendios.

Fernández se refirió también, y de forma muy amplia, al debate territorial, al hilo del pulso independentista en Cataluña. Lo hizo para respaldar la respuesta del Estado de derecho, a través de la aplicación del artículo 155, con el fin de restaurar la situación de legalidad tras la declaración unilateral de los soberanistas. A partir de ahí, admitió que existe un criterio amplio sobre la necesidad de caminar hacia una reforma de la Constitución que iría anticipada de una revisión del modelo de financiación autonómica.

Sobre ambos procesos evidenció ciertos temores. En el primer caso, el de la reforma constitucional, a la complejidad de tejer un acuerdo que mejore el actual esquema territorial, "se inscriba en la legalidad y supere la incapacidad del Estado autonómico para generar una dinámica de integración". En el segundo, el de la financiación, al peligro de que se avance hacia un nuevo reparto que cuestione el principio de solidaridad y sea pernicioso para Asturias.