El TSJA confía en que el Colegio de Abogados tome medidas contra Ana Boto

Era de esperar. Al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Ignacio Vidau, no le han sentado nada bien las declaraciones de la abogada de José Ángel Fernández Villa, Ana García Boto, en las que acusaba al juzgado número dos de Oviedo (y señalaba directamente a su jueza titular, Simonette Quelle Coto) de filtrar información relativa a la instrucción de la querella del SOMA contra su exsecretario general y Pedro Castillejo, exdirector del Infide. «Fue una actuación bastante desafortunada de la letrada y se puso en conocimiento del Colegio de Abogados, para que tome las medidas pertinentes», informó ayer Vidau.

No fue la única referencia que hizo a la trama supuestamente puesta en marcha por el exlíder minero. Ante la petición de más medios del juzgado instructor del 'caso Hulla' y preguntado sobre la posibilidad de juntar las dos causas abiertas contra Villa en una, el presidente del TSJA se mostró tajante: «Son cosas distintas, una es el enriquecimiento injusto, y otra, el Montepío. No me parece que sea para un único procedimiento».

Por otra parte, atribuyó a las muchas posibilidades de presentar recursos -«que se podrían modificar para que no tuvieran efecto suspensivo»- y a lo «garantista» de la ley la dilación de este tipo de procedimientos, que restan personal y material a los juzgados que se encargan de su instrucción.

Precisamente, en este sentido, el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital, el encargado del 'caso Hulla', remitió ayer una petición urgente a la Dirección General de Justicia del Gobierno regional, solicitando el envío de una impresora con escáner y fax mientras dure el proceso, una prolongación de jornada para tres funcionarios y un nuevo teclado con ratón, dado el carácter «complejo» del procedimiento y la ingente cantidad de documentación a procesar.